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Reporte
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‘No hemos aprendido…’

Imelda García

Para muchos, la vida se detuvo el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora. Ese día, la Guardería ABC consumió en sus llamas la vida de 49 niños y niñas, y dejó a más de 104 con heridas en sus cuerpos. Decenas de personas quedaron también con heridas en su alma.

Hoy, a 2 mil 191 días de distancia, quienes estuvieron involucrados en la tragedia coinciden: no hemos aprendido; la experiencia podría repetirse en cualquier lugar del país.

La ineficiencia en la respuesta del Estado, como institución, fue escasa o nula.


Jun 4, 2015
Lectura 10 min

De frente, una barda habla del luto que se vive en el lugar: ‘Justicia ABC. Ni perdón ni olvido. Alto a la impunidad’

"Esto que ocurrió en la Guardería es la tragedia más grande de este país y de las más grandes en el mundo"

- Gabriel Alvarado

Abogado

Abundan los testimonios de servidores públicos que han preferido guardar silencio antes de poner en riesgo su fuente de trabajo

La ineficiencia en la respuesta del Estado, como institución, fue escasa o nula

https://www.youtube.com/watch?v=sG8rTOR4SNY

Para muchos, la vida se detuvo el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora. Ese día, la Guardería ABC consumió en sus llamas la vida de 49 niños y niñas, y dejó a más de 104 con heridas en sus cuerpos. Decenas de personas quedaron también con heridas en su alma.

Hoy, a 2 mil 191 días de distancia, quienes estuvieron involucrados en la tragedia coinciden: no hemos aprendido; la experiencia podría repetirse en cualquier lugar del país.

La ineficiencia en la respuesta del Estado, como institución, fue escasa o nula.

Después de la tragedia, el Gobierno se dedicó a intentar lavar la imagen de la ciudad y el reclamo de justicia se politizó.

No solo no se llegó al señalamiento de los responsables, sino que no se trabajó en el mejoramiento de los protocolos de reacción ante una emergencia de ese tipo.

Esto deja en un estado de vulnerabilidad a otras guarderías no solo de la región, sino del país.

Personas que participaron durante o después de la tragedia en el manejo de los afectados, niños o adultos, coincidieron en que el Estado no agotó todas las alternativas que tenía para agotar el tratamiento de la tragedia y aprender de la situación.

Incluso, algunos de ellos que forman parte de la estructura de gobierno han querido participar para que se realice un diagnóstico de la actuación que se tuvo ese día, y han sido amenazados con perder sus cargos.

¿Preparados?

A seis años de distancia, las dudas sobre lo que se pudo hacer mejor todavía calan hondo en Fabiola –nombre ficticio-, una de las psicólogas que trató a los familiares de quienes perdieron a sus hijos, de quienes fueron afectados por el incendio, o que ayudaron en el rescate de las víctimas.

Fabiola vivió en carne propia lo difícil que fue la recuperación de los directamente involucrados.

Para ella, la lógica indicaba que el Gobierno, de cualquiera de los tres niveles, convocara a quienes habían participado en el rescate inmediato y el tratamiento posterior para compartir sus experiencias y conformar un protocolo de acción y respuesta a una tragedia así en el corto, mediano y largo plazo. Nada de eso ocurrió.

“Yo pensé que se iban a hacer convocatorias públicas a través de los medios de comunicación a todos los involucrados para juntar las piezas del rompecabezas e incluso para evaluar eficacia en la respuesta del Estado a este tipo de emergencias. Pero nada.

“En otros países, como Corea o Japón, se hacen unos procesos muy completos en este tipo de desgracias; aquí no hubo voluntad”, señaló Fabiola.

Algunos, como Rodolfo –nombre ficticio- saben que la reacción de las autoridades no fue la mejor y que, aunque actuaron como pudieron ante la emergencia, pudieron haberlo hecho con mayor eficacia y, quizá, haber salvado la vida de más niños.

Sin embargo, ha decidido guardar silencio por respeto a las familias que perdieron a un pequeño pero, sobre todo, por miedo a perder su trabajo.

“Hubo quienes quedaron con daños psicológicos muy fuertes y no se les trató. Hubo quien sacó a los niños y se quedaba con pedazos de piel en sus ropas. Fue muy fuerte, es algo que jamás podrán superar y menos porque todo se quedó en silencio”, comentó María, conocida de un policía que estuvo en el lugar de los hechos.

Después del incendio, quienes participaron en el rescate esperaban que los protocolos de acción cambiaran y se diera prioridad a la formación de policías, rescatistas, bomberos y otro personal encargado de actuar en caso de una emergencia.

“No se les dio capacitación; si ese día no supieron qué hacer, ahora estaríamos igual”, sentenció María.

Abundan los testimonios de servidores públicos que han preferido guardar silencio antes de poner en riesgo su fuente de trabajo.

Para Patricia Duarte, madre Andrés Alonso García Duarte, quien falleció ese día en la Guardería ABC, aunque a nivel federal se han hecho cambios, como la aprobación de la Ley de Estancias Infantiles, conocida como Ley 5 de junio, el peligro de que vuelva a ocurrir una tragedia similar está latente.

