"Nos oponemos a que todo lo que sea trato cruel, inhumano(...); estamos en favor de que se haga distinción entre trato cruel e inhumano”

Isabel Miranda de Wallace

Activista


"No podemos eliminar la tortura si no actuamos en casos que parezcan pequeños, en detenciones arbitrarias”

Miguel Sarre

Ex miembro del Subcomité para la Prevención
de la Tortura de la ONU


El presidente propone penas de 10 a 20 años de prisión para quien cometa tortura; de 8 a 16 años para al servidor público que la ejecute

Después de años en que el tema de la tortura no fue más que un discurso sobre lo urgente que era legislarlo, finalmente el Congreso de la Unión comenzó ayer con el análisis de las iniciativas presentadas que derivarán en una nueva legislación para prevenirla, combatirla y castigarla.

Las propuestas han sido numerosas.

En la anterior Legislatura (2012-2015) se presentaron más de 30 iniciativas donde en algún punto se buscaba castigar la tortura. En la 63 Legislatura, que comenzó en septiembre del 2015, han sido dos.

En ambas propuestas se establecen tipos penales, sanciones, mecanismos de prevención y de reparación para las víctimas.

Para los expertos, el marco legal con el que se busque erradicar la tortura no debe tener espacio para la impunidad de los servidores públicos que cometan este delito, y definir claramente los tipos penales para identificar estos delitos.

Aunque ha habido muchas propuestas que en algún momento tocan el tema de la tortura, las que están ahora en el radar del Senado son dos.

La primera es la enviada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre del 2015, que forma parte del Decálogo de Seguridad que presentó en diciembre del 2014.

La segunda, presentada por la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, llegó al Senado en octubre del 2015.

Las dos coinciden en expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Y aunque ambas proponen derogar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura –que data de 1991- y expedir una nueva legislación, tienen algunas diferencias.

La iniciativa del Ejecutivo federal reconoce que la tortura es un problema que afecta al país, aunque con diversos matices y presencia en los estados.

“El costo social de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes es muy alto. Al ser delitos que se cometen por servidores públicos o particulares instigados, autorizados o compelidos por servidores públicos, el reclamo por estas conductas es mayor, más aún cuando los agentes del Estado, derivado de su empleo o cargo público, tienen el deber de cuidado y protección de los gobernados”, sostiene el Gobierno federal.

La iniciativa presidencial propone que los delitos de tortura y tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes se persigan de oficio. Las autoridades competentes tendrán la obligación de iniciar una investigación ante cualquier noticia o indicio que la presuma.

Los delitos serán imprescriptibles; no vencerá el plazo en que pueda castigarse la comisión del delito.

En la iniciativa se proponen dos tipos penales: la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Además, establece delitos vinculados, como el incumplimiento injustificado del servidor público que tenga conocimiento de la comisión de tortura y se abstenga de denunciarlo; y la conducta injustificada de los servidores públicos para impedir el acceso a los lugares de privación de libertad para que las autoridades investiguen.

El presidente propone penas de 10 a 20 años de prisión para quien cometa tortura; de 8 a 16 años de cárcel para la “tortura equiparada y tortura por el servidor público de jerarquía superior”.

Si la tortura es cometida por particulares, el castigo será de 12 a 16 años de prisión.

En el caso de los tratos o penas crueles, tendrán de uno a 9 años de prisión, si se trata de servidores públicos; y de 3 a 5 años, para particulares.

Hay agravantes de hasta una mitad de la pena; y atenuantes hasta de una tercera parte, en casos donde haya colaboración para la persecución de esos delitos.

La pena aumentará en una mitad cuando la víctima muera o tenga una pérdida material o funcional de órganos o miembros, como consecuencia del delito; que sea una mujer en estado de gravidez, una niña, un niño o una persona mayor de 70 años, una persona indígena, migrante o con discapacidad.

Que se haya sometido a cualquier forma de violencia sexual; o se realice para ocultar información o impedir que las autoridades tengan conocimiento de hechos para investigar otro delito.

El Ejecutivo propone también que las pruebas obtenidas mediante tortura se consideren ilícitas; y crear unidades especializadas en la federación y los estados.

Se echará a andar un programa nacional de prevención y sanción; se trabajará en medidas de atención, asistencia y ayuda a las víctimas, de reparación integral y protección a las personas.

El presidente plantea la creación del Registro Nacional de los Delitos de Tortura, que incluirá todos los datos de los hechos de tortura, así como a las autoridades señaladas como responsables, el estatus de las investigaciones y la información de la víctima.

Castigar también la tentativa

La iniciativa presentada por la senadora Angélica de la Peña propone que en el tipo penal sea establecido que el delito lo comete el servidor público que, “con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin, realice una conducta por la cual se cause a una persona sufrimiento físico o mental, o que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o sicológica, aunque no le cause dolor físico o angustia síquica”, señala la iniciativa.

