Mi fiscal, tu fiscal y el fiscal

26 de Feb, 2018

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_8edy7plv” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La falta de transparencia, de participación ciudadana y de voluntad política a nivel federal para realizar el nombramiento de quien sería el primer Fiscal General del país a partir de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se está viendo reflejada en los estados. 

Sin normas claras que establezcan un procedimiento que garantice la autonomía y la independencia de esta figura en la procuración de justicia, el riesgo de que se dé paso a un “fiscal carnal” -hecho que ya sucede- o de que llegué al cargo una persona que no cuenta con las características que una democracia demanda es cada vez más alto. 

A diferencia de lo que marca la ley federal, donde en la última legislatura se prohibió el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General, a nivel estatal no existe ninguna obligación por parte de los gobernadores o de los Congresos locales de diseñar o designar a sus fiscales de la misma manera como lo marca la Constitución Mexicana. 

En las entidades federativas que conforman el país, los pasos a seguir para realizar estos nombramientos no están homologados, es decir, cada estado se rige por sus propias reglas de acuerdo con lo establecido en su legislación local, por lo tanto, los tiempos que se determinaron para ocupar el cargo y los procesos para llegar al mismo varían de una región a otra. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la decisión a la hora de elegir a un fiscal general recae en los gobernadores y en los Congresos locales, los cuales, no se han dado a la tarea de establecer un protocolo democrático y transparente donde también se incluya a la ciudadanía en la toma de este tipo de decisiones. 

“En todos los nombramientos que tienen que ver con la procuración de justicia, ya sea rendición de cuentas, anticorrupción o transparencia, debería existir un proceso de acompañamiento ciudadano el cual, desde luego, no se está dando”

Si a nivel federal aún no lo vemos, mucho menos lo encontraremos en los estados”, asegura el Dr. Alfonso Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Más allá de la falta de una normatividad clara que fortalezca la democracia del país y de cada una de las entidades federativas existe otro problema: la apatía en la participación política de los mexicanos. 

“Un factor muy común que hemos observado es qué hay grados distintos de involucramiento de la sociedad civil en los diferentes estados. Hay regiones con una ciudadanía muy participativa, muy involucrada; que denuncian y buscan vigilar los nombramientos que se llevan a cabo. 

Pero también es muy común encontrarnos con una actitud completamente contraria a ésta, donde la gente definitivamente no tiene ningún interés de formar parte en este tipo de procesos”, explica el Dr. Hernández.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, considera que lo primero que se debe hacer, incluso antes de buscar a las personas adecuadas para ocupar un puesto de fiscal general, ya sea a nivel federal o estatal, es diseñar fiscalías que puedan responder a las necesidades actuales con transparencia, independencia y una normativa clara para después buscar a los candidatos adecuados para dirigirlas.

“La secuencia en este procedimiento es muy importante, primero se deben tener bien diseñadas las fiscalías generales en los estados y después llevar a cabo un procedimiento de nombramiento de los candidatos.

De no realizarse así, lo que veríamos es a una persona con un buen perfil que está haciendo todo su esfuerzo por hacer las cosas bien pero que no cuenta con las herramientas necesarias para realizar su trabajo como lo puede ser: la falta de calidad en los servicios periciales, falta de independencia en los ministerios públicos, falta de capacidad técnica del personal, entre otras cosas”.

Justicia como arma

La grave crisis de impunidad por la que atraviesa el país ha traído consecuencias que van más allá de la falta de impartición de justicia. 

En momentos clave como el que se encuentra viviendo México en Este momento, donde el proceso electoral más complejo de la historia se está llevando a cabo y donde los intereses partidistas y electorales salen a relucir de manera cotidiana, las promesas de quienes buscan adquirir un puesto de poder de castigar las irregularidades cometidas por sus antecesores se han convertido en el pan de cada día.

Con tal de cumplir su promesa y de sumar logros al partido que representan, los gobernadores han utilizado a los órganos encargados de impartir justicia como armas con fines políticos

Esto ha provocado que los nuevos gobernantes, con tal de cumplir su promesa y de sumar logros al partido que representan, lleguen a utilizar a los órganos encargados de impartir justicia, como lo son las fiscalías generales o las procuradurías, como armas con fines políticos en contra de sus adversarios.

Actualmente el caso más cercano a esta realidad es la persecución hecha por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en contra de su antecesor César Duarte. 

Es de vital importancia rediseñar el modelo de trabajo de las fiscalías generales tanto estatales como federales

El cuestionamiento de fondo no proviene de la investigación y las solicitudes de extradición en contra del exgobernador Duarte, pues es obligación de la Fiscalía General de Chihuahua investigar todas las denuncias por irregularidades que se presenten, sino del momento en el que todo el poder del gobernador y de la fiscalía se abocó a resolver este caso. 

