El titular de Seguridad Pública cuestiono que la CEDH emitiera recomendaciones por casos ocurridos entre 2019 y 2021en plena época electoral

Secretario de Seguridad de NL ve intención política en recomendaciones de Derechos Humanos

El titular de Seguridad Pública cuestiono que la CEDHNL emitiera recomendaciones por casos ocurridos entre 2019 y 2021en plena época electoral

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, vio con sospecha que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) le haya realizado cinco recomendaciones a su dependencia en plena veda electoral, sugiriendo que los pronunciamientos fueron realizados con matices políticos.

En atención a medios de comunicación, el funcionario llamó a “no politizar la seguridad” ni la protección a los derechos humanos, además de asegurar que la CEDHNL esperó hasta cuatro años para “revivir” los casos denunciados en vísperas de las elecciones.

“Demoraron cuatro años en sacarlas del cajón, desempolvarlas y hablar de ellas en plena veda electoral; yo creo que podemos esperar a que termine la etapa electoral para hablar al respecto (…) Exhorto a que no se politice la seguridad ni tampoco la protección a los derechos humanos, porque cuando lo hacen nadie gana y todos pierden”, afirmó.

Al afirmar que la dependencia a su cargo está analizando las recomendaciones realizadas por la CEDHNL, reiteró que enfocarse en la seguridad es “prioritario” en este momento, por lo que llamó a “no distraerse” con otro tipo de cuestiones.

¿Qué recomendó la CEDHNL?

El día de ayer, el organismo a cargo de Olga Susana Méndez Arellano realizó recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública por cinco casos en los que, de acuerdo con sus estatutos, la dependencia vulneró los derechos humanos de diversas personas.

Cuatro de los cinco episodios se registraron en Centro de Readaptación Social de la entidad, resultando en la muerte de cuatro internos por presuntas negligencias de la dependencia.

Los casos varían desde la nula prevención del suicidio en el caso de dos internos que se quitaron la vida, así como en la demora en brindar atención médica a otra persona privada de su libertad, misma que pidió ser cambiado de centro penitenciario luego de recibir ‘malos tratos’.

El caso adicional es en torno a una ejecución extrajudicial realizada por elementos de Fuerza Civil, quienes dispararon de forma injustificada en contra de un joven de quince años, quien falleció luego del ataque.

Los casos sucedieron entre 2019 y 2021.