Habrá mapaches virtuales en elecciones
Los partidos políticos se declaran listos para la jornada electoral del próximo domingo, preparativos que como siempre, incluyen acarreos y coacción del voto. Sólo que esta vez, a través de métodos más sofisticados.
Se trata del uso de telefonía celular y redes sociales, medio por el cual los grupos de poder buscan intercambiar sufragios de forma segura, por apoyos económicos o sociales.
Jonathan VillanuevaLa alianza del PRI-PVEM es la segunda mejor organizada, al tener vigilancia por cada uno de los partidos, a excepción del distrito XXV
El balance indica que los abanderados del Movimiento Progresista son los mejor estructurados, al tener cubierto el 100 por ciento de las casillas
El PRD asegura que la compra de sufragios por parte del blanquiazul tiene como plataforma el programa federal “Oportunidades”
La dinámica es acudir a las urnas el próximo domingo, tachar las boletas, tomar una fotografía con el celular a las papeletas y así, recibir los apoyos
El sábado pasado comenzó la operación acarreo a través de operadores políticos y grupos de brigadistas que recorren las 16 delegaciones
Los partidos políticos se declaran listos para la jornada electoral del próximo domingo, preparativos que como siempre, incluyen acarreos y coacción del voto. Sólo que esta vez, a través de métodos más sofisticados.
Se trata del uso de telefonía celular y redes sociales, medio por el cual los grupos de poder buscan intercambiar sufragios de forma segura, por apoyos económicos o sociales.
La advertencia ya llegó a las autoridades electorales, quienes se encuentran entrampadas en lagunas jurídicas que hacen imposible sancionar a los partidos que incurran en ese tipo de prácticas.
El tema es tan endeble para el Instituto Electoral del Distrito Federal que la única opción viable que encontró fue emitir un exhorto a la ciudadanía, solicitándole no acceder a la compra de votos.
Pero los partidos no dan tregua. Desde el sábado pasado comenzaron la operación acarreo a través de operadores políticos y grupos de brigadistas que recorren las 16 delegaciones.
En el banquillo de los acusados aparecen candidatos tanto del Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), así como de la alianza del PRI-PVEM y también del PAN.
La coacción del voto tiene una nueva dinámica: acudir a las urnas el 1 de julio, tachar las boletas electorales en los recuadros de un mismo partido, tomarle una fotografía con el celular a las papeletas y en consecuencia recibir los apoyos.
Del blanquiazul, el PRD asegura que la compra de sufragios tiene como plataforma el programa federal “Oportunidades”.
Miguel Ángel Vásquez, representante del sol azteca ante el IEDF lo afirma, incluso refuerza su dicho con la serie de quejas que su partido ha presentado ante las autoridades electorales.
En el caso del Movimiento Progresista, la negociación ciudadanos-partidos se da por medio de la Red Ángel (programas sociales del GDF). El uso clientelar de los apoyos no es cosa nueva y menos en ésta elección.
Así lo detalla el representante del PRI en el Instituto Electoral capitalino, Marco Antonio Michel. Y agrega que en las delegaciones gobernadas por el partido mayoritario en la ciudad no son la excepción.
La serie de acusaciones no exenta al tricolor. Miguel Ángel Vásquez y Oscar Moguel, representante de MC, hacen énfasis en la detención de un tráiler lleno de despensas en días pasados, hecho atribuible al PRI.
“Práctica común es del viejo esquema de gobierno y todavía se atreven a lanzar acusaciones a los demás partidos políticos”, advierten en la víspera de la jornada electoral.
Y legalmente no hay forma de impedir que se fotografíen las boletas.
Lo más cercano a ello reza en el artículo 305 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el DF.
“Para orientar a los ciudadanos en el ejercicio del sufragio y coadyuvar con la libertad y secreto del voto se distribuirán a las Mesas Directivas de Casilla instructivos para los votantes, así como información sobre los actos o conductas que pueden constituir delitos electorales o faltas administrativas sancionadas por este Código u otros ordenamientos legales aplicables, mismos que se fijarán en el exterior de la casilla”.
La postura oficial
La noche del domingo, el Consejo General del IEDF presenció la discusión de los partidos entre sí. Todos se lanzaron acusaciones y nadie asumió un compromiso claro de evitar este tipo de prácticas.
De acuerdo con Gustavo Anzaldo Hernández, presidente del Instituto Electoral, la ley no prohíbe el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video en las mamparas de votación.
“La secrecía del voto es un derecho y no una obligación y la institución podría incurrir en una irregularidad si se extralimita en sus facultades al condicionar los sufragios”.
Otras voces, como la de la consejera electoral, Claudia Zavala Pérez consideran que si hay un acuerdo entre los partidos políticos y el órgano colegiado, se puede endurecer la vigilancia en la jornada electoral
Para el consejero Néstor Vargas Solano, el exhorto no debe ser a la ciudadanía sino a los partidos políticos, que son quienes promueven la compra de votos durante la jornada electoral.
