Los delitos ambientales permanecen impunes. Ya sean afectaciones contra la vegetación natural al cortar, arrancar, derribar o talar árboles, así como cambiar el uso del suelo forestal para explotación comercial sin permisos de la autoridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) identifica en los últimos 10 años dos mil 031 denuncias por este tipo de acciones.

En materia de averiguaciones previas –así llamadas antes de la reforma al sistema de justicia–, de 2011 a 2016 se consideran mil 032 asuntos, hay registro de 941 carpetas de investigación iniciadas de 2015 a 2020, en tanto que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) complementa la información con un reporte de 58 expedientes.

Los datos no consideran todos los delitos sobre asuntos ambientales, ya que la gran mayoría los lleva la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Fiscalía concentra aquellos en los que se presume la presencia de personas armadas, se configura presencia de delincuencia organizada u otros grupos.

El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la Semarnat carece de información actualizada sobre delitos del año 2020, la cual se dará a conocer en abril de este año. Los informes de 2019 indican que hay identificadas 122 zonas críticas forestales por parte de la Profepa.

Esta Procuraduría reconoce que las actividades ilícitas en materia forestal más frecuentes son la tala ilegal y los cambios de uso de suelo sin autorización que han provocado “la deforestación de grandes superficies arboladas”.

Desde 2007, en México se implementó el programa “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, con especial énfasis en Michoacán y el Estado de México, con el objetivo de reducir el impacto ambiental.

Ante las ganancias que genera la explotación de recursos naturales para la construcción o el cambio de uso de suelo, en donde empresarios se apoderan de territorios para el plantío de aguacate para exportar, por ejemplo, prefieren pagar las multas antes que detener el avance de sus proyectos.

Estos actos ilícitos se reportan en todos los estados del país y la tendencia se mantiene tras un año en que hubo menos presencia de actividad social debido al encierro por la pandemia de COVID-19.

Expertos consultados por Reporte Índigo consideran que en México los delitos ambientales se presentan en un contexto en el que los denunciantes corren riesgo de represalias y con una autoridad que actúa de manera deficiente.


Los pobladores saben y a veces les da miedo, tienen un temor fundado de denunciar directamente quiénes son los que están haciendo eso, aunque pueden aportar elementos

Fabiola Vite

Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

“Lo que a veces hacen es llamar y decir ‘en este momento están talando el bosque’, pero de ahí a que llega la autoridad investigadora el talamontes ya se fue, entonces viene un tema también de posible persecución a quienes denuncian esta situación que los pone en riesgo”, afirma Fabiola Vite, Coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Arturo Chacón, profesor investigador decano del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la UMSNH, considera que los delitos ambientales prevalecen principalmente por la corrupción y la falta de capacitación de los jueces en la materia.

“Gran parte de esto es por la juventud que tiene el Código Penal para poder atacar este problema y, segundo, no existen jueces capacitados para poder hacer este tipo de procesos de aplicación de la ley.

“Si no lo han sabido hacer en cuestiones de feminicidios, el problema de los de Ayotzinapa, el problema del huachicoleo y el crimen organizado y todo eso, mucho menos le han entrado a la cuestión de los crímenes ambientales”, refiere el experto de la Universidad Michoacana.

En tanto, el Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal apunta que en las zonas forestales de México habitan alrededor de 12 millones de personas que en su mayoría padecen altos índices de marginación y pobreza; y realizan prácticas de autoconsumo de diferente intensidad.

“La extracción de este tipo de productos ocasiona alteraciones dentro del funcionamiento del ecosistema natural ya que producen daños irreversibles; estos productos incluyen: el carbón, las resinas, tierra de monte, hongos silvestres, plantas para fibras y ceras, así como semillas, tallos, hojas, frutos, rizomas y plantas completas.

“La mayoría de estos productos son recolectados de manera rústica. Cada año se tienen en el mercado cerca de 100 productos, de los cuales 70 están bajo control oficial. Su producción anual promedio es de aproximadamente 70 mil toneladas”, explica.

Para los expertos, este tipo de consumo no es de alto impacto para los bosques y muchas veces está relacionado con conductas propias de la cosmovisión de los pueblos originarios, en tanto, a menudo se reportan detenciones de los pobladores que realizan estas prácticas y no tan fácilmente ocurren detenciones de las mafias que trafican con estos productos naturales que provocan daños irreversibles para el medio ambiente.

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