Para dar una resolución a las investigaciones, los Ministerios Públicos tendrán que apoyarse de la Policía de Investigación y de todas aquellas personas que presencian los hechos. Foto: Especial

Combate al maltrato animal en la Ciudad de México, entre pendientes

Las reformas al Código Penal para que el maltrato animal se persiga de oficio ya entraron en vigor, sin embargo, la saturación de los organismos judiciales encargados de investigar estos casos y su carencia de recursos hacen que sea muy difícil que la nueva legislación se cumpla

Mitigar la crueldad contra los animales en la Ciudad de México (CDMX), entidad que ha resaltado por ir un paso al frente en la implementación de normativas en favor de los derechos humanos y de los seres vivos, aún está lejos de lograrse, pues todavía existen vacíos legales e insuficiente capacidad institucional para garantizar que esta práctica disminuya de manera sostenida y se castigue.

En fechas recientes, el Congreso local avaló un dictamen para que cualquier persona que maltrate a un animal sea perseguida de oficio y no únicamente por denuncia, debido a que las cifras por violencia animal y el robo de diversas especies continúan al alza.

Sin embargo, especialistas y legisladores coinciden en que, aunque esto representa un avance para enfrentar la problemática, el cumplimiento de la iniciativa puede verse acotada ante la saturación de casos que existe en las instancias judiciales, entre ellas los Ministerios Públicos.

A esto se suma que los establecimientos privados como clínicas u hospitales veterinarios no están sometidos a una regulación que les obligue a brindar una atención digna, especializada y, sobre todo, accesible a los animales que lo requieren, lo que deja en los organismos públicos la tarea de atender a bajos costos o de manera gratuita.

Lo anterior abre la posibilidad a prácticas como abandono o desatención por parte de las personas cuidadoras ante la imposibilidad de costear los servicios médicos o alimentarios de los seres a su cargo.

Víctimas de delitos

En los últimos años, el maltrato animal se ha convertido en el motivo más recurrente por el que se interponen denuncias por delitos contra el medio ambiente, según estadísticas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX.

Las cifras que están disponibles en el portal de este organismo, revelan que en 2020 la PAOT recibió un total de mil 113 denuncias por delitos ambientales, de las cuales, 488 fueron por maltrato animal. Lo que representa el 40.91 por ciento del total.

Para 2021, la procuraduría recibió 10 mil 39 denuncias por ilícitos en materia ambiental; de esas, 5 mil 541 fueron por maltrato animal, el equivalente al 55.19 por ciento del total.

En 2022, el órgano defensor del medio ambiente registró un total de 7 mil 32 denuncias; de esa cifra, 3 mil 679 se realizaron por maltrato animal, lo que representa el 52.32 por ciento.

De enero a julio de 2023, se interpusieron 5 mil 639 denuncias por delitos ambientales ante la PAOT, de las cuales, el motivo de 2 mil 634 fue el maltrato animal; es decir, el 46.73 por ciento.

Robo de animales, en aumento

No solo el maltrato animal tiene una incidencia importante, también se ha registrado un incremento en el robo de animales de compañía.

De 2020 a 2022, esta práctica ha aumentado de manera considerable, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia.

En 2020 se abrieron 106 carpetas de investigación por robo de animales; en 2021 fueron111 y en 2022 la cantidad se situó en 129, lo que significa un alza del 21 por ciento en dicho lapso.

El robo de animales aún no está tipificado en el Código de la Ciudad de México como un delito y actualmente se persigue como robo de objetos.

Sin embargo, existen propuestas legislativas en el Congreso capitalino para tipificar esta afectación y pueda ser castigada.

En enero de 2023, el legislador local de Morena, Temístocles Villanueva, presentó una iniciativa de ley para sancionar el secuestro y robo de animales de compañía a través de una reforma al Código Penal para el Distrito Federal.

“Al que con ánimo de dominio, prive de la vida o libertad a un ser sintiente con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a cualquier persona, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de sesenta a ciento cincuenta días de multa.

