La organización Tojil considera que las medidas implementadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) para la consulta de las declaraciones como la de Emilio Lozoya contravienen los principios constitucionales de publicidad de las audiencias.

“Desde nuestra perspectiva, ahora (con la pandemia), con mayor razón, esas medidas infringen lo que establece la Constitución en cuanto a la publicidad de las audiencias penales”, apunta Estefanía Medina, abogada de la organización.


Mientras que en países de Latinoamérica como Perú y Brasil se hacen públicas las audiencias en torno al caso de presuntos sobornos de la empresa Odebrecht, en México existen todavía muchas limitantes

La especialista considera que esto incide en dos efectos negativos, por un lado se transgrede el derecho humano a la información -que afecta sobre todo a periodistas y sociedad en general- y además en que puede traer problemas a nivel procesal.

“Al final de cuentas se está violando una garantía constitucional que debería aplicar para víctimas y ofendidos y que sería muy grave que la clase de asuntos de gran calado que sabemos que se han estado llevando a cabo en estos momentos, se puedan ver afectados por este incumplimiento en la publicidad”, explica.

De acuerdo con Estefanía Medina, al difundir algunas de las frases más importantes sobre las audiencias e implementar esta serie de requisitos para revisar las audiencias, el Poder Judicial limita el derecho a la publicidad.

“Los mensajes de WhatsApp son un medida limitada que no tiene nada que ver. Ellos quizás enfocados en su deber de informar, pero sin duda alguna esa medida no da cumplimiento al deber de la publicidad de las audiencias penales, que es un deber constitucional”, explica la abogada.

La experta indica que México viene de un sistema de justicia desastroso y opaco y han sido muchos años para reconocer los derechos como el carácter público de las audiencias penales.

“No podemos dejar que, simplemente por las sinergias de opacidad que existen en instituciones como el Poder Judicial y el deseo que tienen de seguir ocultando lo que ocurre en estos procedimientos, nuestros derechos se vayan hacia atrás”, explica.

Asimismo, la pandemia por COVID-19 no puede ser un pretexto para pasar de largo la obligación de la publicidad.

“Hasta el momento, el Poder Judicial ha hecho caso omiso a ese deber constitucional y solo ha dado acceso cuando se le solicitan las audiencias”, detalla.

Considera que la libre consulta de los videos tiene que ser una insistencia que compete a todos los ciudadanos, especialmente a los periodistas y a los abogados, pues es imposible que retengan toda la información de una audiencia tan extensa sin derecho a hacer apuntes.


Me parece absurdo porque se supone que si son periodistas y son audiencias que duran muchísimas horas, que además tienen muchísimos datos, esta forma de dar aparentemente acceso no se vuelve más que una simulación, ya que en los hechos no permite garantizar el derecho a estar informado y a la publicidad de las audiencias

Estefanía Medina

Abogada Tojil

Considera preocupante que mientras en países de Latinoamérica como Perú y Brasil se hagan públicas las audiencias en torno al caso de presuntos sobornos de la empresa Odebrecht, en México existen todavía muchas limitantes.

El ‘tiempo’ de Lozoya

Las campañas electorales que vienen enfrentarán a la clase política y a la sociedad.

Este será el momento de Lozoya, ya que su caso se utilizará para incidir en la agenda del 2021, cuando se desarrollen las elecciones más grandes de la historia de México.


No es que sea válido o no. No me gustaría calificarlo de alguna manera. Creo que es parte del proceso de la política mexicana el hecho de utilizar la justicia para fines electorales. Aquí hay que establecer que es una justicia mediática; que se utiliza para lograr objetivos políticos

José Manuel Urquijo

Analista político

Además explica que el objetivo de esto es que todo lo que estuvo mal en el pasado la gente lo recuerde y no quiera regresar a eso, para eso sirve el caso Lozoya, apunta el especialista en política.

Lo importante es que Emilio Lozoya tenga derecho a debido proceso y se le finquen sus responsabilidades de acuerdo con las leyes.

“La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. No más, pero tampoco menos. Y en el caso de Emilio Lozoya también, hasta qué punto estuvo involucrado en esta trama de Odebrecht y el desfalco a Pemex.

“Simple y sencillamente que se le castigue por los hechos que él cometió. Ya el tema del uso político que se le da a la información que él está revelando, ahí me parece que sí pudiera ser cuestionable, pero es parte de los procesos políticos”, apunta el especialista.

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