El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Ejecutivo federal por no proponer las tres candidatas comisionadas que faltan en el órgano regulador.

En la XVII sesión ordinaria realizada el pasado 17 de agosto, el Pleno avaló por unanimidad la propuesta del Comisionado Presidente por suplencia, Javier Juárez Mojica, de entablar dicho juicio que se presentó este lunes ante la SCJN.

Cabe señalar que el proceso de selección de comisionados del IFT, previsto en el artículo 28 constitucional, establece que el Ejecutivo Federal debe elegir a los candidatos de una lista enviada por el Comité de Evaluación (integrado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Banco de México).

El ejecutivo no ha elegido a las tres candidatas a comisionadas, a pesar de que ya se le enviaron las listas de las personas evaluadas que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas en un examen de conocimientos.

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Actualmente el Instituto opera con cuatro comisionados de los siete que requiere, lo cual pone en riesgo temas de resoluciones de barreras a la competencia, al no poder establecer directrices y lineamientos técnicos.

AMLO contra órganos autónomos como IFT

El IFT denunció que el actor del Ejecutivo incide directamente en el ámbito competencial de este órgano regulador al poner en riesgo facultades orgánicas y funciones esenciales que le han sido conferidas.

El pasado 31 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la validez de las ternas para comisionadas al IFT y para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), argumentando que el listado que le envió el Comité de Evaluación carece de validez.

Este año ha sido de vital importancia para los órganos autónomos del país.

Desde que inició la administración de AMLO, los organismos se encuentran asfixiados por los recortes presupuestales y acéfalos por la falta de nombramientos de nuevos consejeros y comisionados.

El principal argumento del presidente y sus aliados es que los funcionarios de los órganos autónomos son privilegiados, sirven a ciertos partidos y su desaparición generaría un importante ahorro presupuestario.