Sin embargo, el acuerdo final del IEDF es dirigir el mensaje a la población en general, para que voten libre y no se presenten a las pretensiones de algunos grupos de poder.
Más complicaciones
Por si fuera poco, desde el sábado anterior, quedó prohibido difundir encuestas y tendencias de votación para cualquiera de las elecciones locales: jefe de gobierno del DF, jefes delegacionales y diputados locales.
De acuerdo con el artículo 326 del Código “durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas y sanciones correspondientes”.
Pero en este rubro no existe una regulación en las redes sociales, como Facebook y Twitter. A través de ésta vía los partidos y empresarios cercanos pueden dar a conocer sondeos de opinión de forma anónima y sin tener ninguna penalización.
Aunado a ello, el miércoles próximo concluyen las campañas electorales y a partir de ese día los partidos no podrán hacer proselitismo a favor de ninguno candidato, al menos de manera personal.
El artículo 312 indica que el término previsto para finalizar las campañas electorales, para todos los puestos de elección popular, deberán concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.
“El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales”
Pero, por las redes sociales las autoridades electorales reconocen que no podrán impedir la promoción del voto a favor de cualquiera de los candidatos que participan en éste proceso electoral.
Partidos despliegan ejército de vigilantes
En la jornada electoral participarán más de 125 mil representantes de casilla de los siete partidos políticos, quienes se encargarán de denunciar la coacción y compra de votos así como embarazo de urnas.
La elección del próximo Jefe de Gobierno del DF, de los 16 jefes delegacionales y los 40 diputados locales de Mayoría Relativa, no sólo se ganará con actos proselitistas, sino con el apoyo de una estructura territorial.
Y es en ese terreno donde se vislumbra la posibilidad real que tiene cada uno de los partidos políticos de llevar a sus simpatizantes a las urnas durante la jornada electoral del 1 de julio.
Por eso los grupos de poder ya tienen listo su ejército de militantes, quienes tendrán a cargo la tarea de vigilar la legalidad de los comicios en las más de 12 mil 300 casillas que se pretenden instalar.
El número de activistas que esperan instrucciones de sus dirigentes de partido asciende a más de 125 mil ciudadanos inscritos como representantes de casilla (propietarios, suplentes y generales).
Esta figura es la responsable de avalar o reportar incidentes en las urnas, como es el acarreo, coacción del voto, embarazo de urnas, errores de computo o cualquier otra anomalía que perjudique a su partido.
Por eso la importancia de tener representantes de casilla. De no contar con ellos, los candidatos se quedarán en estado de indefensión en caso de registrarse actos que transgredan la equidad de la contienda.
La noche del domingo pasado venció el plazo legal que tenían los siete institutos políticos con representación en la ciudad de México, para inscribir a sus garantes de la elección.
El resumen final, al cual tuvo acceso Reporte Indigo, detalla la infraestructura de los candidatos para la jornada electoral y cuales son los bastiones que tendrán mayor relevancia para ellos.
El balance indica que los abanderados del Movimiento Progresista a cargos de elección popular son los mejor estructurados, al tener cubierto prácticamente el 100% de las casillas.
De ahí, la alianza del PRI-PVEM es la segunda mejor organizada, al tener vigilancia por cada uno de los partidos. El único distrito que no cubrirán, según el reporte del IEDF será el XXV.
Ahí se denota que la estrategia electoral del tricolor se va a concentrar en cuidar la elección en las delegaciones Milpa Alta y Cuajimalpa, donde tienen posibilidades claras de ganar.
Si la representación determinara la tendencia electoral, el PAN se convertiría en la tercera fuerza política de la capital del país, ya que en al menos nueve distritos electorales tienen un número de representantes que les alcanza para cubrir parcialmente la elección.
En el diagnostico de representantes se advierte que los bastiones que tendrán menor cobertura por la propia dirigencia blanquiazul está en las demarcaciones Iztapalapa y Tláhuac.
Como cuarta y última fuerza en capacidad de despliegue, aparece el Panal, que, en 25 de los 40 distritos en que está dividida la ciudad tendrán una baja cobertura.
Incluso, en la mayoría de los casos dejaron en promedio, sin representante de casilla 100 de 330 zonas de votación.
A diferencia de la elección del 2009, el IEDF fijó una serie de criterios para impedir que los funcionarios de casilla que capacitaron para recabar el voto de la ciudadanía terminaran por representar los intereses de los partidos.
De acuerdo con la consejera electoral, Yolanda León Manriquez, era una práctica común que los grupos de poder les ofrecieran una remuneración a quienes dejaran de ser funcionarios de casilla para fungir como representantes de los candidatos.
