Obras opacas en Coyoacán continúan con Gutiérrez

Las actuales autoridades de Coyoacán continúan con el legado de corrupción que ha azotado a la alcaldía y otorgan contratos millonarios a empresas sin registros oficiales para realizar obras públicas en la demarcación

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, repite las mismas prácticas de sus antecesores: adjudica millones de pesos en obras

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, repite las mismas prácticas de sus antecesores: adjudica millones de pesos en obras

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El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, repite las mismas prácticas de sus antecesores: adjudica millones de pesos en obras a empresas irregulares.

Durante el último trimestre de 2021, la demarcación territorial de la Ciudad de México gastó más de un millón de pesos en tres contratos adjudicados a dos empresas que son irregulares, porque no tienen registros ni ante las autoridades locales ni las federales.

Según las leyes mexicanas, estar en regla ante ambos órdenes de gobierno garantiza que el proveedor tenga la capacidad para cumplir con el contrato.

Esta situación se suma a las acusaciones que ha enfrentado Giovani Gutiérrez por corrupción antes de su gestión como gobernante de la demarcación.

Giovani Gutiérrez fue acusado de enriquecimiento ilícito durante la campaña electoral de 2021 e involucrado en las investigaciones federales en contra del exdelegado Mauricio Toledo

Los acuerdos comerciales

Durante los meses de noviembre y octubre de 2021, la alcaldía Coyoacán otorgó tres contratos por un monto de un millón 75 mil 350 pesos a las empresas Proarq Soluciones Integrales S.A. de C.V y Gokasa S.A. de C.V., revela información que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre las adjudicaciones de la demarcación.

El primer acuerdo comercial es el AC-DGOPSU-AD-S-077-2021 otorgado a Proarq para la supervisión a los trabajos de edificación en diversos espacios dentro del perímetro de la alcaldía para las colonias Cafetales, Country Club, CTM V Culhuacán, el Rosedal I, Hermosillo, Imán, Infonavit Culhuacán Zona II.

La fecha en que se concretó el convenio fue el 2 de noviembre de 2021 y el monto que se pagó a la empresa por los trabajos fue de 316 mil 623 pesos.

Después está el convenio ACDGOPSU-AD-S-075-2021, firmado el 29 de octubre pasado para la supervisión a los trabajos de mantenimiento, rehabilitación de banquetas y mejoramiento del entorno del perímetro de la alcaldía para las colonias Villa Coyoacán, Pedregal de Santo Domingo II, así como para la supervisión a los trabajos de mejoramiento de la infraestructura vial en de Chimalistac y de Copilco El Alto. En esta ocasión, lo que se le pagó a Proarq Soluciones Integrales fueron 208 mil 178 pesos.

El tercer contrato es el ACCDMX DGOPSU-AD-S-061-2021 cuyo objeto es el mantenimiento y rehabilitación a la red de tubería hidrosanitaria y diversos trabajos en áreas comunes en las localidades de Haciendas de Coyoacán, Villa Panamericana, Villa Quietud, Villa Pedregal, entre otras.

Este último convenio fue firmado el 2 de noviembre de 2021 y se acordó como pago para Gokasa el monto de 550 mil 549 pesos.

Sin credenciales

Los dos proveedores contratados para supervisar obras y llevar a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento por Coyoacán son posiblemente irregulares porque no están registrados como proveedores a nivel local ni federal.

Ninguno está dado de alta como persona moral con actividades mercantiles ante la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México, revela una revisión al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER).

En consecuencia, los dos contratistas no tienen un folio real, ni están constituidos como empresas legalmente y no pueden participar en procesos de contratación pública, según el Reglamento de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente que indica que los proveedores gubernamentales tienen que acreditar su existencia legal.

“Se deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente”, detalla la normativa.

Además, los dos beneficiados por la alcaldía Coyoacán no aparecen en el Padrón de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de México, requisito obligatorio de la administración capitalina para participar en procesos de contratación con el sector público de la ciudad.

En consecuencia, tampoco se puede conocer si tienen experiencia o si su giro mercantil es la supervisión y realización de obras. Por lo tanto, infringen tanto la ley local como la federal.

Según la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, el estar inscrito en el Padrón de Proveedores de la capital sirve para verificar que las empresas tengan el suficiente capital para cumplir con los contratos, que sean salarialmente responsables y estén al corriente de su pago de impuestos.

El Padrón de Proveedores verifica que las empresas tengan el suficiente capital para cumplir con los contratos, sean salarialmente responsables y estén al corriente de sus impuestos

Gutiérrez y la corrupción en Coyoacán

Durante la campaña electoral local de junio de 2021 para la renovación del Congreso local y los gobiernos de las 16 alcaldías, el entonces candidato para Coyoacán, Giovani Gutiérrez, fue denunciado por su rival, Patricia Urriza, por enriquecimiento ilícito.

Urriza acusó que en el sexenio presidencial de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, una de las empresas papeleras de Gutiérrez obtuvo contratos por más de 3 mil millones de pesos con el Gobierno federal, pese a que se incurría en un presunto conflicto de interés al ser ambos militantes del Partido Acción Nacional.

Además, en agosto de 2021 se hizo público que Gutiérrez estaba involucrado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien estando en el cargo recibió depósitos por más de 354 millones de pesos por parte de una empresa del actual alcalde.

Mauricio Toledo fue delegado de Coyoacán de 2012 a 2015, después asambleísta local y hasta agosto de 2021, legislador federal del Partido del Trabajo (PT). No obstante, fue desaforado por la indagatoria de la FGR y actualmente se encuentra prófugo.

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