Javier Corral ocupó su cargo como gobernador el 4 de octubre del 2016, sin embargo, su persecución en contra del priista César Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo,  casualmente tomó fuerza hasta este año, donde el PAN, institución que lo abandera, se encuentra compitiendo directamente contra el PRI, partido que puso a su antecesor en el poder, por la presidencia de la República. 

Es por casos como éste o como el de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes en Veracruz, que  es de vital importancia rediseñar el modelo de trabajo de las fiscalías.

“Necesitamos de manera urgente generar una transformación del modelo de trabajo de las procuradurías o fiscalías, ya que de no llevar a cabo esto, lo que está en riesgo es que estos organismo únicamente cambien de nombre en el papel pero no en el modelo de trabajo.

Es vital poner reglas mucho más claras para los nombramientos pero también de remoción para que cuando se lleven a cabo investigaciones de gran envergadura estén lo menos vulnerables posible a las decisiones políticas, ya sea tanto para frenar sus investigaciones como para impulsar investigaciones que en realidad tienen fines políticos” comentó en entrevista Humberto Guerreo, coordinador del programa de DDHH de la organización Fundar y promotor de la iniciativa “Fiscalías que Sirvan”. 

Llegan con pase directo

En mayo de 2016, el Congreso local de Querétaro, con mayoría panista, designó a Alejandro Echeverría Cornejo como el Fiscal General del estado, cargo en el que estará durante nueve años hasta que culminé su administración en el 2025.

El funcionario llegó al cargo luego de ser el procurador de la entidad. A Echeverría Cornejo se le acusa de ser un personaje cercano al gobernador de Acción Nacional, Francisco Domínguez.

La falta de transparencia, de participación ciudadana y de independencia en los nombramientos de los fiscales generales ha provocado que en muchos estados se promueva la figura del “fiscal carnal”

La elección del Fiscal General de San Luis Potosí tuvo un tufo de imposición. El nombramiento en octubre de 2017 de Federico Garza Herrera en el cargo fue visto como una simulación del gobernador Juan Manuel Carreras López, según acusaron organismos civiles.

El funcionario pasó del cargo de procurador de justicia del estado a la Fiscalía, en donde estará hasta el 2026, luego de tener el apoyo total del Congreso, donde sólo un legislador voto en contra.

En Sonora se repitió la tendencia de otros estados: Rodolfo Montes de Oca pasó en septiembre de 2015 de ser el procurador de justicia de la entidad a Fiscal General

El funcionario fue ratificado de manera automática por el Congreso, quien le dio su voto de confianza a la única propuesta del gobierno encabezado por Claudia Pavlovich.

En la elección del Fiscal General de Tabasco la historia fue la misma que la anterior, Fernando Valenzuela Pernas, dejó su cargo de procurador general de Justicia para llegar al nuevo cargo de forma automática. 

Valenzuela Pernas tomó posesión en el cargo en diciembre del 2014 y estará hasta el 2021. El funcionario es identificado como un político cercano al gobernador Arturo Nuñez, ya que durante la campaña del perredista fue el encargado de la defensa jurídica.

En Chiapas gobiernos van y vienen y Raciel López Salazar sigue al frente de la procuración de justicia en la entidad.

Desde enero del 2009 López Salazar se convirtió en el Procurador de Chiapas y el 11 de abril del 2017, con un pase automático, asumió la titularidad de la recién creada Fiscalía General del Estado de Chiapas en la que estará al frente durante 8 años más.

En Chihuahua “el dedazo” del gobernador Javier Corral Jurado fue el método de elección del Fiscal General del estado

El 4 de octubre del 2016, César Augusto Peniche Espejel, exdirector General Adjunto de Seguimiento para la Creación de Coordinación Nacional de Seguridad fue elegido como Fiscal.

La Comisión Especial encargada de atender los Procesos Legislativos en materia de combate a la Corrupción del Congreso Local nombró el 19 de octubre del 2017 a Gerardo Márquez Guevara como Fiscal General.

Su antecesor fue Homero Ramos Gloria quien pasó directo de la Procuraduría a la Fiscalía.

Desde 2005 Colima aprobó la transformación de la Procuraduría a Fiscalía General del Estado. El cargo del nuevo fiscal se dio de manera directa y se nombró José Guadalupe Franco Escobar, quien fue propuesto por el gobernador Ignacio Peralta en 2016 pero fue rechazado por el la bancada panista del Congreso ya que existían 12 averiguaciones previas en su contra.

Finalmente en 2017 tomó posesión como Procurador.

