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SEGURIDAD

CJNG y Cártel de Sinaloa encuentran nuevo negocio, tráfico de especies con China: Instituto Brookings

La investigadora Vanda Felbab-Brown, del Instituto Brookings, dio a conocer que el Cártel de Sinaloa y, en menor medida, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya controlan la industria pesquera y maderera en las relaciones comerciales entre México y China.

La especialista explicó que los pescadores furtivos y talamontes son obligados a trabajar para el narcotráfico de manera que les pagan con metanfetaminas o fentanilo.

Lo anterior debido a que el crimen organizado encontró un nuevo negocio, el del tráfico de especies pues existe una sed insaciable de China por ejemplares como la totoaba, conocida como la corvina blanca, el pepino de mar o el abulón.

En ese sentido, el CJNG entrega esas especies a los comerciantes chinos, quienes a cambio les proporcionan precursores químicos necesarios para producir la droga que tanto se vende.

Lo anterior, es parte de una investigación de Vanda Felbab-Brown, quien la publicó para el Instituto Brookings, Tráfico ilegal de especies en México ligado a China.

De hecho, el informe apunta a un creciente control de las industrias pesquera y maderera de México por parte de los carteles para abastecer la enorme demanda china.

A su vez, para el capitán Faustino Suárez Rodríguez, presidente de la Consultoría de la Marina Mercante de México, la participación del crimen organizado en la pesca ilegal “puede existir. Hay productos pesqueros que, de alguna manera por las vedas, el crimen organizado puede intervenir”.

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Varias causas favorecen la pesca ilegal en México: falta de inspección y vigilancia; corrupción, impunidad y crimen organizado; y precariedad de comunidades pesqueras y falta de alternativas para este sector, refiere el Diagnóstico sobre la pesca ilegal en México (marzo de 2022), del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Reconoce mayor presencia del crimen organizado que utiliza como pantalla la pesca (camarón en Sinaloa y pepino de mar en Yucatán) para el trasiego de drogas, rebasa totalmente la capacidad y facultades de instituciones civiles del gobierno en el sector pesquero.

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