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El poder de los vecinos

Dentro de dos semanas vence el plazo para que los capitalinos puedan registrar ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sus propuestas para integrar los nuevos comités vecinales, y presentar los proyectos de cómo emplear los 850 millones de pesos del presupuesto participativo en beneficio de sus colonias.

En el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera la ciudadanía ha demostrado que, si se organiza, puede ejercer un contrapeso real en las decisiones de los funcionarios.

850
millones de pesos integran el presupuesto participativo que las delegaciones deberán repartir
en los proyectos vecinales
“La gente puede decidir si se organiza y no caer en el abstencionismo, que es lo que propicia que no ocurran los cambios” 
Carlos González MartínezTitular de la Comisión de Participación Ciudadana del IEDF

Dentro de dos semanas vence el plazo para que los capitalinos puedan registrar ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sus propuestas para integrar los nuevos comités vecinales, y presentar los proyectos de cómo emplear los 850 millones de pesos del presupuesto participativo en beneficio de sus colonias.

En el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera la ciudadanía ha demostrado que, si se organiza, puede ejercer un contrapeso real en las decisiones de los funcionarios.

El caso más emblemático en este sexenio es sin duda el Corredor Cultural Chapultepec, proyecto de inversión anunciado por la empresa paraestatal ProCDMX y que fue desechado por la oposición vecinal que convocó a votar a través de una consulta, en la que ganó el NO.

Lo mismo ocurrió cuando los comités vecinales y los colectivos de la zona se opusieron al proyecto que se construiría en la antigua planta de asfalto en Coyoacán, y actualmente la pugna que se desahoga por el rechazo a la construcción de un edificio de 41 niveles junto al Cetram Chapultepec.

Con esos antecedentes a cuestas de la participación vecinal llegó la hora de cambiar a los comités ciudadanos y decidir qué hacer con los 850 millones de pesos de presupuesto de este año.

El gran legado

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del IEDF, Carlos González Martínez, habló en entrevista de la importancia de que los capitalinos presenten sus fórmulas y proyectos con miras a la votación del próximo 4 de septiembre.

Ese día se renovarán los casi mil 800 comités vecinales de la Ciudad de México, considerados células primarias de la ciudadanización del gobierno.

El consejero explica que después de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, el primer domingo de septiembre se votará por primera vez de manera simultánea por la renovación de los comités y la consulta del presupuesto participativo.

Reconoce que ambos ejercicios adquieren una peculiar importancia después de la muestra ciudadana que dieron los capitalinos al proponer y echar abajo en las urnas un proyecto en el que no estaban de acuerdo.

“Efectivamente, el Corredor Cultural Chapultepec es el parteaguas que marca un antes y después de la participación ciudadana. La gente puede decidir si se organiza y no caer en el abstencionismo, que es lo que propicia que no ocurran los cambios. La incidencia vecinal es sin duda uno de los grandes legados del CCC”, subraya González Martínez.

Después de la elección de 60 de los 100 diputados que conformarán la Asamblea Constituyente, el IEDF comenzó con la preparación de la convocatoria y a promover la participación para el 4 de septiembre.

González Martínez explicó algunos cambios que se realizaron en busca de garantizar que no se filtren a los comités ciudadanos personas que tengan vinculación con partidos o gobiernos.

De ahí que uno de los requisitos es que no formen parte de la estructura de las delegaciones o gobierno central.

“En el caso del presupuesto participativo, los ciudadanos presentan un proyecto, nosotros lo enviamos a los gobiernos delegacionales y  la delegación dictamina que sea financiable para esa colonia, sea procedente, se revise uso de suelo, informa si está a favor o en contra”, detalló.

También tratan de promover proyectos alternativos en beneficio de sus colonias, ya que históricamente los vecinos proponían –en el caso del presupuesto- que arreglaran sus banquetas o cortaran árboles, cuando eso es una obligación que la delegación debe desahogar con presupuesto propio.

A vencer la apatía

La elección del próximo 4 de septiembre representará un gasto aproximado de 35 millones de pesos destinados a la logística, impresión de boletas y difusión.

En la última votación para elegir a los comités vecinales en el 2013, el Instituto Electoral registró una votación del 12 por ciento del listado nominal.

En el caso de la consulta del presupuesto participativo, apenas decidió un 3.8 por ciento, un porcentaje muy bajo de ciudadanos, fundamentalmente por desconocimiento.

Para el presupuesto participativo, los vecinos pueden registrar proyecto para rubros como: obras y servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, deportivas, culturales, recarpetado de calles, muros de contención, rampas para discapacitados, juegos infantiles, equipos de ejercitación, centros de lactancia, entre otros.

Para el IEDF, este es un mecanismo de democracia directa que permite influir en qué proyectos específicos deben utilizar las delegaciones el 3 por ciento del presupuesto anual que se les asigna.

En el caso de la elección de los comités vecinales, los vecinos deben organizarse y presentar una fórmula conformada por nueve personas que se encargan, entre otras cosas, de promover soluciones a las demandas de los vecinos de su colonia, así como proponer proyectos de desarrollo comunitario.

Campaña sin partidos

Para promover su fórmula o el proyecto en el que proponen se gaste el presupuesto, los vecinos también tienen derecho a realizar actos de promoción y campaña en el que deben seguir reglas básicas, como no incitar a la violencia o difamar a los integrantes de otras planillas.

Asimismo no deben utilizar recursos públicos ni emplear las siglas de partidos políticos, aludir a programas de gobierno y servidores públicos.

En este caso, el dinero debe provenir del patrimonio de los contendientes.

La propaganda deberá distribuirse en lugares públicos, salvo oficinas gubernamentales o lugares de culto religioso.

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