Notarios en lista negra
Los mecanismos de vigilancia y sanción para los notarios de Jalisco no están siendo efectivos, en un momento en que continúa la detección de decenas de empresas creadas en el estado bajo forma legales, pero que han sido vinculadas con el financiamiento del crimen organizado.
Luis HerreraEl Instituto de Transparencia ordenó abrir el registro de las quejas de usuarios por irregularidades
Los mecanismos de vigilancia y sanción para los notarios de Jalisco no están siendo efectivos, en un momento en que continúa la detección de decenas de empresas creadas en el estado bajo forma legales, pero que han sido vinculadas con el financiamiento del crimen organizado.
La Secretaría General de Gobierno, a cargo de Roberto López Lara, instancia responsable de supervisar a los notarios, tuvo que transparentar su registro de quejas de usuarios en esta materia por mandato del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, tras un proceso que llevó ocho meses.
En estos archivos se pone al descubierto cuáles son los notarios con la mayor cantidad de quejas de los ciudadanos, información que no está disponible en el portal de la Secretaría para su acceso.
De 2007 a principios de 2015 la Secretaría recibió 227 quejas de ciudadanos afectados por anomalías de notarios de Jalisco, donde se señala a 76 de ellos –de 315 que hay-, aunque el foco de atención está en 11 que concentran el 59 por ciento de las inconformidades.
Los notarios con los peores antecedentes están encabezados por Sergio Alejandro López Rivera, de la Notaría 64 en Guadalajara, con procesos legales de la Fiscalía General en su contra por fraude.
López Rivera tiene 23 quejas ante la Secretaría, así que de cada 10 procesos que se abren en Jalisco contra notarios, uno es para él. Su primera queja se remonta a 2011; en 2012 tuvo siete; en 2013, una decena; en 2014 cuatro, más otra que no se precisa la fecha.
Fue hasta el 22 de diciembre de 2014 que las autoridades lo suspendieron por 30 meses. Poco antes, el 15 de diciembre de 2014, el notario fue aprehendido por la Fiscalía por fraude, luego sería liberado el 18 de diciembre.
La atención mediática se centró en ese notario al revelarse que había dado fe de la creación del despacho López Castro, que exigía 58 millones de pesos al Congreso por servicios no comprobados, lo que fue calificado como un “robo al pueblo” por el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.
El despacho defendió y ganó ante la justicia federal su derecho al cobro, pero el 27 de noviembre de 2014 renunció a él; trascendió entonces que el secretario de Gobierno habría advertido a sus dueños que, de seguir, la Fiscalía actuaría, así todo acabó impune.
El 13 de julio de 2014, el semanario Ríodoce de Sinaloa publicó que la empresa Mazara señaló al notario de Guadalajara de haber avalado un contrato de compraventa sin su consentimiento, donde se le hizo aparecer como parte vendedora de predios valuados en 20 millones de dólares en Mazatlán.
Pocos caen
De las 227 quejas en contra de notarios de Jalisco que reportó en agosto pasado la Secretaría General de Gobierno, solo un par había terminado en sanción (una suspensión y otra no precisada); es menos de un punto porcentual, según estos archivos dados en el recurso 096/2015.
Ello evidencia lo baja que es la probabilidad de que una anomalía de un notario sea sancionada en Jalisco, a esto se añade que entre 2013 y enero de 2015, en la actual administración estatal, fueron archivadas 14 quejas.
Así, al considerar tanto los casos con sanción como los archivados, resulta que de los 227 procesos totales en contra de notarios, solo 16 llegaron a su término, y 211 continúan abiertos.
Dicho de otra forma, solo el 7 por ciento de estos procesos de queja de la Secretaría llegaron a una conclusión, mientras que el 93 por ciento restante duerme el sueño de los justos.
La Ley del Notariado atribuye a la Secretaría la facultad para imponer estas sanciones aunque en su investigación participa la Procuraduría Social, lo que hace de esta impunidad una responsabilidad compartida.
Récord negro
La gran mayoría de estas quejas de ciudadanos contra los notarios de Jalisco tienen que ver con incumplimientos u omisiones en la entrega de escrituras, o en la inscripción de estas operaciones ante las autoridades, como el Registro Público de la Propiedad o el catastro municipal.
Otras más graves refieren a la formalización de actos donde alguna de las partes acusa que hubo una suplantación de identidad, a través de firmas falsificadas.
Es llamativo el caso de Antonio Jaime Reynoso, de la notaría 43 de Zapopan, quien fue candidato a la alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga por Morena en la pasada elección. Él es, según la Secretaría, el tercer notario con más quejas de Jalisco en ese lapso, con 17.
Dentro del listado de notarios entregado por la Secretaría está Javier Herrera Anaya, de la Notaría 29 -con 22 quejas, el segundo con más-, y Guillermo Coronado Figueroa, de la 50 -con tres procesos-, ambos de Guadalajara, y que formalizaron la creación de Grupo Cinjab y Grupo Impergoza, así lo publicó Reporte Indigo el 27 de julio de 2012.
Esas dos empresas fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense, en julio de 2012, por estar presuntamente ligadas a Juan José Esparragoza “El Azul”, una de las cabezas del Cártel del Pacífico.
Tierra fértil
En los últimos ocho meses, del 19 de agosto de 2015 al 4 de abril de 2016, la OFAC puso al descubierto a 31 empresas en México vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo financiero, “Los Cuinis”.
La mayor parte de ese corporativo está alojado en Jalisco, donde se detectaron 25 de esas firmas que estarían siendo usadas para el blanqueo de fondos de esa cártel
Hay un antecedente relevante del 30 de julio de 2013: ese día la OFAC señaló a un notario de Culiacán, José Antonio Núñez Bedoya, por avalar la creación de compañías y compraventas de inmuebles para el Cártel del Pacífico, y para sus líderes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán; el fedatario lo negó.
Reporte Indigo solicitó durante semanas una entrevista con el presidente del Colegio de Notarios, Adrián Talamantes Lobato, para conocer sus planes anticorrupción, pero no atendió la petición.