“La pena prevista en el párrafo anterior, se incrementará en una tercera parte, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en el mismo concurre cualquiera de las siguientes circunstancias: I. Se realice con violencia y II. Sea un animal de asistencia”, detalla el documento presentado por el morenista.

Otro delito que padecen los animales y que se busca tipificar es el abandono. En mayo de 2022, el mismo legislador del partido guinda propuso una reforma, también al Código Penal, para que el abandono de animales de compañía sea sancionado con hasta tres años de prisión.

Maltrato, sin solución integral

Perseguir de oficio el maltrato animal no es suficiente para acabar con el problema en la Ciudad de México, asegura Adrián Regino, especialista en derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El 23 de agosto de 2023, entraron en vigor las reformas al Código Penal, aprobadas por el Congreso local, para que el maltrato animal se persiga de oficio por parte de la Fiscalía General de Justicia sin necesidad de que exista una denuncia.

Las modificaciones realizadas por el Poder Legislativo de la capital consisten en reformar las fracciones II, III y sexto párrafo y derogar el último párrafo del artículo 350 bis y el quinto párrafo del artículo 350 del Código Penal.

Regino reconoce esas modificaciones como algo que abona a los derechos de los animales, pero indica que el reto es que los organismos judiciales tengan la capacidad de investigar de manera eficiente cada caso.

“Lo que sucede es que, anteriormente, única y exclusivamente el dueño podría acudir al Ministerio Público a iniciar la investigación. Ahora pasamos a un escenario donde la autoridad puede perseguirlo, aunque no exista una denuncia. Lo primero que se podría dar es una cantidad increíble de investigaciones, el segundo tema importante, es la capacidad de los Ministerios Públicos para integrar las investigaciones”, detalla el académico.

Afirma que, para dar una resolución a las investigaciones de maltrato animal, los Ministerios Públicos tendrán que apoyarse de la Policía de Investigación y de todas aquellas personas que presencian los hechos.

“Se van a saturar las fiscalías, aproximadamente un Ministerio Público tiene más de 300 carpetas de investigación y padecen la falta de recursos”, manifiesta.

Mejorar el sistema de Justicia Cívica

“Hay una enorme polémica al respecto, pero tenemos también que mejorar nuestro sistema de Justicia Cívica y nuestras opciones de penas alternativas a la privación de la libertad”, afirma en entrevista el diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres González, respecto al hecho de que el maltrato animal se persigue de oficio.

El legislador indica que ese sería el camino para que, efectivamente, se sancionen las conductas de violencia contra los animales.

“Comparto el diagnóstico de que el mayor problema, no importa que las penas sean altas, es que el Ministerio Público no tiene la capacidad de atender estas demandas. Si generamos vías alternativas, las sanciones se pueden aplicar”, menciona.

Torres declara que, pese a los avances alcanzados en la Legislatura actual en favor de los derechos de los seres vivos, aún hay enormes pendientes dentro de la legislación para avanzar hacia una verdadera protección y bienestar animal.

El diputado Royfid Torres, uno de los promoventes de la expedición de la Ley de Protección y Bienestar Animal, asegura que deben establecerse penas alternativas para quienes violenten a algún animal en la Ciudad de México y con ello evitar saturar a los Ministerios y Fiscalías. Foto: Especial
El diputado Royfid Torres, uno de los promoventes de la expedición de la Ley de Protección y Bienestar Animal, asegura que deben establecerse penas alternativas para quienes violenten a algún animal en la Ciudad de México y con ello evitar saturar a los Ministerios y Fiscalías. Foto: Especial

No obstante, refiere que la aprobación en mayo de 2023 de la “Ley Maple”, que tiene como objetivo proteger a los animales de compañía cuando quedan al cuidado de pensiones, veterinarias o escuelas de adiestramiento; no ha podido entrar en vigor debido a una serie de observaciones realizadas por el Gobierno central que deben atenderse.

