Contratos ‘en sangre’
La firma Intermet, que está por obtener dos contratos por casi 350 millones de pesos de la Secretaría de Salud Jalisco, comparte domicilio y accionistas con Impromed, empresa investigada por la Cofece por presuntas prácticas monopólicas
Luis Herrera[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_40y29a44″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
La empresa Intermet que podría recibir en breve un par de contratos por casi 350 millones de pesos de la Secretaría de Salud Jalisco, comparte domicilio y accionistas con Impromed, una de las firmas que está en la mira de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por haber impuesto un monopolio en los servicios de banco de sangre y laboratorio para el sector público.
De acuerdo con empresas locales del ramo, la Secretaría perfila la entrega de las licitaciones 43068001-008-2019 “Servicio Integral de Banco de Sangre”, y 43068001-007-2019 “Servicio Integral Subrogado de Pruebas de Laboratorio y Estudios de Gabinete” a Intermet, no obstante su vinculación con la firma indagada por Cofece que es Impromed.
En el Registro Único de Proveedores del Gobierno de Jalisco, tanto Intermet como Impromed aparecen con el mismo domicilio oficial en la calle Aquiles Serdán No. 676, en el municipio de Guadalajara, solo se diferencian en que la primera inscribió el número interior 101, y la segunda el 201
Ambas empresas tienen entre sus accionistas a José Fernando Chein Schekaiban, se constata al cotejar un poder notarial emitido por Impromed el 5 de octubre de 2006, con escritura 117 mil 684 de la Notaría 103 de CDMX, y la propia acta constitutiva de Intermet, con escritura 30 mil 397, del 27 de abril de 1988, emitida por la Notaría 2 de Tlalnepantla, Estado de México.
Pese a esos nexos y a que en el ámbito médico-empresarial Intermet es conocida como una firma filial o hermana de Impromed, es cuestión de días para que la Secretaría de Salud Jalisco emita los fallos que estarían beneficiando a ese grupo de compañías señalado por presuntas prácticas monopólicas en demérito de las instituciones de salud públicas y que ha sido llamado el “Cártel de la sangre”
El origen
La empresa Impromed, que de acuerdo con el poder notarial citado tiene como sus accionistas a María Guadalupe García Etchegaray y a José Fernando Chein Schekaiban, fue constituida con la escritura 7 mil 907 del 25 de junio de 1992, expedida por la Notaría 182 de la CDMX, que entonces estaba en manos de Olga Sánchez Cordero de García Villegas, actual secretaria de Gobernación.
Mientras que Intermet fue creada con la escritura citada de 1988 teniendo por sus accionistas a José Fernando Chein Schekaiban, Teresa de Jesús Vázquez Soriano, Anastasio Almazán Solano, Félix Gómez Solano y Julio Jaime Ortega Amieva.
Ambas empresas fueron concebidas para participar en un amplio abanico de actividades económicas, desde el ámbito médico hasta la ganadería. Los dos siguientes giros de Impromed que se citan aparecen también con diferencias menores en el acta de Intermet.
“Compraventa, arrendamiento, permuta, adquisición, construcción y acondicionamiento, así como la importación y exportación de todo tipo de instrumental, productos, aparatos y equipo médico y quirúrgico, para uso o venta en clínicas, hospitales, consultorios, laboratorio, farmacias, almacenes, centros de investigación y experimentación tanto privados como públicos”.
“El comercio y la industria en general, la compraventa, exportación, importación, distribución, consignación, comisión, fabricación, maquilado, administración, alquiler, posesión, dar o tomar en prenda y negociar a cualquier título con toda clase de bienes muebles, productos, maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, mecánicos, electrónicos, ropa, tela, juguetes, enseres, papelería, materiales para la construcción y en general de todo lo que se destine para el uso en el hogar, la oficina, casa habitación, edificios, en la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio”
Impromed también explora el ramo inmobiliario, pues puede “urbanizar, pavimentar, fraccionar, desarrollar, asesorar, edificar, y hacer toda clase de instalaciones sanitarias, eléctricas y de cualquier clase en los terrenos, construcciones de edificios en general, casas, unidades habitacionales, desarrollos turísticos y urbanos, obras civiles e industriales en general; el desarrollo de fraccionamientos, lugares para casas móviles, estacionamientos, hoteles, moteles, escuelas, centros artesanales y culturales, salones de baile y de esparcimiento”.
Sanción en puerta
El 28 de marzo pasado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirmó que había concluido la fase de investigación del procedimiento DE-011-2016 que abrió contra el grupo de empresas conocido como “Cártel de la sangre”, por presuntamente haber conformado un monopolio en los servicios de banco de sangre y laboratorio en México.
Anunció que había emplazado a las empresas señaladas, entre las que ha trascendido Impromed. “Por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con estos, contratados por el sistema nacional de salud en el territorio nacional”.
La Autoridad Investigadora de la Cofece emitió dentro de ese procedimiento un dictamen de probable responsabilidad, en el cual afirma “que tuvo conocimiento de hechos que indican la posible coordinación de posturas o abstenciones por parte de varios agentes económicos en las licitaciones realizadas por instituciones públicas de salud que contratan servicios para brindar atención médica”.
Antes de que la Cofece emita su resolución definitiva del caso recogerá los posicionamientos de las firmas señaladas del “Cártel de la sangre”, sin embargo, acotó que “de comprobarse la realización de una conducta ilícita, los agentes económicos podrían ser sancionados con multas de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica”.
En Jalisco las dos licitaciones que podrían quedar en manos de la dupla Impromed-Intermet fueron impugnadas en marzo ante la Contraloría de la Secretaría por la Distribuidora Química y Hospitalaria GAP, que afirma que están direccionadas para beneficiar a esas firmas, pues detectó múltiples insumos exigidos con características que solo tienen las marcas que distribuye la primera.
