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Reporte
Nacional
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PND2019

Los pilares para el desarrollo

Imelda García y Eduardo Buendía

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno federal pretende que el combate a la corrupción sea un eje transversal para impulsar el crecimiento del país y se contengan problemáticas como la inseguridad y la desigualdad


May 2, 2019
Lectura 11 min
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El combate a la corrupción ha jugado un papel transversal en muchas de las propuestas desde la campaña política del presidente Andrés Manuel López Obrador, además del combate a la inseguridad, a la pobreza y el restablecimiento del estado de derecho.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el problema de la corrupción vuelve a ser considerado un punto central y con su combate se busca erradicar las malas prácticas por parte de los funcionarios públicos y resarcir la desigualdad e inseguridad que imperan en el país.

El planteamiento del Gobierno federal insiste en el discurso de replantear las políticas económicas del país, sobre todo el terminar con un modelo neoliberal, al cual atribuye problemáticas como la pobreza y el beneficio a particulares por anteponer sus intereses sobre los públicos

En el caso de la política de desarrollo social, la gestión del presidente López Obrador apuesta por regresar al Estado de bienestar, pero de una forma distinta a lo que ocurría hace algunas décadas. En este modelo, el Estado estaba a cargo de regular múltiples aristas de la vida pública, desde los precios y disponibilidad de mercancías, el acceso a la salud y el manejo de las industrias estratégicas del país.

El PND establece como eje principal de la política social del nuevo gobierno llevar a la práctica el lema de “primero los pobres”, utilizado por López Obrador desde la campaña presidencial del 2006; para ello, repartirá miles de millones de pesos — sin especificar algún porcentaje del presupuesto público—entre los sectores más desfavorecidos.

El Gobierno federal también sugiere retomar el control de la educación y mejorar la calidad de la enseñanza pública, argumentando que con la política neoliberal se privilegió la privatización de este sector.

Corrupción y seguridad

En el Plan Nacional de Desarrollo se expone que la persistente corrupción y la impunidad en conjunto con la ineficiencia de la administración pública han derivado en la falta de garantía de derechos humanos, de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas.

“La corrupción junto con la impunidad que la acompaña son quizá el mayor lastre para el desarrollo de México, pues no solo implican que el quehacer gubernamental se vea vulnerado por anteponer el interés privado sobre el público, sino que se ve reflejado en una gestión ineficiente, ineficaz y opaca de los recursos públicos”, se lee en la introducción del documento

La erradicación de esta problemática es puesta como uno de los ejes transversales para “transformar la vida pública del país” y propone cinco puntos para ello.

Entre estos puntos se encuentran el promover el uso de tecnologías de la información y la comunicación para hacer más eficiente la rendición de cuentas; la integración de padrones de beneficiarios de programas sociales para evitar la malversación de fondos y que todo proceso de contratación de obra y servicios públicos se realice bajo un análisis riguroso de costo-tiempo.

En materia de seguridad, el PND sugiere seis estrategias para revertir la crisis de violencia e inseguridad que impera en el país; tan solo en 2018 hubo registro de más de 28 mil víctimas de homicidio doloso, situación que lo colocó como el periodo más violento en la vida reciente del país.

+28,000 asesinatos se registraron en el país durante el 2018, según cifras oficiales

El Gobierno federal propone promover mecanismos para la resolución pacífica de conflictos que propicien la reconstrucción del tejido social, impulsar programas y acciones para la prevención de violencia y del delito. También se buscará mejorar la coordinación territorial entre instancias de seguridad pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, así como fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública y penitenciarías.

Asimismo, el PND destaca que la creación de la Guardia Nacional forma parte de un nuevo paradigma para la seguridad pública.

Al respecto, la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, asegura que el PND carece de una estrategia de profesionalización de policías a nivel local y de la especificación de cómo actuarán en conjunto Guardia Nacional y cuerpos policiacos estatales y municipales.

“Parece que la Guardia Nacional será el único instrumento que usan para basar todo el planteamiento de seguridad aunque utilicen en otros rubros dichos como buscar la paz y no la guerra”, expuso en entrevista la legisladora, también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.

39.4 por ciento espera el Gobierno federal que sea el índice de percepción de inseguridad para 2024

Los indicadores con los que la administración federal se basará para evaluar estas estrategias serán la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de la población de 18 o más años.

En el 2017 la tasa de delitos fue de 39 mil 369 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el Inegi. La meta, es que para 2024 la tasa disminuya a 33 mil 219 delitos.

33,000 cifras oficiales delitos por cada 100 mil habitantes es la meta del PND para el 2024

Otro indicador será la percepción de inseguridad, mientras en el 2018 el 79.4 por ciento de los mexicanos dijeron sentirse inseguros en su entorno, el Gobierno federal procurará que para el 2024 esta percepción negativa se reduzca a un 39.4 por ciento.

La medición del plan para contener la inseguridad en el país no puede ceñirse a una cuestión de percepción, agrega Dávila Fernández.

