Exempleados de limpieza del IPN piden a autoridades investigar actos de corrupción

Por tercera vez y en menos de una semana, extrabajadores de limpieza -cuya empresa brindaba los servicios al Instituto Politécnico Nacional (IPN)-, salieron a bloquear las calles para exigir tanto a las autoridades de la institución como a la Secretaría de Educación Pública (SEP), revise lo que está ocurriendo con contratos y licitaciones.

A los trabajadores pertenecientes a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, se les informó que el IPN había decidido rescindir el contrato sin ningún tipo de explicación, por lo que tendrían que recortar la plantilla laboral.

Irene Gutiérrez, una de las trabajadoras afectadas, dijo que se le hace injusto que a pesar de haber realizado en tiempo y forma su trabajo, ahora se decida dejar sin efecto el contrato que permitía a la empresa generar más de 4 mil empleos, los cuales están en peligro hasta de desaparecer.

“Nosotros siempre hicimos bien nuestro trabajo, nunca tuvimos algún llamado de atención, ni por personal de la institución, ni de la empresa. Hoy salimos a la calle para que esto se dé a conocer y apoyar a la empresa que nos brindó empleo, y siempre ha cumplido con sus obligaciones”, aseguró en la manifestación.

A su vez explicó que incluso el mismo personal del IPN les ha externado su apoyo, pues tras su salida dicen que “la limpieza no existe”.

“El personal que nos conocía y nos ha visto manifestarnos nos apoya. Nos comentan que desde hace siete días no se cuenta con personal suficiente y en algunos casos con personal que mantenga las instalaciones de manera adecuada. Y que los que laboran, ni uniformados están”, afirmó.

Por su parte, Antonio Hernández, vocero de la empresa, explicó que el único argumento que les dieron para rescindir el contrato fue que Rubén Gómez Montes de Oca, titular del área de responsabilidades, había instruido la orden para darle los contratos a Enrique Gómez Mandujano, con lo que existiría un conflicto de intereses al ser cercanos, acusaron.

“Es una acción completamente ilegal, con la que se viola la Constitución y los derechos no solo de la empresa, sino de los empleados. Por una decisión sin fundamento, más de 4 mil personas se quedaran sin empleo”, indicó.

Sin embargo, puntualizó que tras los bloqueos se entabló una mesa de diálogo con José Hipólito Rosas, director de Servicios General del Politécnico, pero al final del día solo reconoció que la decisión fue por el Órgano Interno de Control y lo único que podría ofrecer sería una nueva reunión con otros funcionarios para explicar la situación.