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Una vez pasada la emergencia por el terremoto, el Estado enfrentará ahora el verdadero reto: dar soluciones a una sociedad que le exige aliviar su situación futura.

La escasez de agua, la reconstrucción de viviendas, la evaluación pública de la actuación de las autoridades en los trabajos de rescate, la mayor vigilancia para la exigencia de que los partidos políticos donen su dinero, la proximidad de las campañas políticas y su derroche; todos estos serán asuntos con los que las autoridades tendrán que lidiar en las próximas semanas.

El conflicto social que se gesta en las comunidades afectadas por el sismo escalará en los días siguientes; lo que ocurra en los meses por venir podría ser determinante para la historia del país, tal como ocurrió en 1985.

En México se está gestando una ola de inconformidad que exacerba la que los ciudadanos ya sentían desde tiempo atrás. Múltiples escándalos de corrupción, desconfianza en las autoridades de los tres niveles de gobierno, empeoramiento de las condiciones de inseguridad.

A todo esto se suma, después del desastre, la exigencia de actuar de forma rápida, eficaz y crear una estrategia para satisfacer las necesidades de la población afectada directamente y de quienes carecen de servicios o tuvieron afectaciones en su patrimonio.

Luego del terremoto del 19 de septiembre de 1985, a raíz de las múltiples protestas y grupos que surgieron del sismo por la incapacidad del Gobierno para dar respuesta a la situación, se creó un nuevo movimiento social que derivó en el fortalecimiento de la izquierda mexicana.

¿Podría ocurrir algo así a raíz del terremoto del 19 de septiembre del 2017?

1985: el año que cambió todo 

La reacción del Gobierno mexicano luego del terremoto del 19 de septiembre de 1985 provocó que la ciudadanía tomara en sus manos las labores de rescate.

Gobernaba entonces el presidente Miguel de la Madrid, quien pasó a la historia por el pasmo con que su gobierno enfrentó la tragedia.

“Estamos preparados para atender esta situación y no necesitamos recurrir a la ayuda externa. México tiene los suficientes recursos y unidos, pueblo y gobierno, saldremos adelante”, dijo De la Madrid en su primer recorrido por las zonas afectadas, según cita Elena Poniatowska en su libro “Nada, nadie: las voces del temblor” (Ediciones Era, 1988).

La sociedad civil fue la que tomó en sus manos el rescate de personas heridas o fallecidas; además, la falla en la atención de las necesidades de los damnificados provocó que estos se organizaran y comenzaran actividades como grupos de la sociedad civil.

En algunos lugares, como Tlatelolco, los damnificados hicieron campamentos donde permanecieron durante varias semanas, en espera de que el Gobierno resolviera la situación que enfrentaban por haber perdido total o parcialmente su vivienda.

Esto provocó movimientos sociales espontáneos, pero fueron aprovechados también por algunos personajes que gracias a ello formaron una base social que luego le sirvió para sus fines políticos.

Dos ejemplos fueron la Coordinadora Única de Damnificados, que formaron René Bejarano y Dolores Padierna; o la Asamblea de Barrios, creada por Marco Rascón. Ambos movimientos formaron parte y apuntalaron, más tarde, al PRD.

La lección que dejó el terremoto de 1985 para el Estado fue que debe atender las necesidades ciudadanas de forma efectiva y transparente. ¿Ocurrirá así en 2017?


En 1985 surgieron grupos como la Coordinadora Única de Damnificados, de René Bejarano y Dolores Padierna; o la Asamblea de Barrios, de Marco Rascón

Agua, el añejo conflicto


Ciudadanos bloquearon vialidades para reclamar la falta de líquido cuando ya habían transcurrido 72 horas de sequía tras el sismo

Junto con la energía eléctrica, el servicio de agua potable es uno de los más necesarios para las personas. No tener agua potable en casa impacta no solo en la limpieza propia y del hogar, sino que puede tener un efecto negativo en la salud y propagación de enfermedades.

Por ello, para las autoridades fue urgente reestablecer el abasto del vital líquido lo más pronto posible.

Aún así, apenas 72 horas después de que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre pasado, los ciudadanos de algunas zonas bloqueaban ya algunas vialidades para reclamar la falta de agua.

La Comisión Nacional del Agua reportó seis fugas en la línea de conducción del ramal Tláhuac-Santa Catarina y afectaciones en siete pozos del ramal Texcoco.

Estas fugas afectaron el suministro de agua en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl y en una parte del municipio de La Paz, en el Estado de México; así como en el oriente de la delegación Iztapalapa y en una parte de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México.

Estas zonas –y muchas otras- ya tenían problemas con el suministro del vital líquido, por lo que la situación después del terremoto empeoró.

Además de las fallas en las instalaciones de Conagua, se registraron también múltiples fugas que obligaron a restringir o cerrar el suministro de agua mientras se reparaban las fallas.

Los vecinos de colonias de Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac o Iztacalco padecieron sin agua y muchos acusaron que los apoyos no eran repartidos equitativamente.

En colonias como la Leyes de Reforma, en Iztapalapa, la gente cerró algunas calles con piedras y autos, en protesta porque no les habían enviado pipas para sus necesidades elementales.

En esa delegación, algunos habitantes organizaron la recolección de garrafones de agua, pues se prevé que la escasez sea larga; así, quienes tienen un poco más del líquido lo comparten con quienes tienen menos.

