El mercado eléctrico en México podría colapsar si no se generan acuerdos entre la inversión privada y el Gobierno federal, el cual pretende dar condiciones de dominancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la iniciativa a la industria eléctrica preferente enviada al Congreso de la Unión por el presidente.

La aprobación de la reforma a la Ley de la industria Eléctrica, podría tener un impacto en los planes de inversión en materia energética de empresas extranjeras que ya operan en el país e, incluso, violar acuerdos comerciales y climáticos internacionales, advierten especialistas consultados por Reporte Índigo.

“El problema no es ideológico ni político, el problema es una falta de coordinación entre la parte pública y la privada para lograr lo mejor para el mercado eléctrico, porque ahora cada quien pelea su negocio y lo único que vamos a lograr es colapsar al mercado eléctrico”, señala Ramses Pech, asesor de la industria energética.

El especialista explica que el objetivo principal de la reforma es recuperar el mercado y los ingresos que está “perdiendo” la empresa estatal frente a las privadas en materia de venta y generación de energía, pero también destaca que si la CFE no cumple con su meta de conversión a energías limpias y baratas, podría impactar directamente en los costos del servicio que ofrece a los usuarios.

La iniciativa enviada el pasado lunes a la Cámara de Diputados, con carácter de trámite preferente por parte de Andrés Manuel López Obrador, propone la modificación del mecanismo del despacho de las centrales eléctricas para dar prioridad a las hidroeléctricas de la CFE, después a las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, las geotérmicas, las de ciclos combinados y las termoeléctricas, seguidas de Centrales de Ciclos Combinados de productores independientes.

Las centrales eléctricas eólicas y solares, así como las de ciclos combinados de empresas privadas, estarían en tercer y cuarto término de prioridad.

Con este cambio de reglas, el Gobierno federal pretende dar preferencia a las plantas de CFE para que puedan comercializar la electricidad a mayor volumen e incluso vender más al sector industrial y agrícola que representan mayores ganancias que el suministro doméstico, explica Pech.

Otro punto relevante de la propuesta es eliminar la obligatoriedad de comprar por subastas el Suministrador de Servicios Básicos, bajo el argumento de que es una “perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE”.

“Esto significa que la única forma que pueden contratar electricidad será por medio de la licitación restringida o asignación directa, volveríamos al viejo régimen de antes de 2014 y se podría prestar a corrupción.

“Las subastas las hacen en todos los países, es un proceso en el que yo hago pública la demanda del servicio, lo abro y cada quien presenta el costo que cree conveniente”, detalla Pech.

Estos intentos por recuperar la capacidad de generación de la CFE, que también se advierten en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034, podrían ser insuficientes para garantizar el suministro básico de electricidad para toda la población, campo e industria.

“CFE deberá invertir en sus plantas en forma más eficiente, lo cual está contemplado dentro de su plan de negocios, pero dependerá de los recursos financieros a los que tenga acceso en el mercado y el presupuesto que la nación pueda otorgar. Además, como no ha habido inversión en la parte de las líneas de transmisión en los últimos dos años, se podría ocasionar dentro del corto plazo un incremento en los costos”.

La iniciativa incluye obligar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revocar permisos de autoabastecimiento eléctrico, al señalar que este esquema permitió la expedición de permisos a empresas cuyo objetivo primario no es la producción de energía eléctrica para su consumo, sino para la satisfacción de necesidades de terceros.

Bajo este supuesto, empresas de la industria eléctrica ya establecidas en el país que no son precisamente del ramo energético y generan su propia electricidad, podrían verse afectadas, advierte Valeria Moy, presidenta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Respecto al otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, se propone entregarlos a todas las centrales eléctricas sin importar la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales, con el objetivo de “fomentar un mercado de competencia igualitaria que reconozca la generación de energía eléctrica a partir de energías limpias para todos los generadores”.

“En el Acuerdo de París, México se comprometió a que 35 por ciento de la energía que generará iba a ser limpia, para medir eso se utilizan los Certificados de Energías Limpias, lo que se permite ahora es que CFE independientemente de la planta que sea, pueda tener un certificado de energía limpia, eso es una simulación en materia de acuerdos”, advierte Moy.

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