Infancia obligada a laborar por pandemia
El impacto negativo que dejará la pandemia de COVID-19 en la economía de millones de familias en el país orillará a que niñas y niños deban trabajar para que sus hogares cubran sus ingresos básicos, especialistas y la sociedad civil afirman que esto será un retroceso en el intento de acabar con la explotación infantil
Montserrat SánchezDebido a la pandemia por COVID-19, en México entre 21 y 30 mil niños y niñas podrían incorporarse al trabajo para poder solventar las necesidades básicas de sus familias.
Organizaciones en defensa de los derechos de la infancia afirman que el trabajo de menores de edad se convierte en una estrategia de sobrevivencia para las familias, pero esto significa un retroceso, pues cuanto más tiempo se invierta en que los niños laboren, disminuirán sus oportunidades para desarrollar y potenciar habilidades que puedan romper el círculo de la pobreza en el que viven.
De acuerdo con el estudio “Infancia con derechos. Trabajo infantil y Trabajo infantil forzoso en México” elaborado por la Red de Mujeres Sindicalistas, de los más de 29 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, casi 11 por ciento se encuentra en condiciones de trabajo, de esta cifra alrededor de 4.5 por ciento realiza actividades peligrosas que ponen en riesgo su vida.
Alicia Vargas, consejera directiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), menciona que la crisis económica que se agudizó en el país por la pandemia y el confinamiento afectó de manera más profunda a las familias de escasos recursos, pues disminuyó su capacidad de tener ingresos.
La pandemia vino a reflejar aún más que el Estado no tiene una respuesta como se esperaba para ayudar a las familias, no se les dio soporte y esa fue una de las causas por las cuales se vieron rebasadas por las circunstancias y recurrieron al trabajo de los menores
Por su parte, Miguel Ramírez, coordinador de Incidencia Política para temas de Trabajo Infantil de Save The Children, recalca que según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el aumento del empleo infantil que se espera con motivo de la pandemia será un retroceso de hasta dos años en las políticas públicas para combatir el problema.
“Los derechos afectados de los menores de edad serán primordialmente la educación, el libre desarrollo de su persona, al juego y esparcimiento y la protección de su integridad pues quedan expuestos al aceptar trabajos forzosos que se traducen en explotación”, detalla Ramírez.
El análisis sobre esta problemática que elaboró la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en 2019, reveló que 3.6 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años trabajan a lo largo de todo el país. De ellos, 1.2 millones eran en ese momento menores de 14 años que laboraban sin ninguna regulación o supervisión legal, en vulnerabilidad y desprotección de sus derechos humanos.
“En la actualidad no tenemos reconocimiento del niño trabajador como sujeto que puede ser partícipe de los temas que les competen, ojo, hay niños trabajadores desde hace mucho tiempo, resultaría una ofensa que nuestras políticas de trabajo y el propio gobierno omitieran que en este país la infancia ha jugado uno de los principales roles en el sostenimiento de la economía, por ello es inaceptable que se les deje de lado a los menores”, añade Vargas.
El estudio elaborado por la CDHCM muestra que el 23.3 por ciento de los niños y niñas que se mostraron a favor de un empleo mencionaron que fue para pagar su escuela o cubrir sus propios gastos, el 22.5 por ciento dijo que era para apoyar con ingresos a su hogar, el 22.4 por ciento comentó que lo hacía por ayudar o por “gusto”, mientras que el 13.5 por ciento sostuvo que lo hacía para aprender un oficio.
La batalla sin respaldo
Pese a los tratados internacionales y las leyes nacionales, las organizaciones de la sociedad civil sentencian que en México la intención de proteger a la infancia no cuenta con el respaldo de las autoridades.
Para Alicia Vargas las soluciones que el Estado ha ofrecido para enfrentar la pandemia solamente se han abordado desde el ámbito de la salud y no se contempló los daños sociales para los sectores de la población más vulnerable.
“Se empezaba a tener una escala de mejoramiento para disminuir el trabajo infantil y en este año regresamos a cifras que teníamos desde los 80 o 90 cuando niños de nueve años trabajaban en la calle. Para 2017 cuatro millones de niños laboraban en el país y en 2019 ya eran 3.3 millones de niños sin reflejar en lo absoluto la realidad de este año”, puntualiza la consejera directiva de Redim.
Entre los motivos que los menores mostraron a favor del empleo, según un análisis de la CDHCM de 2019, fueron pagar su escuela, cubrir sus propios gastos, apoyar al ingreso de sus hogares, por ‘gusto’ o para aprender un oficio
Según los expertos, el trabajo infantil perpetúa la pobreza porque el ingreso por sus labores no permite resolver las causas internas que orillan a la familia a mantener a sus hijos trabajando, al contrario, aunque se logra atender lo inmediato, a la larga las condiciones de la familia no conducen a mejorar la calidad de vida, solo perpetúa y agudiza la pobreza.
Además, a los menores no se les permite el desarrollo de nuevas habilidades intelectuales calificadas o tecnológicamente más desarrolladas que alimenten las capacidades y habilidades que le exige la economía de mercado actual.
“Para frenar el problema no es suficiente sacar del centro de trabajo al niño sino que se requiere atención del Estado, padres con trabajos dignos y remunerados suficientemente para que un menor no entre a trabajar, debe quedar claro que el trabajo infantil no es preparación para la vida adulta”, sostiene Ramírez.
Entre las acciones para luchar en la prevención del trabajo infantil, el informe subraya atender la tendencia de incremento de la pobreza y pobreza extrema y considerar dar empleo de calidad a los adultos responsables de los niños y de las niñas.
Además, las organizaciones hacen un llamado a las autoridades para centrarse en el fortalecimiento de programas de apoyo a las familias, especialmente a las más pobres.
En el caso de las y los adolescentes trabajadores, las políticas públicas para ellos deben estar orientadas a proteger sus derechos para que las actividades laborales que realizan sean en condiciones de respeto a sus derechos y trabajo digno (seguridad, higiene, legalidad, etc.), sin perjudicar su formación académica ni profesional.
“Un país que no pone en el centro de su desarrollo el interés superior de la infancia pierde el sentido de cómo va como nación”, concluye Vargas.
