Una verdadera apertura parlamentaria y que exista la progresividad en derechos son los principales desafíos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que está por iniciar el 1 de septiembre.

En estos temas, la histórica primera Legislatura falló, opinan especialistas. Tenía que ser un Parlamento Abierto, pero el partido Morena aprovechó su mayoría para aprobar reformas en temas que repercuten en la vida social de los capitalinos sin escucharlos.

Por ello, expertos en desarrollo democrático indican que la nueva conformación del Congreso (más equilibrada que la primera), debe contribuir a empoderar a la ciudadanía y privilegiar el diálogo, en lugar de aprobar leyes por voluntad de una mayoría parlamentaria.

La Segunda Legislatura del Congreso capitalino tomará posesión el 1 de septiembre y aunque Morena será mayoría, no tendrá la misma fuerza que en la anterior y contará con menos curules.

La bancada por sí sola ya no tendrá la mayoría simple que le permitía hacer modificaciones legales sin consenso: en la próxima legislatura tendrá 31 diputados a diferencia de los 34 que tenía en la primera.

Mientras que la alianza opositora —que integran el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)— también tendrá 31 representantes populares.

Por su parte Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) apenas suman en conjunto 4 legisladores.

Atropellos por mayoría

En el segundo Congreso de la capital ya no deben existir atropellos de la mayoría. Por ejemplo, la primera generación votó reformas a la ley en temas como la participación ciudadana, la planeación y otros como el desarrollo urbano y el democrático sin establecer un diálogo, dice Claudia Guzmán, presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (IDdeco).

Lo anterior va en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México que estipula que el Congreso local debe ser abierto y todas sus iniciativas y dictámenes deben pasar por un proceso de consulta ciudadana e integrar sus observaciones.

Sin embargo, dice Guzmán, hubo leyes y modificaciones que se votaron en contra de la voluntad popular y sin abrir espacios para el intercambio de ideas. Incluso, hubo acciones legales para revertirlas.

Reporte Índigo publicó el 22 de enero de 2020, en el texto “Congreso CDMX: Tropiezo a la vista”, que las leyes de Participación Ciudadana, la de Planeación Democrática; así como la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (todas aprobadas durante la Primera Legislatura que inició en septiembre de 2018) enfrentan 6 amparos o acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la ciudadanía.

No obstante, considera la especialista, el Congreso no solo no respetó su principio de parlamento abierto al aprobar leyes sin abrir el diálogo, sino que transgredió la progresividad del derecho.

Un ejemplo de que la progresividad se vio afectada es que en la más reciente reforma a la Ley de Participación Ciudadana —aprobada el pasado 7 de agosto pasado— se devuelve a los alcaldes la facultad de ejercer el Presupuesto Participativo cuando el marco legal establecía que la ciudadanía a través de sus Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) y de Comités de Vigilancia en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) eran los encargados de la ejecución de dicho recurso.

“Se violó el derecho de la ciudadanía y se devolvieron facultades sin motivo a los alcaldes sin argumentos”, declara.

Fortalecer diálogo en la Segunda Legislatura

La nueva conformación del Congreso en la Segunda Legislatura es más equilibrada, ningún partido tiene la mayoría absoluta y esto tiene que favorecer el diálogo para avanzar hacia un Estado abierto, señala Claudia Guzmán.

“Siempre debe haber diálogo, siempre, pero me parece que en la Segunda Legislatura se puede retomar como una herramienta virtuosa en el trabajo legislativo y no solo que se aprueben reformas por la mayoría con solo levantar la mano”, indica.

Por otra parte, menciona que se deben corregir los agravios en la progresividad de derechos que se cometieron.


“En un Parlamento Abierto, la ciudadanía debe participar en las decisiones legislativas pero se debe progresar, llegar a más y tener un Estado abierto constituido legalmente”

Claudia Guzmán

Presidenta ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad

La presidenta del IDdeco afirma que en un Estado abierto, las autoridades junto con la ciudadanía tienen que decidir juntos las políticas públicas que se deben tomar.

“Es muy importante que se avance hacia un estado abierto, no solo un Congreso Abierto, que sea la ciudadanía la que decida y trabaje en colaboración con autoridades de la ciudad en las medidas y políticas que se deben llevar a cabo para mejorar”, refiere.

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