En Guanajuato también hubo pase directo. A mediados de junio del 2017 el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma para que a partir de este año la entidad cuente con un Fiscal General de Justicia.

La reforma señala que el Procurador Carlos Zamarripa Aguirre sería quien tomaría las atribuciones como Fiscal General y duraría 9 años en el cargo.

Chapulines de la justicia

En Aguascalientes el 14 de marzo del año pasado, el Congreso del Estado nombró a Jesús Figueroa Ortega Fiscal General para un periodo de 6 años, dejando en la contienda a Víctor Hugo Mercader y a Fernando Romo.

Saltar de un estado a otro hasta adquirir el cargo que perdieron es otra de las estrategias que los exprocuradores que no pudieron negociar un pase directo usan para mantenerse como impartidores de justicia

Figueroa Ortega, antes de ser electo como Fiscal se desempeñaba como Juez de Control y Juicio Oral en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una maestría en derecho penal.

A mediados de 2015, Aguascalientes designó a su primer Fiscal General. Para llegar al final del proceso los legisladores conformaron una quinteta de aspirantes de la cual el gobernador regresó una terna y después de la comparecencia de ésta ante diputados se llevó a una votación en la que ganó Óscar Fidel González.

El antecesor de Figueroa fue René Urrutia de la Vega, electo el 14 de marzo del 2017. De la Vega, quien fue Fiscal por 11 meses y sustituyó a Óscar Fidel González quien fue a buscar la Fiscalía de Sinaloa.

Para el proceso de selección del Fiscal general hidrocálido no hay una convocatoria abierta, los interesados deberán de informar sus intenciones a algún diputado y ellos son quienes los proponen ante el resto del congreso.

En Campeche, en 2014, la Procuraduría se convirtió en Fiscalía pero sólo ocurrió de nombre, ya que el Fiscal General fue elegido directamente por el gobierno del estado sin una convocatoria.

El cargo lo ocupa actualmente Juan Manuel Herrera Campos quien ha sido Procurador General de Guerrero (2012) y Procurador General de Campeche (2003-2009)

Tras tomar protesta el pasado 10 de diciembre como Fiscal General de Guerrero, Javier Ignacio Olea Peláez, tuvo un debut para el olvido en su primer caso de alto impacto por los sacerdotes asesinados a balazos en la carretera Taxco-Iguala.

Cabe recordar que antes del nombramiento de Olea Peláez, diputados del Congreso local de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Morena cuestionaron su nombramiento, tras considerar que no tiene una reputación implacable

En medio de cuestionamientos, el procurador General de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, se convirtió en Fiscal General de este estado. Recibió críticas por el empresariado poblano por la forma en que fue nombrado.

José Antonio Quintana Gómez, dirigente Coparmex de Puebla, dijo que el proceso de su nombramiento tendrían que haber participado la sociedad civil y  los ciudadanos, pero aseguró que no fue así.

Por su parte,  el subprocurador de Justicia de la Región de Aguascalientes, René Urrutia de la Vega, tomó protesta como fiscal general de este estado el pasado mes de marzo.

Entre sus investigaciones, aseguró a medios de esa entidad, existen carpetas de investigación contra exfuncionarios de la anterior administración estatal, aunque será hasta este febrero cuando se resuelvan.

El subprocurador de Procedimientos Penales Región Poniente del Estado de Hidalgo, Ricardo Cesar González Baños, se convirtió el 5 de octubre de 2017 en Fiscal Anticorrupción. 

Tendrá que actuar contra exfuncionarios imputados por uso indebido de funciones y presunto casos de conflicto de intereses.

Los consentidos

En Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen fue designado en diciembre de 2016 como el Fiscal General, en sustitución de Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien renunció por polémicas en su gestión.

Pech Cen llegó al cargo con el apoyo de al menos siete bancadas del Congreso local e impulsado principalmente por el PAN. El funcionario es recordado porque como subprocurador estatal llevó el polémico caso de Jean Succar Kuri.

El pase directo de procurador a fiscal no es el único problema que enfrentan los estados en la impartición de justicia, “el dedazo” o la imposición de candidatos también es un hecho cada vez más recurrente que daña la democracia del país y fomenta la falta de participación ciudadana

En marzo del 2017, Juan José Ríos Estavillo se convirtió en el nuevo Fiscal General de Sinaloa. El funcionario estuvo durante ocho años al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la entidad.

Ríos Estavillo es acusado de que en el cargo de ombudsman sirvió a los intereses del gobierno de Mario López Valdez, aunque cuando fue elegido en el cargo, por mayoría del Congreso local, ya había iniciado la gestión del priista Quirino Ordaz.

