La denuncia fue presentada por legisladores del PAN y  el PRI

Denuncian a tres funcionarios estatales en NL por desobediencia

Legisladores de oposición presentaron denuncias contra tres funcionarios estatales que se habrían ‘negado’ a publicar decretos oficiales

Legisladores de oposición presentaron una denuncia formal a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FJGNL) en contra de tres funcionarios estatales, acusándoles de desobediencia por negarse a prestar el servicio de publicación oficial sin causa legítima. 

La denuncia fue interpuesta por los panistas Carlos de la Fuente y Gilberto de Jesús Gómez, así como por Alhinna Vargas, del PRI, quienes aseguraron que en horario laboral y bajo la obligación de realizar sus tareas, los funcionarios decidieron ignorar la petición poniendo como pretexto la entrada del periodo vacacional.

Los trabajadores estatales son el director de Presupuesto y Control Presupuestal de la Tesorería General, Juan Carlos Hernández Caballero, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Juan Isidoro Luna Hernández y la exdirectora del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila.

Funcionarios ya estaban ‘en la mira’

Tanto Luna Hernández como Dávila ya habían estado vinculados a proceso por un presunto caso de abuso de autoridad, al negarse a publicar decretos aprobados por el Congreso en el Periódico Oficial; de hecho, Dávila renunció a su puesto a causa de la denuncia y argumentando un acoso constante por parte de legisladores del PAN y el PRI.

“No voy a permitir que la mezquindad de los Diputados del PRI y del PAN me quite mi paz y la de mi familia; renuncio porque no voy a poner en riesgo mi estabilidad por culpa de la ambición desmedida de estos diputados”, señaló Dávila en su carta de renuncia, fechada el 14 de diciembre de 2022.

Sin embargo, los diputados de oposición justifican su denuncia basados en el artículo 180 de Código Penal Estatal, en donde se especifica que cualquier servidor público que decida no prestar un servicio de interés público sin tener una justificante legítima incurre en un delito.

En esta ocasión, los diputados citan que el pasado 12 de diciembre se les negó el derecho de publicación oficial debido a que el personal ya se encontraba de vacaciones, mismas que les fueron adelantadas.

La situación se presentó a pesar de que en el mismo Periódico Oficial se publicó que, si bien las dependencias se encontraban en su periodo vacacional, los encargados podían realizar sus labores vía remota, además de designar horarios de guardia para seguir cumpliendo con sus obligaciones.

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