En Chiapas el código del uso de la fuerza –similar al empleado en Puebla– se mantiene vigente

Para el abogado Simón Hernández, las estrategias mediáticas se imponen sobre la agenda de los derechos humanos. 

El asesor del Área de defensa integral del Centro Prodh asegura que la reciente iniciativa del gobernador de Chiapas de echar atrás el Código de Uso Legítimo de la Fuerza, conocido como “Ley Garrote”, se lee como un hecho sintomático. 

Hernández considera que detrás de las reversiones legislativas “se impone un calculo político por parte de los gobernantes”. 

En su opinión, ponderan lo perjudicial de una ley pero “más en términos de imagen pública que de diligencia de derechos humanos”.

En Chiapas, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está acompañando tres procesos de amparos ciudadanos, ante la omisión de la CNDH de interponer acciones de inconstitucionalidad.

En espera de que de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales surja un dictamen para ser enviado al pleno del Congreso de Chiapas para su aprobación, el código del uso de la fuerza –similar al empleado en Puebla– se mantiene vigente.

El asesor del Área de defensa integral del Centro Prodh estima que la tendencia general es favorecer la simulación más que resolver las problemáticas de fondo.

A la vista está lo ocurrido en Puebla. En ese estado, la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle de abrogar la llamada Ley Bala se ha enviado al congelador. Los legisladores han estimado no urge hacerlo no obstante esta legislación ya ser dejó como saldo la muerte de un menor de edad y a varias personas lesionadas. 

Para Hernández, el Congreso de Puebla ha dado muestra de un carácter subordinado al Poder Ejecutivo que “parece funcionar más en razón de los mandatos del gobernador en turno que de una representación ciudadana”.

La consigna: desviar la atención

La iniciativa de Rafael Moreno Valle desde un inicio fue apreciada como “un mecanismo engañoso” para instrumentar una simulación legislativa, asegura Simón Hernández¡.

Primero porque el propio decreto que mandó señala que si bien la ley va a quedar sin efecto al abrogarla, ésta se va a mantener vigente hasta que no exista otra ley que la sustituya. 

En tanto, los diputados aseguran que no tienen un plazo para hacerlo. Que cuentan con la facultad soberana de discutir eso en los tiempos y términos que consideren adecuados. Puede pasar esta u otra legislatura sin que la ley se derogue.

Por ello Hernández asume que “no hay una voluntad política real de dejar sin efecto a esta ley”.