Emite CEDH recomendaciones a Seguridad Pública de Nuevo León
El organismo señaló cinco casos graves de violación a derechos humanos que involucran a la dependencia estatal
Ricardo Alanís CarreónLa Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDHNL) emitió a la Secretaría de Seguridad de Nuevo León cinco recomendaciones por violaciones graves a los Derechos Humanos.
El organismo informó que el primer caso se trata de una ejecución extrajudicial, sumaria y arbitraria, llevada a cabo por un elemento de Fuerza Civil, quien asesinó a un menor de 15 años de edad.
La recomendación 04VG/2024 se encuentra dirigida a la Secretaría de Seguridad del Estado y a la Comisaría General de Fuerza Civil, y deriva de un hecho en el que, presuntamente oficiales de la corporación estatal, sin motivo alguno y careciendo de apercibimiento, dispararon sus armas en contra de dos adolescentes de 15 años, impactando a uno de ellos en la cabeza, arrebatándole la vida en el lugar de los hechos.
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— CEDH Nuevo León (@CEDHNL) March 14, 2024
Los policías habrían tardado varios minutos en reportar los hechos, y una vez que lo hicieron, omitieron señalar que fueron ellos mismos quienes dispararon; tampoco solicitaron una ambulancia para la atención médica de la víctima.
“Además, intentaron culpar al joven que falleció y al que sobrevivió de haber realizado disparos de arma de fuego en su contra, presentando al sobreviviente, ante la autoridad, como responsable de los hechos”, cita la información proporcionada por la CEDH.
Ante esta situación, entre otros puntos recomendatorios, destacan los siguientes: disculpa en un acto público, compensación económica a favor las víctimas y la edificación dos memoriales pare recordar al adolescente fallecido, además de cubrir la atención médica, psicológica, psiquiátrica e incluso tanatológica que requieran las víctimas.
Denuncian casos en prisiones
Los casos restantes están relacionados con las muertes de personas privadas de la libertad en Centros de Reinserción Social del estado (Cereso).
Sobre el particular, se emiten las recomendaciones 05VG/2024, 06VG/2024, 07VG/2024 y 08VG/2024, dirigidas a la Secretaría de Seguridad del Estado y a la Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, al haberse acreditado violaciones graves a los Derechos Humanos de cuatro hombres privados de su libertad, tres en el Cereso N.1 Norte, y otro en el Cereso N.2 Norte.
Dos de estos casos son similares por tratarse de dos hombres que perdieron la vida al haberse suicidado: el primero, en el Cereso 1 Norte, siendo una persona adulta mayor que se colgó de la litera en su celda, mientras que el segundo, en el Cereso 2 Norte, lo hizo una regadera.
Se subrayó que los centros penitenciaron no adoptaron, en ninguno de los casos, las medidas necesarias para proteger y garantizar su derecho a la vida, pues no realizaron una adecuada detección o intervención del riesgo suicida ni se les practicó un dictamen psicológico a los internos, incluso cuando uno de ellos ya había intentado suicidarse en dos ocasiones.
Acusan negligencia
Otro caso relativo a un hombre que se encontraba recluido en el CERESO 1 Norte, quién falleció electrocutado cuando maniobraba una lampara en el interior de su celda sin que la autoridad acreditara que existiera algún tipo de supervisión periódica o monitoreo de las condiciones del sistema eléctrico.
En el último caso, un recluso a quien las autoridades judiciales habían autorizado trasladar del CERESO 1 a otro centro penitenciario debido a que denunció recibir ‘malos tratos’, perdió la vida dos días después del desplazamiento debido a diversas lesiones en su cuerpo.
Se denunció que las autoridades no le brindaron la atención médica necesaria a tiempo, ya que, aunque fue remitido Hospital Universitario, las heridas recibidas terminaron por provocarle la muerte.
“Cabe señalar que en ninguno de estos cuatro casos se contó con el personal de custodia suficiente y capacitado para la seguridad y vigilancia de las personas privadas de la libertad en el centro de reinserción social”, afirmó la CEDH.
“Consideramos que la autoridad penitenciaria, como garante de las personas privadas de la libertad, debe respetar y garantizar su vida e integridad personal, así como asegurar las condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad (…) El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de las personas privadas de la libertad deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al respeto de sus Derechos Humanos”, cita el escrito del organismo autónomo.