Tan solo en Nezahualcóyotl, el municipio más densamente poblado del país, resultaron afectadas 500 mil personas por la falta de agua.

Esta semana deberá quedar reestablecido el servicio de agua potable; de lo contrario, los conflictos sociales podrían multiplicarse.


Nezahualcóyotl, el municipio más densamente poblado del país, sufrió por la falta de agua que afectó a 500 mil personas

La reconstrucción


Analistas anticipan que la actividad económica se verá seriamente afectada en Chiapas y Oaxaca, estados de por sí en situación crítica de pobreza

Los terremotos del 7 y el 19 de septiembre, que afectaron a los estados de Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla  y Morelos, entre otros estados, dejaron miles de damnificados.

En Chiapas, por ejemplo, hubo 80 mil viviendas dañadas; en Oaxaca, 60 mil, por el terremoto del 7 de septiembre. Del ocurrido el día 19, todavía no se tiene una cifra exacta.

No solo se perdieron casas, sino también oficinas y negocios. La actividad económica se verá seriamente afectada –sobre todo en Chiapas y Oaxaca- y esa propia desaceleración afectará la condición ya de por sí crítica en cuanto a pobreza.

Un estudio del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), sostiene que los próximos 12 meses no serán nada halagüeños para Oaxaca y Chiapas, pues no solo se dañaron viviendas, sino centros de trabajo e infraestructura importante, lo que les impedirá retomar su dinámica normal de vida.

“Si en los próximos dos años se soslaya la restauración, esta población no recuperará lo ya perdido, pues ocupa los lugares más bajos en el desarrollo humano municipal, por lo que la mezquindad política puede agravar aún más la situación social”, expone LACEN en su análisis.

Ignacio Martínez, coordinador del LACEN, sostuvo que para reconstruir lo que fue devastado por los sismos en todos los estados se necesitarían alrededor de 29 mil millones de pesos y el Fondo Nacional de Desastres (Fonden) solo tiene asignados 9 mil 500 pesos para este año. Con esas cifras, el Gobierno federal no tendrá la capacidad económica para enfrentar el reto.

“Para el 2018, el INE otorgará a los partidos 6 mil 702 millones de pesos; al Poder Legislativo –o sea, a los mismos partidos-, 15 mil 400 millones de pesos”, expuso, lo que suma 22 mil millones de pesos que bien podrían servir a esos fines.

Sin embargo, aunque los primeros meses se espera un impacto negativo en la economía, las labores de reconstrucción podrían traer un crecimiento de empleo e inversión en las zonas afectadas por el terremoto.

En año electoral


Los partidos políticos enfrentan un escenario complicado: comprometer recursos de la campaña en pro de los damnificados limitará su estrategia; no hacerlo, les traerá el rechazo de la población

La devastación evidente de cientos de inmuebles en los estados afectados por los dos sismos trajo de inmediato una idea ciudadana en las redes sociales: que los partidos políticos donen el dinero público que reciben para la reconstrucción.

La propuesta tuvo éxito en redes sociales. En la plataforma Change.org, un ciudadano de Monterrey, de nombre Alfredo Aguirre, logró el record de participación en la recolección de firmas para pedir “Debe INE donar los casi 7,000 millones de los partidos a víctimas del sismo 7/19 de septiembre”.

“Muchas personas, familias, niños, niñas, han quedado en condiciones críticas. Es decir, sin hogar, sin comida, sin agua, sin ropa, y lesionadas, otras han fallecido y dejaron desamparadas a sus familias, necesitan mucha ayuda económica.

“No es justo destinar tanto dinero de nuestros impuestos a los partidos políticos si miles de mexicanos sufren ante esta enorme tragedia. Todos debemos apoyar”, escribió Aguirre en su petición, que ya lleva casi 2 millones de firmas recolectadas.

Lo mismo ocurrió con la petición hecha en la misma plataforma por Begoña Hernáiz, quien pidió al Senado y a la Cámara de Diputados canalizar los recursos de los partidos a las zonas afectadas, teniendo casi 1.5 millones de firmas.

La exigencia de los ciudadanos, popularizada en redes, llega a los partidos políticos a unos días del comienzo del proceso electoral del 2018, que será el más caro de la historia del país.

Las precampañas y campañas políticas se desarrollarán en medio de las tareas de reconstrucción y a pocas semanas de la emergencia.

“La gente no necesita spots ni pancartas de partidos que ya conoce. Necesita alimento, refugio y seguridad”, escribió Efraín Mercado en otra petición similar que casi ha recogido 1.5 millones de simpatizantes.

Al clamor se sumó incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pidió que el 30 por ciento de los recursos de los partidos políticos sean destinados a la reconstrucción.

Los partidos políticos han respondido de forma tímida; si la petición ciudadana es ignorada, la inconformidad ciudadana hacia la clase política crecerá.

Por ello, los partidos políticos tienen ante sí un escenario complicado: por un lado, comprometer recursos de la campaña del 2018 les impedirá hacer gastos multimillonarios en eventos, dádivas o compra de votos; no hacerlo, les hará ganar aún más el rechazo de una población que no cree en su clase política.

El tema se convertirá, sin duda, en un factor de decisión para los votantes en la elección presidencial del 2018.


“No es justo destinar tanto dinero de nuestros impuestos a los partidos políticos si miles de mexicanos sufren ante esta enorme tragedia. Todos debemos apoyar”

Iniciativa

En la plataforma Change.org, con más de 2 millones de firmas

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