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El explosivo hallazgo

El informe de inminente peligro de descarrilamiento en la Línea 12 del Metro destapó la cloaca de la obra cumbre de Marcelo Ebrard Casaubón, que hoy amenaza al gobierno de Miguel Ángel Mancera ante la posibilidad de un accidente que cobre vidas.

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Quejas por daños a inmuebles recibió la autoridad durante la construcción
de la nueva línea
A raíz de una auditoría ambiental a la empresa Química Eco se encontró una fuerte contaminación a menos de tres metros de profundidad
La empresa Química Eco, dedicada a la recolección de sustancias peligrosas de otras empresas, impedía el ingreso de los inspectores ambientales de Profepa
El Proyecto Metro solicitó el apoyo a la Secretaría de Gobierno para que Semarnat permitiera iniciar los trabajos de remediación del suelo contaminado
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El informe de inminente peligro de descarrilamiento en la Línea 12 del Metro destapó la cloaca de la obra cumbre de Marcelo Ebrard Casaubón, que hoy amenaza al gobierno de Miguel Ángel Mancera ante la posibilidad de un accidente que cobre vidas.

Documentos oficiales del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en poder de Reporte Indigo revelan que en un tramo por donde pasa la Línea Dorada se encontraron zonas con niveles de explosividad del 100 por ciento en el subsuelo, lo que paralizó por mucho tiempo los trabajos que efectuaba el Consorcio Línea 12, conformado por ICA, Carso y Alstom.

El delicado hallazgo obligó a formar un grupo de trabajo interinstitucional en el que intervino incluso el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Protección Civil del DF, Medio Ambiente y también la Procuraduría General de la República (PGR) vía la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

La contaminación de Químico Eco

Ocurrió en diciembre del 2008, cuando la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) informó a la Secretaría de Obras y Servicios local que a raíz de una auditoría ambiental a la empresa Química Eco se encontró una fuerte contaminación a menos de tres metros de profundidad.

De inmediato, el Proyecto Metro a su vez, mediante oficio número GDF/SOS/DGPM/DOIPM714/09 de fecha 9 de enero del 2009 notificó al Consorcio Línea 12 que existían zonas de fuerte explosividad en la zona ubicada frente a las instalaciones de Química Eco, por lo que le pidió tomar las medidas necesarias para la construcción de la Línea 12 que ya estaba en marcha.

La alerta de explosividad, además de poner en riesgo a los empleados, frenó los trabajos de Línea 12 debido a que la empresa Química Eco se ubicaba en avenida Tláhuac, colonia Santiago Zapotitlán, en la delegación Tláhuac justo enfrente de donde se comenzaba a construir la Línea Dorada.

Para el 2009, el grupo de instancias del gobierno local y federal acordó realizar un nuevo estudio de caracterización del suelo contaminado en Zapotitlán.

Mientras eso ocurría, la empresa Química Eco, dedicada a la recolección de sustancias peligrosas de otras empresas, se enfrentaba con Profepa e impedía una y otra vez el ingreso de los inspectores ambientales a sus instalaciones.

Los inspectores ambientales habían recolectado residuos peligrosos que habían contaminado el suelo no solo de la empresa sino del entorno, además de diversas irregularidades en el almacenamiento de dichos sustancias.

La remediación del suelo

Pero desde siempre para Proyecto Metro la construcción de la Línea 12 fue una de las prioridades fundamentales encargadas por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

Una y otra vez el Proyecto Metro solicitó el apoyo a la Secretaría de Gobierno para que interviniera como interlocutor ante la Semarnat para iniciar pronto los trabajos de remediación del suelo contaminado y así poder continuar con la Línea 12.

ICA asumió un rol titular dentro del Consorcio Línea 12 y contrató a la empresa GAAN Consultores para que efectuaron los estudios correspondientes en esa zona como mira a retomar las excavaciones para el paso del Metro.

No fue sino hasta noviembre del 2009 cuando ICA entregó a la Profepa y Semarnat el informe final de la caracterización del suelo contaminado por la empresa Química Eco y la propuesta de remediación del suelo.

Sin embargo, Semarnat les pedía completar algunos trabajos y entregar la información. El proyecto de la Línea Dorada continuaba parado en la zona de arranque.

El 29 de enero del 2010, por fin, la Semarnat emitió el oficio número DGGIMAR 710/000533 en el cual “autoriza al Consorcio Línea 12 realizar la remediación del suelo contaminado, aplicando la técnica de bioremediación por biopilas”.

Pese a todo, el problema generó un gran atraso en la obra que complicó las fechas de entrega de la megaobra prevista para diciembre del 2011 y que confrontó posteriormente a las empresas constructoras con las autoridades del Proyecto Metro.

El sobrecosto sin explicar

Ese tipo de imprevistos, como el hallazgo de suelo contaminado, fueron los que reventaron los tiempos de entrega, pero también los costos de la construcción, pues las empresas siguieron con los trabajos para lograr entregar la nueva Línea antes de que Marcelo Ebrard terminara su gestión al frente de la capital del país.

A inicios de la administración de Miguel Ángel Mancera detonó el escándalo de los sobrecostos. 

Por las obras adicionales de la Línea 12, ICA, Carso y Alstom demandaron al GDF un pago de 4 mil millones de pesos.

El pleito que por meses transcurrió debajo de la mesa, a partir de los diversos reconocimientos de adeudo por parte del GDF a las constructores, se hizo público.

En abril del 2013, la juez 41 en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del DF sobreseyó la demanda que interpuso ICA, Carso y Alstom contra el gobierno capitalino justificando que el consorcio constructor no agotó el procedimiento administrativo para hacer el reclamo de las deudas.

Hoy eso millones de pesos que “flotan” como parte de la deuda que reclaman las constructoras, son parte de la demanda para que se esclarezca el sobrecosto de la Línea 12.

La denuncia que interpuso el diputado local del PAN, Héctor Saúl Téllez, ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Contraloría del DF, es parte de los claroscuros económicos, de seguridad y operacionales que guarda la tristemente célebre Línea Dorada.

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