La nueva Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad aprobada por los diputados del Congreso local en 2019 no jugó a favor de los usuarios, quienes se quedaron sin servicio de transporte público por horas a consecuencia de la tormenta tropical, Hanna. Noé Chávez, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, no garantizó este servicio a la población neoleonesa desde las 14:00 horas del 26 de julio, por lo que decenas de personas tuvieron que trasladarse a sus casas o centros de trabajo en autos por aplicación o esperar el traslado de los gobiernos municipales.

La noche del domingo la dependencia analizó si el servicio podría reanudarse para el lunes, pues sólo el Metro operaba con normalidad.

“Solicitamos a la ciudadanía mantenerse informados por los medios oficiales y evitar especulaciones”, señaló el instituto en un comunicado.

Sin embargo, minutos antes de las 22 horas del domingo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ordenó suspender actividades el día lunes.

“He decidido que este lunes no será conveniente realizar actividades de gobierno, así como actividades de las empresas esenciales que actualmente estén activadas por el COVID-19 y que tampoco esté en operación el transporte público”, escribió en Twitter.

“El Bronco” justificó la suspensión de actividades esenciales, como el transporte público, por la intensidad de las lluvias.

“Las condiciones no son favorables y no habrá condiciones seguras de circulación; el riesgo es mucho. Creo que es lo más prudente para evitar poner en riesgo a la población”, publicó.

Sin embargo, la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad tiene facultades autónomas para tomar medidas de seguridad.

“La Requisa del servicio público de transporte y demás bienes muebles e inmuebles afectos al mismo, la determinará el Instituto y se mantendrá mientras subsistan las condiciones que la motivaron, a fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte y satisfacer las necesidades de la población en general y podrá darse en los siguientes casos:

a) De desastre natural, alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la paz y seguridad interior del Estado”, menciona el Artículo 195.

Fue hasta ayer martes que, tras analizar los pronósticos meteorológicos, el Gobierno de Nuevo León decidió reanudar actividades, entre éstas el transporte en sus diferentes modalidades. Sin embargo, por la noche, debido a la inundación de carriles sobre la avenida Ruiz Cortines, Noé Chávez suspendió temporalmente el servicio de Ecovía, desde la Estación Cementos hasta Valle Soleado.

Sin plan emergente de transporte

La organización Únete Pueblo, a cargo de la activista Rocío Montalvo, consideró que no existió un plan estratégico para no perjudicar a los usuarios del transporte público y muchos trabajadores resultaron afectados por la falta de movilidad.

“Se anunció que se suspendía el servicio de transporte público, sin embargo, no prepararon un plan emergente para que las personas que estaban laborando de cómo regresar a sus domicilios, era evidente que en salir de casa había un riesgo. Pero la pregunta era: ¿y los que estaban en la calle?”, cuestionó la activista a través de un video publicado en la cuenta de Facebook de la organización civil.

Montalvo concluyó que el Gobierno debe garantizar que están protegidos los ciudadanos, aun cuando la indicación haya sido quedarse en casa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que los daños no afectaron la circulación de los camiones urbanos, pues señala que fueron tres colonias con afectaciones graves, tres avenidas con cierres parciales y tres carreteras con cierre vial.

Las avenidas Morones Prieto y Bulevar Miguel de la Madrid, que son principalmente para la circulación de autos privados, sufrieron daños estructurales, mientras la vía Gonzalitos quedó inundada, pero tampoco es para la circulación de camiones urbanos.

Además, el Artículo 9 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad menciona que una autoridad que debe aplicar el marco normativo y vigilar su cumplimiento es el titular del Ejecutivo del Estado. A él, simplemente le corresponde formular, conducir y evaluar la política de movilidad estatal. según el Artículo 11.

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