La tirantez entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría complicar la continuidad del trabajo de un grupo de expertos que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que tras una audiencia en la CIDH que la intención del gobierno es reunirse la próxima semana con los integrantes de la Comisión para debatir la extensión del mandato del equipo, que vence el 30 de abril.
Pero el embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa, dijo que es innecesario prolongarlo y agregó que la decisión debe ser adoptada de manera conjunta por el Estado, las familias de las víctimas y la CIDH.
El artículo 10 del acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato “será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
El presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, indicó que el organismo “va a escuchar a las partes y tomar una decisión. El Estado no tiene decisión en este tema, sino insumos”. (AP)
