“Me vendieron con un señor, me violó y me embarazó. Cuando escapé, la autoridad me regresó con él”. El testimonio de Petra, de 16 años, es solo uno de los seis de niñas y adolescentes que se hicieron virales en redes sociales el 19 de octubre de 2020, después de que fueran publicados en la página de Facebook de la organización Marea Verde Guerrero.

Aunque fueron difundidos para visibilizar la violencia que día a día enfrentan las niñas de la Montaña de Guerrero y como protesta contra una reforma que obstaculizaba aún más la interrupción del embarazo en el estado, también refleja otra grave problemática que existe en el país: el embarazo adolescente por violencia sexual.

Cada día, más de mil niñas y adolescentes dan a luz a un bebé en México, muchas de ellas víctimas de violaciones sexuales o matrimonios arreglados.

Aunque las autoridades han emprendido diversas estrategias y campañas para evitar el embarazo infantil y adolescente, las cifras oficiales revelan que el problema está lejos de erradicarse.

En el 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres menores de 18 años, de las que 8 mil 873 tenían entre 12 y 14 años, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Mientras que en julio pasado, la Conapo estimó un incremento del 30 por ciento de embarazos adolescentes no intencionados, lo que serían más de 29 mil nacimientos adicionales a los proyectados para este 2021, que son más de mil por día.

“Niñas entre los 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio, la mayoría de estos casos por violación sexual o matrimonios arreglados, que en realidad es una violación”.

Así lo señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, el pasado 23 de septiembre, durante la presentación de la Campaña de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Según la información proporcionada por el funcionario federal, esta situación ha repercutido en el nivel de defunciones por embarazo, parto o puerperio en adolescentes de 15 a 17 años de edad, el cual ocupa el sexto lugar en causas de muerte en esta población.

La campaña, dijo, busca promover los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, en especial su derecho a la educación integral de la sexualidad y su derecho a decidir sobre su cuerpo y una vida libre de violencia.

“Está dirigida a niñas y adolescentes indígenas y afromexicanas a fin de postergar la edad de la maternidad y de la paternidad, así como erradicar la maternidad infantil, que actualmente alcanza cifras alarmantes”, señaló.

Problema de salud pública

Verónica Esparza, investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), explica que el embarazo a temprana edad es una cuestión de salud pública y de derechos humanos que se asocia con riesgos para la salud de la gestante y de sus hijas e hijos.

Esparza menciona que puede ser un obstáculo importante en su desarrollo psicosocial y repercutir negativamente en oportunidades tanto educativas como laborales, así como contribuir a estos ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud.

Advierte que detrás del embarazo de muchas niñas y adolescentes hay historias de abusos y violaciones sexuales, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh 2016).


“El embarazo adolescente y el embarazo infantil no debe asociarse solamente con el inicio temprano de la vida sexual, falta de información o incluso de acceso a métodos anticonceptivos. Es necesario también advertir los altos índices de violencia sexual al que se enfrentan niñas y adolescentes en este país”

Verónica Esparza

Investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire)

De acuerdo a esta encuesta, el 10.09 por ciento de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente sufrieron algún tipo de violencia sexual; mientras que 1.2 millones de mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales o tuvieron relaciones bajo amenaza durante la infancia, dice.

Los resultados también revelan que el 80.3 por ciento de las mujeres que fueron víctimas de violación en la infancia y adolescencia fueron agredidas por familiares y 50.3 por vecinos o personas conocidas, señala la investigadora.

“Entonces sí es un factor importante que tiene que advertirse cuando hablamos de embarazos tempranos, porque a veces el foco se pone en falta de educación sexual o cuestiones estigmatizantes por irresponsabilidad por parte de las y los jóvenes al momento de tener relaciones sexuales y esto desdibuja este otro factor importantísimo que tiene que advertirse”, reitera.

Aunque en el grupo poblacional de niñas y adolescentes indígenas la cifra de embarazos es más alta, Esparza señala que la violencia sexual no es exclusiva de algún sector o perfil en específico, pero que el Estado debería de estar atento a las necesidades específicas de este grupo.

Por ejemplo, un aspecto que no se cuida o tendría que atenderse mejor es la atención en los centros de salud, ya que desde Gire han podido advertir a través de solicitudes de información que éstos no cuentan con intérpretes o hablantes de lenguas indígenas, lo cual dificultaría una consejería adecuada sobre salud reproductiva o para acceder a la interrupción del embarazo por violación.

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