Los propietarios legales del Casino Miravalle, operado por Urban Publicity, buscan que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado les haga efectivo el dicho:  “La casa no pierde”.

Fuentes relacionadas con el caso indican que los socios buscan aplicarse un autoembargo para recuperar todos los bienes que están en el interior del inmueble.

Y con esto poderse llevar las máquinas, muebles y aparatos de computación,  para venderlos y pagar deudas que la empresa tiene con los exempleados adheridos a la CROC.

Los propietarios legales de Urban Publicity, en contubernio con operadores de la central obrera, fabricaron de la nada un emplazamiento a huelga.

Petición que fue aprobada por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, que extendió el oficio E09130321-53132123, para que fuera entregado al director Jurídico del Municipio de Monterrey.

La relación estrecha entre la central obrera y la Junta de Conciliación quedó evidenciada, cuando Gerardo Israel Gómez, operador de la CROC y Álvaro Vázquez Ruan, abogado legal de Urban Publicity, acudieron juntos a entregar la notificación del emplazamiento a huelga al Municipio.

La fuente informó que ambos sabían que el juez Iván Escalera Millán, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, otorgaría un amparo a Urban Publicity, empresa vinculada al priista Sergio Gil.

Y si, el juzgador ordenó al Municipio de Monterrey levantar los sellos de clausura en el Casino Miravalle, con el pretexto que se realizaría un peritaje.

Acción que fue aprovechada por los croquistas, quienes ingresaron al inmueble y se quedaron en el interior.

Este centro de apuestas se encuentra clausurado por el Ayuntamiento regio desde febrero del año pasado.

La intención, dijo la fuente, era primero apoderarse del inmueble, para posteriormente solicitar el autoembargo y sacar todos los bienes.

“Se nos hace muy raro que precisamente cuando nos ordenan abrir el inmueble para los efectos de un mandato judicial, exactamente a la misma hora llegue un documento expedido hace 36 días, diciendo que no procedamos a ningún tipo de acción en virtud de que hay un emplazamiento a huelga”, dijo la fuente.

Brenda Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Monterrey, explicó que levanta sospechas la serie de actuaciones y notificaciones legales que la CROC aprovechó para irrumpir en el establecimiento.

“Aunque uno no quiera pensar mal, esto es una clara muestra de un contubernio que hay entre distintas autoridades para efecto de favorecer al Casino Miravalle”, dijo la funcionaria municipal.

Calificó que el autoembargo que pretenden realizar los dueños del casino es irresponsable.

“Es una falta de respeto para el juez y una falta de respeto a la autoridad municipal, la forma en que están haciendo las cosas, por lo que hacemos un llamado a las autoridades estatales”, concluyó.