Irving Barrios Mojica fue ratificado por el Congreso de Tamaulipas como Procurador General de Justicia el 5 de octubre de 2016, a petición del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La entidad cuenta ya con su Fiscal Anticorrupción, Javier Castro Ormaechea, quien fue elegido en julio de 2017. 

En Veracruz se nombró a Jorge Winckler después de su aprobación en el Congreso en diciembre de 2016, quien fungirá en el cargo hasta el 2025. El abogado es identificado como una figura cercana a la familia de Miguel Ángel Yunes, actual gobernador.

La polémica en torno a su nombramiento se dio por denuncias que sólo tenía dos años de experiencia jurídica. Winckler fue el abogado de Daphne Fernández, la joven que acusó a un grupo de jóvenes de violación, suceso conocido como “Los Porkys”.

En el caso de Yucatán, en marzo del 2015 se eligió a Ariel Francisco Aldecua Kuk como el Fiscal General de la entidad a propuesta del gobernador. El funcionario es identificado como un amigo personal del mandatario, Rolando Zapata Bell y de su hermano Gabriel.

En la península de Baja California la violencia ha arreciado en los últimos meses y ambos estados que conforman la región se encuentran lejos de cumplir las metas del Sistema Nacional Anticorrupción.

En Baja California y en Baja California Sur, la justicia se encuentra en manos del Procurador General, designado directamente por el gobernador del estado y ratificado por el Congreso.

El nuevo Procurador de Baja California Sur es Daniel de la Rosa Anaya, quien en su natal Baja California presenta varias denuncias por amenazas y corrupción

El 14 de noviembre del 2017, el gobernador José Rosas Aispuro designó a Ruth Medina Alemán como Fiscal General del Estado de Durango quien antes se desempeñaba como Directora de Averiguaciones Previas y vicefiscal.

Su antecesor, Ramón Guzmán Benavente, dejó el cargo a finales de 2017 por problemas de salud, antes fue Director de Agentes del Ministerio Público de Durango.

Enfrentan rezagos

La lista de cinco candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General en Zacatecas está en poder del gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien elegirá a una terna que mandará al Congreso.

Pese a que el mandatario priista prometió que no habría fiscal carnal en la entidad, entre los finalistas se incluyó el nombre del procurador José Murillo Ruiseco, personaje cercano.

Son pocas las entidades federativas que aún se encuentran eligiendo candidatos para ocupar el puesto de Fiscal General del Estado, de entre éstas destacan: Zacatecas, Tlaxcala y Nuevo León

En ese mismo camino se encuentra Tlaxcala, uno de los estados que va más atrasado en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, incluso el Congreso local no ha reformado las leyes para implementarlo.

Le entidad se quedó sin procurador tras la salida de Tito Cervantes Zepeda, quien pasó como secretario de Gobierno. El Congreso elegirá a su sustituto de una terna propuesta por el gobernador priista Marco Antonio Mena. 

En Nuevo León, uno de los estados con mayor participación por parte de la ciudadanía y en donde los avances en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción ha presentado avances significativos, la situación en el nombramiento del fiscal general es muy distinta. Actualmente los candidatos todavía se encuentran en proceso de entrevistas para los cargos de Fiscal Anticorrupción y Fiscal General. Sin embargo, Bernardo Jaime González Garza, quien actualmente funge como Procurador General de Justicia del estado, se encuentra dentro de la terna de candidatos a elegir por el Congreso local y el gobernador. 

Sin pasado en la Procuraduría

El Congreso en tres estados decidió no elegir a un Fiscal General que hubiera sido procurador o subprocurador. En 2015, diputados de Jalisco nombraron a Eduardo Almaguer Ramírez como Fiscal General del Estado de esta entidad.

En Nuevo León los candidatos a fiscales generales todavía se encuentran en proceso de selección; en la terna se encuentra el actual procurador general de justicia

En la información curricular de Ramírez, se señala que no fue procurador.

En febrero de este año, Uriel Carmona Gandara fue designado por diputados como nuevo fiscal general del Estado de Morelos, tampoco tiene antecedentes de haber estado ligado en un puesto dentro de la Procuraduría de Justicia este estado.

En esta misma situación está Petronilo Díaz Ponce, quien se convirtió en Fiscal General de Nayarit. Díaz Ponce estuvo encargado del despacho del procurador, tras la detención de  Edgar Veytia acusado de tráfico de estupefacientes en Estados Unidos.

Rubén Vasconcelos Méndez, quien en agosto de 2017 tomó protesta como Fiscal General de Justicia del estado de Oaxaca, fue coordinador general de asesores de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Con información de Rubén Zermeño, Jesús Padilla y Gibrán Zafra