Los pobladores de tres ejidos enfrentan una disputa para proteger sus tierras por la construcción de la Presa Libertad. Como se niegan a vender sus terrenos, interpusieron un recurso de amparo 1270/2019, una denuncia 288/2020 y hasta una carta a la Fiscalía General de la República, donde argumentan que este proyecto de edificación de la cortina del embalse afectará la flora y fauna de la zona.

Son 500 lugareños que seguirán luchando para que la obra no afecte sus comunidades en San Jacinto y San Pedro de los Escobedos en el municipio de Linares y La Barreta, en el municipio de China, quienes han optado por una batalla legal, señalan documentos en poder de Reporte Índigo.

El abogado de los ejidatarios, Mariano Núñez, menciona que entre las acciones legales hay una denuncia contra Gerardo Garza, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Homero Cantú Ochoa, representante jurídico del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

“Hay una suspensión que detiene la obra, han llegado a cosas que no son éticas y están presionando. El martes fue personal de Agua y Drenaje con policías para meterse a la brava en los terrenos del ejido San Jacinto. El agente del ministerio público tiene una denuncia donde están violando la suspensión del amparo y nos hemos quejado con la Fiscalía General de la República. La gente no quiere vender sus terrenos”, menciona el abogado en entrevista con Reporte Índigo.

Mariano Núñez dice que también interpusieron un escrito ante la Cámara de Diputados para que intervenga el auditor general, ya que hay sospecha de que exista un desvío de fondos para la construcción de la Presa Libertad.

“Son fondos federales, va a haber un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión por este tema para que venga el auditor. Tengo el escrito y estamos hablando con los diputados sobre este tema”, expresa el abogado.

La construcción de la Presa Libertad tiene un presupuesto de 2 mil 500 pesos de la Federación, mientras que a nivel estatal, el organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey solicitó una deuda por la misma cantidad para el proyecto.

Los pobladores también interpusieron un escrito ante la Cámara de Diputados para que intervenga el auditor general

El PT rechaza la presa Libertad

Los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Santiago González, de Nuevo León, y Gerardo Fernández Noroña, de la Ciudad de México, hablan en un video sobre el despojo de tierras por la construcción de la Presa Libertad.

“De Libertad no tiene nada, está avasallando a comunidades, está despojando de tierras, está atropellando pueblos con el pretexto de llevar agua a la ciudad de Monterrey, que no es cierto”, expresa el secretario de la Comisión de Energía en San Lázaro.

Fernández Noroña también menciona que apenas pase la emergencia sanitaria viajará a Nuevo León en solidaridad con los pobladores.

“La verdad es que está subutilizada la Presa del Cuchillo, hay que tomar otras medidas, pero no seguir atropellando a la gente con estos proyectos, que además hay negocios ahí detrás, quieren hacer desarrollos, lucrar con la tierra y a la gente ahora sí que no le dan ni agua”, pronuncia el legislador.

Cancelación de MIA

El biólogo Silvano Eduardo Hernández Cárdenas, integrante de la Comisión de Biodiversidad del Consejo Estatal de Flora y Fauna, considera que existe una posibilidad de cancelar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Presa Libertad por contener información falsa.

La MIA fue realizada por el órgano descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a cargo de Gerardo Garza, quien mintió en la evaluación ambiental en los listados de fauna identificados para la zona del embalse, donde aseguró la existencia de unas 20 especies que no están en la zona.

“Debe haber una posibilidad al menos para señalar a las personas que están haciendo mal su trabajo. La cantidad que meten en el estudio no es real. En este caso, si la información no es real, incompleta o está falseada, no va permitir la cantidad de estrategias de conservación para que las especies que realmente están en el área no sean afectadas por el proyecto”, afirma.

La manifestación ambiental de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey viola el Artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, por lo que pudiera suspenderse el proyecto de construcción del embalse que ya está en la etapa de licitación.

“Negar la autorización solicitada, cuando exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate”, dice el inciso C de este artículo.

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