La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia capitalina revisa a detalle la cadena de custodia de la detención del estudiante Marco Antonio Sánchez a fin de determinar si se violaron los protocolos de actuación por parte de policías o mandos que intervinieron en el caso.

Miguel Ángel Mancera Espiosa, Jefe de Gobierno, dijo que se valora psicológicamente al estudiante de preparatoria a fin de que esté en condiciones de rendir su declaración ante el Ministerio Público, en presencia de sus padres, teniendo en cuenta que es menor de edad.

“Yo no puedo calificar todos los niveles de trabajo en tanto no se tengan las declaraciones de todos los que han intervenido. La más importante será la declaración de él, que él nos platique que es lo qué vivió y sucedió, será fundamental. Solo que no ha estado en condiciones de poder rendir la declaración y que, no obstante la edad, que pudiera aparentar, es un menor de edad y hay que dar el tratamiento y debe estar con la presencia de sus padres en todo momento”.

Indicó que cada una de las actuaciones que realizan las autoridades con el joven está siendo vigilada por la Comisión de Derechos Humanos capitalina y el Observatorio Nacional.

“La valoración psicológica que se está haciendo es para que él pueda narrarnos que es lo que él pasó. No tenemos una certificación en tal sentido, solo la pueden hacer los médicos, la única es la que corresponde a las huellas que presenta en rostro que según esta clasificación son lesiones que no dejan cicatriz ni que comprometen algún órgano, esa es la clasificación médica que se tiene hasta hoy”, precisó en conferencia de prensa.

“La (declaración) más importante será la de él, que él nos platique que es lo que vivió y sucedió, será fundamental. Solo que no ha estado en condiciones de poder rendir la declaración que no obstante la edad que pudiera aparentar, es un menor de edad y hay que dar el tratamiento y debe estar con la presencia de sus padres en todo momento”.

Información: Icela Lagunas

Desde el 2009, CDHDF recomendó instalar cámaras de video en patrullas capitalinas

La desaparición de Marco Antonio se pudo haber evitado, si desde el 2009, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México hubiera acatado las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de poner cámaras y micrófonos en las patrullas.

El joven estudiante fue detenido por una patrulla de la SSP en Azcapotzalco y después no se supo nada de él hasta 5 días después cuando fue encontrado golpeado y desorientado en el fraccionamiento Alamos del municipio Melchor Ocampo, en el Estado de México.

“Quiero decirles que ha sido enviada una fotografía a los padres, y los padres de Marco Antonio Sánchez, tuve que hablar con su mamá y me dice que es su hijo, va a encontrarse con él”, dijo Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa para después hablar de los esfuerzos de su gobierno en materia de seguridad.

La primera recomendación de la CDHDF la hizo en 2009, cuando Mancera era el procurador de la capital, esta recomendación se volvió a hacer en 2016, cuando ya era jefe de gobierno.

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“La necesidad de vigilar a la policía se hizo patente en una importante cantidad de propuestas ciudadanas. En lo trazado por estas propuestas se encuentra, en uno de los polos, una importante solicitud de control físico y telemático de las y los policías – a través de cámaras y micrófonos”, señala la justificación de la recomendación del Informe especial sobre los derechos humanos de las y los agentes de las corporaciones de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal de 2009.

En 2016, luego de 17 casos de tortura y otras violaciones cometidas por servidores públicos del gobierno capitalino, la CDHDF volvió a recomendar cámaras y micrófonos a la SSP y a la PGJ.

“El programa de modernización deberá contemplar que dichas unidades cuenten con un sistema de localización satelital, de grabación visual y auditiva que no permita alteración alguna, así como un sistema de comunicación, que generen un registro inmediato de la detención de una persona”, señala la recomendación que debía de ser acatada en un plazo máximo de tres meses.

El gobierno de la ciudad y las instituciones de seguridad y procuración de justicia omitieron estas recomendaciones en dos ocasiones, en ambas casos, Miguel Ángel Mancera estaba al frente de la Procuraduría o de la jefatura de gobierno, por lo que activistas en pro de los derechos humanos le achacan responsabilidad en el caso de Marco Antonio.

“Mancera: la CDHDF te recomendó poner cámaras y micrófonos en las patrullas de tus policías en 2009, cuando eras procu, después lo hizo varias veces cuando eras jefe de gobierno, por ejemplo en 2016. Por eso decía que eres responsable de la desaparición forzada de Marco Antonio”, dijo al respecto Luis N. DEL Centro Prodh.

Información: Rubén Zermeño