La senadora propone una pena de 7 a 20 años de prisión, así como otras sanciones monetarias y de inhabilitación en el servicio público.

En la iniciativa se establece que no solo se debe castigar la tortura cuando se comete, sino la tentativa de tortura.

“Consideramos que cualquier conducta que cause sufrimiento o angustia psicológica constituye en sí misma la comisión del delito mismo. Por ello, la simple amenaza de tortura, constituye tortura”, expone la propuesta.

Existen en el texto varios agravantes que podrían potenciar la pena que se aplique a quienes cometan actos de tortura o tratos crueles.

Los agravantes son que la conducta “sea inferida en agravio de una mujer, mujer que se encuentre en estado de gravidez, niña, niño, persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, afrodescendiente, adulto mayor, indígena, migrante, periodista, defensor de derechos humanos, persona que presente alguna discapacidad física o mental, persona que no tenga la capacidad para resistir el hecho o por razón de la orientación sexual o identidad de género de la víctima”.

También si hay cualquier alteración en la salud psíquica o física u otra alteración que perturbe o inutilice cualquier órgano, miembro, función o facultad mental; si la víctima comete suicidio; o que sea parte de un “ataque generalizado” en contra de la población civil.

También será un agravante que la tortura se cometa en el marco de una detención arbitraria o ilegal.

La iniciativa de la senadora establece que cualquier elemento, dato o prueba obtenidos mediante la tortura o tratos crueles, se consideran ilícitos, por lo que serán nulos.

Se propone además que haya un registro de detenciones en México, y que los agentes policiales que realicen detenciones cuenten con un dispositivo electrónico de geolocalización y envío de datos.

Los policías que hagan cualquier detención, deben realizar un reporte pormenorizado del lugar, hora y circunstancia de la aprehensión; con el geolocalizador quedará constancia del trayecto que hagan desde el momento de la detención hasta que es entregado a las autoridades.

Se deben crear unidades especializadas en todo el país, tanto federales como locales.

Y se establece que las víctimas de tortura deben ser atendidas y debe haber una reparación del daño.

Expertos piden cambios

Convocados por las cuatro comisiones que llevan el estudio del tema en el Senado –Justicia, Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos-, expertos en temas jurídicos pidieron realizar algunos cambios a las iniciativas, en la jornada de audiencias públicas sobre la ley.

Miguel Sarre, académico del ITAM y quien fuera miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, alertó sobre la impunidad que rodea al delito de la tortura, que tiene como causa la impunidad en otros delitos.

“Se deben considerar también los delitos autónomos, conexos, como el allanamiento de morada, el robo cometido por los servidores públicos, la extorsión, la falsedad, el abuso de autoridad, etc., porque estos delitos –sobre todo la detención arbitraria- constituyen el caldo de cultivo para la tortura.

“No podemos eliminar la tortura si no actuamos en casos que parezcan pequeños, en detenciones arbitrarias. No tenemos una sola condena en este país por detención arbitraria”, expuso.

Sarre pidió que los jueces no solo tengan que “dar vista” del delito de tortura a otras autoridades, sino que esta “vista” tenga efectos de denuncia para que se pueda perseguir.

Sugirió también que se trabaje más en que no haya impunidad en las penas.

Julio Hernández Barros, miembro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sostuvo que la tortura es “una de las prácticas más perversas que el ser humano puede tener”, por lo que es importante trabajar con urgencia en esta legislación.

José Antonio Guevara, activista y primer vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, requirió a los senadores que se pudiera eliminar el segundo tipo penal que propone la iniciativa presidencial, que separa la tortura de los tratos crueles, porque sería problemático.

En lo mismo coincidió Carlos Ríos, consultor jurídico y excomisionado de la CEAV, quien advirtió que puede caerse en la tentación de suavizar la gravedad del delito de tortura.

“El tipo penal de tratos crueles, inhumanos y degradantes, inevitablemente provocará el deslizamiento de la conducta; en lugar de tipificar la conducta como tortura, se procederá a bajarle un poco el grado. Y eso, en los hechos, va a crear la condición inherente de que la tortura debe producir efectos graves”, explicó Ríos.

Isabel Miranda de Wallace, activista y presidenta de la organización Alto al Secuestro, pidió que no se eliminen todas las pruebas obtenidas mediante tortura, porque pueden ser importantes para el proceso.

“Nos oponemos a que todo lo que sea trato cruel, inhumano o degradante, a rajatabla, anule la prueba; estamos en favor de que se haga la distinción entre trato cruel e inhumano”, indicó Miranda.

Sugirió además que todas las detenciones sean grabadas, para dar certeza jurídica a todas las partes.