El negocio de la jugada ocasiona que a muchos mexicanos les vaya de la patada.

Pero las empresas del juego, incluso sin autorización oficial, están boyantes en recursos.

Y es que no importó que la Secretaría de Gobernación declarara falso un permiso de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua S.A. de C.V.

Tampoco, que detrás de esa supuesta autorización estuvieran ex funcionarios de Gobernación acusados de de corruptos.

Pero menos influyó que el municipio de Linares tratara de clausurar el casino.

Un magistrado amparó a esta compañía en Puebla.

Y con ello, sus utilidades debieron aumentar nueve veces en los primeros cuatro meses de funcionamiento. Luego, 34 veces en un año, para que sus participaciones reportadas a Gobernación se incrementaran en esos montos.

Es decir, no solamente se burlaron de las autoridades, sino que sus ganancias se fueron a los cuernos de la luna.

De noviembre de 2010 a diciembre de 2010, en un mes, la empresa reportó a la dirección de Juegos y Sorteos de Gobernación participaciones que fueron de los mil 903 pesos, a los 49 mil 677 pesos.

Claro, fue el primer mes y el salto pudo ser así de grande en los ingresos.

Pero luego, de ese diciembre de 2010 a marzo de 2011, tan sólo en esos cuatro meses, el monto que reportó a Gobernación creció nueve veces.

En ese periodo creció de los 49 mil 677 pesos a los 464 mil 399 pesos, casi medio millón.

Pero el incremento exponencial en las cantidades de dinero que reportó a la Secretaría de Gobernación continuó.

Tan sólo de enero de 2011 a enero de 2012, el monto del dinero reportado en participaciones a la dependencia federal creció 34 veces.

De los 49 mil 751 pesos de participaciones en enero de 2011, pasó a 1 millón 727 mil 107 pesos en enero de 2012.

Y ya para mayo de 2012 la compañía reportó 2 millones 129 mil pesos.

Un lucrativo negocio a expensas de la autoridad, de los jugadores y de quién sabe qué otra organización.

La próspera empresa con establecimientos en varias ciudades del país, tiene siete centros de apuestas entre Monterrey, Allende, Montemorelos y Linares.

Aunque Gobernación denunció que el permiso con el que puede operar hasta 60 centros de apuestas es apócrifo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Puebla resolvió el pasado 9 de agosto que el permiso es válido.

Y resolvió así porque así lo testificó el ex titular de la Unidad de Gobierno de Segob, Manuel Ignacio Fierro Evans, durante un juicio previo.

Proceso en el que la misma Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua litigó contra el Municipio de Linares que le había negado establecerse.

Pero Fierro Evans testificó así porque está detrás de ese y otros supuestos permisos otorgados en condiciones extrañas.

De hecho, Fierro Evans fue destituido e inhabilitado para el servicio público en 2007.

Y en 2012 la Procuraduría General de la República lo acusó de autorizar “criterios de excepción” que permitieron la operación del trágico Casino Royale, pero un magistrado federal negó la orden de aprehensión contra este personaje por supuestas fallas técnicas del Ministerio Público.

Hasta antes de la sentencia del tribunal en Puebla que amparó a los negocios dando como válida la autorización, Gobernación no publicaba a esta empresa en la lista de permisionarios que difunde por Internet, pero ahora lo tuvo que hacer.

Así que esta lucrativa empresa donde aparecen como socios Marco Antonio Ayala Anzaldúa y Antonio Ochoa Garza se rió de Gobernación, del Ayuntamiento de Linares y de los jugadores que actualmente continúan subiendo sus ganancias.