“Todos estos establecimientos no estaban considerados dentro de la Ley de Protección a los Animales, cambiamos incluso la denominación por una Ley de Bienestar Animal con todos sus agregados; sin embargo, se aprobó por el Congreso y recibimos observaciones de la Jefatura de Gobierno y, espero que en este primer mes del periodo que inicia, las solventemos y podamos avanzar con esta primera regulación”, advierte.

La Ley de Protección y Bienestar Animal, mejor conocida como “Ley Maple”, surgió a partir de la indignación que causó la muerte de Maple, un perro de raza Shiba Inu, en 2022.

El can ingresó con vida al campamento para mascotas “You can dog training”, pero fue devuelto a sus dueños en una urna, sin que se les diera mayor información de lo ocurrido y sin su autorización para llevar a cabo la incineración.

Royfid Torres añade que hace falta un esfuerzo grande por parte de las autoridades para incentivar la cultura de una tenencia responsable, que incluiría el registro y la esterilización obligatorios de los animales de compañía para evitar el comercio ilegal de especies.

Mayor inversión

El artículo 4 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece que, entre las obligaciones de los habitantes de la capital, se encuentra el garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitar el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia.

Mientras que el artículo 4 Bis 1 señala que los propietarios de animales de compañía deben proporcionarles agua limpia y fresca en todo momento, servida en un recipiente limpio, en cantidad adecuada a su especie, estado fisiológico y edad; proporcionarle atención veterinaria inmediata cuando se presente alguna lesión o enfermedad y tener vigente su cuadro de medicina preventiva de acuerdo con su especie, estado fisiológico y edad; por mencionar algunas.

Para cumplir esta última disposición, los responsables de los animales de compañía deben comprometer una parte considerable de sus ingresos, lo que podría minar el impacto de campañas como ADOPTACDMX de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que buscan incentivar la adopción responsable.

En la capital del país únicamente existe un hospital público especializado para la atención de mascotas a pesar de la gran demanda que existe. Foto: Especial
En la capital del país únicamente existe un hospital público especializado para la atención de mascotas a pesar de la gran demanda que existe. Foto: Especial

La nota “No solo de amor vive tu mascota” de la revista “Proteja su dinero” de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros, dice que el gasto anual para garantizar el bienestar de una mascota es de entre 10 mil 900 pesos hasta 19 mil 510 pesos, incluidos los gastos de esterilización, el primer esquema de vacunación y el alimento.

En la Ciudad de México, según los resultados de la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021), 61.4 por ciento de los hogares cuentan con mascotas; no obstante, existe solo un hospital veterinario público en la capital del país especializado en la atención médica avanzada para perros y gatos y se encuentra en la alcaldía Iztapalapa.

Víctimas de abusos sin respaldo

Jesús Espinosa es dueño de Coco, una gatita diagnosticada con enfermedad de riñón poliquístico y falla renal crónica que también fue víctima de abuso por parte del hospital veterinario Animalitos, con sede en la alcaldía Benito Juárez, en donde le cobraron estudios y servicios extras.

“Pensaría que es un lugar de calidad, pero me llevé la sorpresa de que no es así, la clínica se ve bien, los doctores son amables y espero que sean profesionales, pero en cuestiones administrativas deja mucho que desear, hacen cobros y estudios sin autorización y no llevan un control correcto de los días que tienen internada a tu mascota. Es un lugar que yo no recomendaría para nada”, dice a Reporte Índigo.

Añade que, después de hacer un balance del gasto que hizo después de hospitalizar por tres días a su mascota, optaría en una siguiente ocasión por un establecimiento público; sin embargo, debido a la urgencia de la atención que tuvo en un primer momento, fue prioritario acceder al servicio de salud privado.

Sobre ese tema, el diputado Royfid Torres asegura que, al tratarse de servicios privados, es muy difícil establecer tarifas para atención, por lo que han promovido que el Gobierno de la capital destine un presupuesto especial para la Agencia de Atención Animal para que lleve a cabo campañas de esterilización y vacunación.

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