“Me parece peligroso que la única estrategia definida del presidente es que en materia de seguridad se ponga a través de la percepción y no de una solución de fondo”

- Adriana Dávila

Diputada del PAN

Gobernabilidad y estado de derecho

La llegada de Morena al Poder Ejecutivo y la obtención de la mayoría en el Congreso de la Unión se ha caracterizado por impulsar modificaciones legislativas en torno a implementar mecanismos en la participación ciudadana.

Ejemplo de lo anterior es la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Constitución para la realización de consultas populares e incluir en elecciones intermedias una revocación de mandato, para que la ciudadanía decida si el presidente en funciones debe continuar desempeñando el cargo. Estas iniciativas se encuentran en discusión en el Senado de la República.

“Es fundamental no solo promover la participación de la ciudadanía en las elecciones – elemento clave de cualquier democracia– sino en el funcionamiento cotidiano del Gobierno de México, quien debe interactuar con la población, poniendo atención a sus demandas e incorporando sus propuestas”, señala el Plan.

En cuanto al estado de derecho, el Gobierno federal destaca que una de las acciones medulares será recuperarlo mediante la no intervención en las funciones de los otros Poderes de la Unión: el Legislativo y el Judicial

Para evaluar las condiciones del estado de derecho en el país se tomarán como base ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal.

‘Primero los pobres’

El gobierno del presidente López Obrador apuesta a regresar a un modelo de Estado de Bienestar, en el que este actúa como mediador para paliar la desigualdad social. Sin embargo, no sería el mismo modelo que se aplicó en el siglo pasado en el país pues ahora pretende mostrarse como “garante de derechos” en lugar de ser “gestor de oportunidades”.

Los programas sociales anunciados por el gobierno de AMLO pretenden disminuir la brecha de desigualdad que existe en el país mediante el apoyo a jóvenes, a adultos mayores y a personas con discapacidad

“Para edificar el bienestar de las mayorías se requería de una fuerte presencia del sector público en la economía, de enérgicas políticas recaudatorias y de una intervención estatal que moderara las enormes desigualdades sociales en las que desemboca, de manera inevitable, una economía de mercado sin control alguno.

“Así pues, hasta hace unas décadas era normal y aceptado que los países capitalistas industrializados, el Estado detentara el monopolio de sectores estratégicos como las telecomunicaciones o los ferrocarriles, la operación de puertos y aeropuertos, los sistemas de pensiones y, por supuesto, de los sistemas de educación y salud”, expone el texto.

Esta situación, que estuvo vigente desde 1917, año en que sus principios quedaron plasmados en la Constitución Política, y hasta 1973, año en que comenzó a aplicarse en México el modelo neoliberal.

El plan del Gobierno federal es volver a la aplicación de esas políticas, involucrándose en las esferas de la vida pública, pero con un ligero cambio.

“En muchos sentidos, sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador. Estas estrategias atenuaron, pero no erradicaron la pobreza y la miseria (…) (hoy) la sociedad es mucho más consciente y participativa y no toleraría un régimen autoritario como el que se mantuvo hasta el 2018”, señala el PND.

Para ello, la administración federal emprenderá diversos programas sociales que pretenden disminuir las condiciones de desigualdad social: el de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mediante el que se les entregarán mil 275 pesos mensuales, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que entregará 2 mil 250 pesos bimestrales.

3,600 pesos mensuales reciben los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro

Están también el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, con el que se entregarán 800 pesos mensuales a las familias que tengan a niños o jóvenes estudiantes; el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, un sistema de aprendices que entrega 3 mil 600 pesos mensuales a jóvenes sin experiencia, entre otros sistemas de apoyo.

Además, el Estado también plantea tomar en sus manos la salud pública, para lo que creará el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que atenderá a toda la población que no es beneficiaria del IMSS o el ISSSTE

Los beneficiarios tendrán acceso gratuito a atención médica, hospitalización, medicinas, materiales de curación y exámenes clínicos.

Restaurar la educación

La política de educación del Gobierno federal parte de la premisa de que el sistema educativo fue devastado por los gobiernos anteriores con una “estrategia perversa”.

El diagnóstico general es que en las administraciones pasadas se privilegió la privatización de la educación, lo que provocó que se descuidarán no solo los planteles educativos públicos, sino la calidad de la enseñanza.

100 planteles forman parte de las Universidades Benito Juárez para el Bienestar en todo el país

“Se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, medio y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precios inflados, se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales rurales y en el sexenio pasado se operó una mal llamada reforma educativa”, acusa el PND.

Los ejes rectores de la política educativa del gobierno obradorista son mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país; garantizar el acceso de los jóvenes a la educación, instituyendo como obligatorio el nivel superior; y revertir la reforma educativa del sexenio pasado

Para ello, se plantean varios programas. Uno de ellos es el de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que iniciaron sus actividades en marzo pasado, con 100 planteles en 31 entidades. En ellas se atenderá a 32 mil jóvenes, a quienes se les dará una beca de 2 mil 400 pesos mensuales.


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