“Desgraciadamente creemos que puede seguir pasando. Ha pasado en otros estados: muertes de niños y niñas en estancias infantiles por lo mismo, por la indiferencia al cuidado de estos niños, a la protección de estos niños, por el mal manejo de instalaciones, por la precaria capacitación de las personas que están a cargo de éstos niños y esto sigue cobrando la vida de estos pequeñitos”, expresó.

La única forma de llegar a una preparación completa es la preparación para actuar frente a lo inesperado, comentó.

Con los hechos de la Guardería ABC aprendió la sociedad civil, sobre todo de Hermosillo, una ciudad que se caracterizaba por la apatía absoluta hacia casi cualquier problema social.

El Estado, en falla

Gabriel Alvarado es un abogado que ha luchado hombro con hombro al lado de algunos de los padres afectados por el incendio en ABC.

Para él, la reacción de las autoridades fue escasa y sin la eficacia para castigar a los responsables y evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir.

“No, no aprendió el Estado de esto. Le voy a poner un ejemplo (…) cuando pasó lo de la tragedia de la Guardería, ellos (la Suprema Corte de Justicia) de inmediato cambiaron la suya, porque estaba en un techo (…); ellos se vieron de repente en situación de riesgo y en cómo ayudar a eliminar a esos factores de riesgo.

“Pero un esfuerzo que se puede armar, institucional, no existe, ni en Hermosillo, ni en el estado de Sonora y mucho menos en el país”, acusó Alvarado.

El Estado, como institución, ha fallado en su obligación de proteger a sus ciudadanos al no garantizar la seguridad de que los menores estarán a salvo mientras su familia trabaja para proveerla y cumplir con sus obligaciones.

Al Estado, comentó Alvarado, los ciudadanos le pagan la existencia de este tipo de servicios con sus impuestos, por lo que es grave que no haya un avance en esa materia después de haber pagado una lección tan dura con tantas vidas.

“Esto que ocurrió en la Guardería es la tragedia más grande de este país y de las más grandes en el mundo -a nivel infantil-. Entonces, con eso debió haber sido suficiente para que el Estado mexicano reaccionara e hiciera todas las adecuaciones”, sostuvo el abogado.

La labor del gobierno, en sus tres niveles, fue la de mitigar el impacto negativo y tratar de evitar que su imagen y autoridad se viera cada vez más deteriorada, en lugar de entregarse a un esfuerzo por erradicar la posibilidad de que esto pudiera repetirse.

“Yo creo que se hizo lo que le llaman el control de daños”, sentenció.

Además de la nulidad en la acción preventiva del Estado, otro pendiente son los menores que resultaron afectados por el incendio y que han encontrado una atención deficiente, a juicio del litigante.

Cenizas de dolor

Los alrededores de la Guardería ABC se han convertido, desde hace seis años, en un lugar lúgubre donde abundan historias de cómo se vivió ese día y lo que siguió en cada uno de los 2 mil 191 días que han pasado.

No falta quien se acerque para poder desahogarse aunque sea un poco. Para revivir las imágenes de lo que les tocó vivir y así exorcizarlas.

María Elena es una de ellas.

Ella, como muchos otros, llegó ese viernes negro a intentar sacar a los niños mientras el lugar se consumía en llamas.

La guardería ya estaba rodeada de policías, quienes le impidieron siquiera acercarse.

Desde entonces, ella tiene la duda sobre si pudo haber salvado a alguien.

“Los policías no me dejaban pasar. Lo intenté varias veces y nomás no pude. Ya en la noche, mi esposo estaba dormido junto a mí y yo veía las manitas de los niños rodeándome.

Como si me quisieran pedir que fuera por ellos”, narró entre lágrimas. María Elena contó que hace unos meses uno de sus sobrinos falleció de cáncer; pero antes de partir al hospital donde daría su último aliento, tuvo una experiencia sobrecogedora.

“Cuando fue el incendio, él vivía en Puerto Peñasco, no tuvo nada que ver con lo que pasó aquí ese día. Hace como un año, se cambió a vivir a Hermosillo para recibir su tratamiento y se cambió aquí a vivir con nosotros.

“Un día, se puso a decirnos que veía a los niños de la guardería en el cuarto… pero el ni los conocía. Nos fuimos a asomar y no vimos nada, ahí no había nadie. Al rato, pocas horas después, se empezó a poner muy malito. La ambulancia vino por él y se lo llevó al hospital y más tarde falleció”, rememoró María Elena.

El relato habría pasado desapercibido a no ser que unas semanas después, al ir a visitar la tumba de su sobrino, ella y su familia se dieron cuenta de que cerca de su sepulcro se encontraban enterrados algunos de los niños que fallecieron en la tragedia.

“Yo creo que los niños vinieron por él”, dijo, convencida.

En la nave industrial donde estaba instalada la guardería, aún se observan las cortinas que ondean con el viento que entra a través de los vidrios rotos.

El polvo cubre ya la pintura de los muros, coloreados aún en naranja, azul y amarillo; y ya muy desgastados, aun se ven los restos de los letreros que colocó la PGR y que restringen la entrada.


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