Muerto el niño… 

La “Ley Bala” arrojó su primera víctima mortal el 18 de julio, cuando el menor José Luis Tehuatlie Tamayo -quien resultó herido durante el operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan- murió.

En el centro de la polémica, varios juristas cuestionaron la legislación que permitía usar fuerzas letales en contextos de manifestación. Pero también señalaron a las autoridades que, por acción y por omisión, son responsables.

Ayer, en medio de esta controversia, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, líder de la LIX Legislatura, precisó que el gobernador Rafael Moreno Valle envió la iniciativa para derogar dicha ley.

Durante la manifestación del miércoles 9 de julio, Tehuatlie cruzó por donde se desarrollaba un operativo policiaco y un artefacto lo alcanzó y le perforó el cráneo. Primero sufrió de muerte cerebral y días después, un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida.

Las autoridades negaron que la policía local hubiera utilizado balas de goma para desalojar a manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. Incluso la madre del occiso declaró que un funcionario estatal la presionó para que dijera que la herida fue producida por un cohetón.

Sin embargo, el neurólogo Luis Felipe Loria Rosa, concluyó que la lesión expuesta de tres centímetros la provocó un objeto contuso y fuerte que no pudo ser un cohetón pues no había huellas de quemada entorno a la herida que terminó ocasionando la muerte al menor de edad.

Antes de la petición de Moreno Valle, el abogado Simón Hernández León afirmó que tratar de reducir todo a si se utilizaron o no balas de goma durante el operativo policiaco no servía para abordar un tema “mucho más estructural”.

Habló de la responsabilidad por acción y por omisión de distintas autoridades involucradas.

Por acción, apuntó al gobernador Rafael Moreno Valle y al Congreso. El primero por proponer la llamada Ley Bala y el segundo por aprobarla.

Luego, por omisión, señaló a las comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la nacional. Ellas con antelación diversos activistas y organizaciones les hicieron un llamado para que interpusieran una acción de inconstitucionalidad de este tipo de legislaciones que criminalizan la protesta.

“Más grave aún es que la propia CNDH envío al Congreso del estado un análisis, una evaluación técnica donde dicen no hay ningún problema de inconstitucionalidad o de afectación a tratados internacionales”, refirió Hernández.

Destacó lo paradójico que resultaba que, en vez de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con oportunidad, la CNDH se encargara de investigar el operativo donde un menor perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas sin responsabilizarse por la omisión. 

Abrogar la ley, un avance

“Vemos con mucha preocupación lo que acontece en Puebla”, sostiene el asesor del Área de defensa integral del Centro Prodh.

Simón Hernández insiste en que la abrogación de la llamada Ley Bala es un paso fundamental para restaurar las libertades democráticas en Puebla.

Pero que también es importante  investigar y sancionar a los responsables de toda la cadena de mando en el operativo de San Bernardino.

Espera que la Procuraduría de Justicia de Puebla tenga alguna capacidad de ser imparcial e independiente o si no afirma se requiere intervenga la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, la CNDH deberá iniciar una investigación por violación grave de derechos humanos que es una facultad con la que cuenta desde 2011. Dicha facultad solo la ha utilizado una vez en el caso de los normalistas de Ayotzinapan que fueron asesinados por la Policía Federal, también en un contexto de manifestación en la carretera Sedesol, en Acapulco, Guerrero.

Y donde, añade el jurista, “curiosamente –y no es un dato menor– quien fue responsabilizado de ese operativo fue Facundo Rosas, que hoy es el Secretario de Seguridad Pública en Puebla”.

Por eso, se insiste, es un tema de responsabilidad de Estado. No solo por el actual marco normativo de una polémica ley sino porque quien se encarga de implementarla son personas que tienen en su historial responsabilidades por violaciones graves a derechos humanos.

Ahí hay una responsabilidad clara del gobierno de Moreno Valle, de su titular de la SSP y de las personas que participaron en ese operativo policiaco.

En un gesto “de mínima autocrítica” tendrían que aceptar que esas legislaciones violan derechos humanos, que no se trata de falta de capacitación profesional a los cuerpos policiacos, como se ha dicho.

“Esta legislación permite la utilización de la fuerza letal como una forma directa de enfrentar la manifestación pública, el disenso, la crítica política e intimidar a todo aquel ciudadano que ejerza sus derechos de manera pública”, remata.

Víctimas de la Ley Bala

> José Luis Alberto Tlautle Tamayo, 13 años, fallecido

> Gilberto Varela Tecalero, de 16 años; perdió el dedo índice y el anular

> Martín Romero Montes, de 65 años, presenta una perforación en el pómulo izquierdo

> Hugo Jiménez Varela, de 26 años, fue sometido a una reconstrucción del ojo izquierdo

> Vicente Tecalero Jiménez de 21 años, padece un traumatismo cráneo-encefálico