El fallo de la licitación para la construcción de este edificio que tanto anunció Fernández Garza está suspendido inexplicablemente desde el mes de enero por las autoridades municipales.

La obra insignia de infraestructura del proyecto de seguridad y blindaje del alcalde Mauricio Fernández Garza en San Pedro está congelada.

El sueño para que San Pedro contara este año con su sede central de seguridad pública y con  globos aerostáticos equipados con cámaras de video tendrá que esperar.

El fallo de la licitación para la construcción de este edificio que tanto anunció Fernández Garza está suspendido inexplicablemente desde el mes de enero por las autoridades municipales.

Esto aunque Fernández Garza tiene desde hace cuatro meses sobre su escritorio las dos ofertas económicas para la construcción y arrendamiento de este edificio inteligente de seguridad pública.

Esta obra fue planeada para construirse  bajo el esquema de una asociación pública-privada en la modalidad de arrendamiento adquisitivo.

Es decir, una empresa privada financia primero la obra con recursos propios y después el Municipio de San Pedro se compromete a pagar este financiamiento en un periodo de tiempo.

Es el mismo esquema que utilizó el ex gobernador Natividad González Parás para construir la polémica Torre Administrativa en Monterrey.

El Municipio de San Pedro publicó el 18 de noviembre del 2011 la licitación número MSP-OP-APP-003/11-CP para la construcción, equipamiento y amueblado del edificio inteligente de seguridad municipal en la avenida Díaz Ordaz.

El pasado 13 de enero celebró la junta de apertura de las propuestas económicas y las constructoras GP Inmuebles y Dycusa presentaron sus respectivas cotizaciones.

La renta anual propuesta por GP Inmuebles ascendió a  35 millones 136 mil pesos, que implica que el Municipio le pague a lo largo de los 15 años del contrato la cantidad de 527 millones de pesos.

Mientras la oferta hecha por Dycusa fue de 31 millones 263 mil pesos, que significaba el pago de 467 millones de pesos a lo largo del contrato.

La oferta de GP Inmuebles, empresa filial de la constructora Garza Ponce, superó por 60 millones la hecha por Dycusa, propiedad de la familia Ballí.

Reporte Indigo tiene copia del acta de apertura de propuestas económicas firmada por Enrique Garza Camarillo, director de Contratación del Municipio de San Pedro.

Las dos ofertas fueron aceptadas por la secretaría de Obras Públicas del Municipio de San Pedro, que encabeza Armando Leal Pedraza.

Sin embargo, han pasado cuatro meses y el Ayuntamiento no ha celebrado el fallo de la licitación de esta obra, programada para terminarse este último año de la gestión de Fernández Garza.

El edil panista dejará su cargo en octubre de este año.

Esta situación pone en entredicho el proyecto de blindaje que Fernández Garza ofreció como candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro.

El alcalde panista solicitó al Gobierno Federal para su proyecto de blindaje en seguridad 300 millones de pesos.

Estos recursos no le han sido asignados a Fernández Garza por la Federación.

Sin embargo, la falta de dinero para llevar a cabo este cuartel de seguridad en la avenida Díaz

Ordaz no debería ser un problema.

Desde el 2010, el Cabildo de San Pedro autorizó una partida presupuestal anual de 77 millones de pesos para el pago en los próximos 15 años de los proyectos públicos privados que conforman el blindaje.

Según este acuerdo, el edificio de seguridad de Díaz Ordaz contemplaba una inversion privada de 162 millones de pesos.

Pero el costo del financiamiento incrementa esta obra hasta los 500 millones de pesos.

También, en noviembre del año pasado, la administración de Fernández Garza debió iniciar bajo este esquema la construcción de otra delegación de policía en la zona de Valle Oriente.
La obra fue adjudicada a la constructora Garza Ponce, ahora dirigida por José María Garza Treviño,  constructor vinculado con el ex gobernador Natividad González Parás.

GP Inmuebles es la misma empresa que compite por el contrato de construcción del edificio de seguridad en la avenida Díaz Ordaz.

Esta empresa resultó ganadora de la licitación MSP-OP-APP-002/11-CP.

El Municipio le pagará a esta compañía por los próximos 15 años cerca de 300 millones de pesos por la renta de este inmueble ubicado en Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo.

La instalación de cámaras de videovigilancia en todo el municipio era el tercer proyecto de seguridad que se contempló bajo este esquema.

La mitad de los 77 millones de pesos destinados para pagar proyectos APPs se irían para pagar la construcción del edificio de seguridad en la avenida Díaz Ordaz.

Este inmueble se contempla construir en un predio de cuatro hectáreas que era propiedad del Grupo Alfa, empresa donde su familia tiene participación accionaria.

En este mismo lugar Fernández Garza contempla reubicar los campos de Avispones y Pumas de Fuentes del Valle.

En esta zona operaban las empresas Akra y Polikrom,  ligadas al Grupo Alfa.

Estos terrenos fueron cedidos por Grupo Alfa al Municipio de San Pedro como un adelanto del área que por ley tiene que donar al Ayuntamiento cuando concrete en esta zona un proyecto industrial.

Pero a cambio el Municipio de San Pedro le condonó al Grupo Alfa la reserva territorial que tendrá que destinar como área pública cuando lleve a cabo su proyecto habitacional en los terrenos donde actualmente está el Planetario Alfa en Roberto G. Sada.

Deseos que se van ‘en picada’

En ocasiones los deseos no son suficientes, sobre todo cuando se trata de dinero y presupuestos.

A seis meses de que concluya la administración del alcalde Mauricio Fernández el plan de para instalar globos aerostáticos con cámaras de vigilancia y la construcción de dos edificios inteligentes de seguridad se fue en picada.

Fueron planes que se esfumaron en los discursos por un hoyo en las finanzas públicas del municipio.

La administración del panista estimaba que eran necesarios 476 millones de pesos para la construcción y equipamiento de los dos edificios de seguridad en la zona Valle Oriente y en la avenida Díaz Ordaz, de acuerdo con el primer informe del edil.

Este plan también incluía la remodelación del cuartel policial ubicado sobre la avenida Corregidora.

De esta cantidad, 110 millones (casi el 23%) iban a ser aportaciones municipales.
Y aunque el edil prometió que la obra se iniciaría a finales de 2010, no fue hasta el 15 de noviembre de 2011 que la licitación para construir el edificio en Valle Oriente fue aprobada por el Cabildo.

Debido a que este proyecto se licitó bajo un esquema de Asociaciones Público-Privadas (APPs), el municipio tendría que pagar a la constructora GP Bienes Inmuebles más de 294 millones 855 mil pesos por concepto de renta durante quince años.

Tres días después de esta aprobación, el municipio lanzó la convocatoria para construir la segunda sede en la avenida Díaz Ordaz, pero hasta el momento el fallo de la licitación sigue detenido.

El propósito de estos dos cuarteles era el de “blindar al municipio a través de un plan integral que asegure una cobertura total y capacidad de reacción inmediata”, según el primer informe de Fernández.

Durante su segundo mes de gestión, en noviembre de 2009, el edil también aseguró que en su estrategia contra el crimen organizado se incluían globos con cámaras de vigilancia. Este excéntrico proyecto tampoco se concretó.