Buscan regular el bloqueo de funcionarios a usuarios de redes sociales en la CDMX
La Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso local, encabezada por el emecista Royfid Torres, presentará la iniciativa; la SCJN ya resolvió en favor de un periodista en marzo de 2019, quien fue bloqueado por Jorge Winckler
David MartínezEn el Congreso de la Ciudad de México se emprenderá el camino para erradicar una mala práctica en el servicio público: el bloqueo en redes sociales por parte de funcionarios.
Legisladores de oposición señalan que el uso de estos medios de comunicación por parte de servidores públicos no está normado y es urgente regular el tema para evitar que corten la comunicación con la ciudadanía.
Lo anterior, en el contexto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones que prohíben que las y los trabajadores del Gobierno bloqueen a los usuarios de plataformas digitales.
Sin embargo, dicha práctica sigue ocurriendo y existen diversos casos que sirven de ejemplo: uno de ellos sucedió el 6 de mayo de 2022 cuando la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, bloqueó a la cuenta vecinal de Twitter de la colonia Cuauhtémoc.
“Nos bloqueó la servidora pública Sandra Cuevas por decirle que está llenando de ambulantes la colonia Cuauhtémoc y que tenemos documentos donde se prueba que vende permisos de 40 mil pesos”, detalla la publicación.
Nos bloqueó la servidora pública @SandraCuevas_ por decirle que está llenando de ambulantes la colonia Cuaúhtemoc y que tenemos documentos donde se prueba de que vende permisos de $40mil Cómo era que un funcionario no puede hacer esto @Mony_de_Swaan @5antaMerlina @reformaciudad pic.twitter.com/TR7nj83LiC
— Colonia Cuauhtémoc (@lacuauhtemoc) May 6, 2022
El origen de la propuesta
El pasado 20 de julio, la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso local dio a conocer a través de un comunicado que la directora del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Nadia Troncoso Arriaga, bloqueó a los diputados Daniela Álvarez Camacho y Royfid Torres González.
Lo anterior, por las denuncias que realizaron sobre presuntos malos tratos en los centros de asistencia a poblaciones callejeras. Ante esto, ambos legisladores presentaron un amparo a la SCJN para que se les retirara el bloqueo.
En entrevista, Royfid Torres afirma que tras presentar el amparo, la funcionaria los desbloqueó; no obstante, indica que lo sucedido refleja la necesidad de reformar la ley para evitar que los funcionarios públicos impidan el derecho de los ciudadanos a la información.
Por ello, su asociación parlamentaria presentará una iniciativa en el próximo periodo de sesiones ordinario, que inicia en el mes de septiembre, para establecer en la ley que los funcionarios públicos de alto nivel tengan una cuenta de redes sociales relacionada con su gestión en el servicio, además de las personales que puedan manejar.
Afirma que la iniciativa se argumenta, tanto en resoluciones de la SCJN como de juzgados locales, que indican que los servidores no pueden restringir canales de información o de petición a los ciudadanos.
“Se pensaba que las redes sociales personales eran parte de la vida privada y no como una herramienta del servidor público. No obstante, desde el Poder Judicial, un juez de Nogales fue el primero que pidió a un funcionario desbloquear a un ciudadano al considerar que las redes sociales son un medio para que se difunda información de su actividad pública”, explica.
Por lo que afirma que dentro de la agenda legislativa de la asociación se integrará la propuesta para reformar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
“Estaría muy bien integrarlo como una reforma al derecho a la información y que se defina muy bien qué funcionarios deben tener una cuenta de redes sociales institucional y que se establezca que desde ella no pueden bloquear a nadie. Así ya no queda en el limbo el tema”, detalla.
Asimismo, agrega que la iniciativa que presentará su asociación buscará establecer en qué situaciones los funcionarios sí podrán bloquear usuarios.
“Tenemos que garantizar que la información y el diálogo sea en el ámbito de la comunicación, no del ataque ni en el insulto, para esto debemos establecer parámetros que determinen cuándo un funcionario puede restringir a un usuario porque nadie tiene por qué soportar insultos sin sentido”, explica.
Caso Jorge Winckler
Uno de los casos más recientes que ha resuelto al respecto la SCJN es el que data del 20 de marzo de 2019, cuando la Segunda Sala del órgano resolvió el amparo 1005/2018 a favor del periodista Miguel Ángel Carmona, quien fue bloqueado por el exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler –actualmente bajo prisión preventiva por los presuntos delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de persona–.
“El asunto tiene sustento en los siguientes antecedentes: Un periodista que realizaba coberturas sobre temas vinculados con la inseguridad, derechos humanos, desapariciones y fosas clandestinas (para lo cual utilizaba la red social Twitter a fin de difundir las notas que redactaba y mantener contacto con las autoridades del estado de Veracruz).
“Se percató, en octubre de 2017, de que el fiscal General de Veracruz (en adelante el fiscal General), lo había bloqueado en su red social Twitter”, detalla la resolución.
Ante esto, el comunicador promovió un juicio de amparo indirecto porque “en su opinión, el bloqueo que sufrió vulnera su derecho de acceso a la información como periodista, pues le impide conocer datos de interés general vinculados al ejercicio del cargo público que aquél ostenta y que constituye un acto de discriminación”.
En primera instancia, un Juzgado de Distrito falló a favor del periodista; sin embargo, el fiscal impugnó porque, supuestamente, el juez valoró erróneamente que, al bloquear al periodista, actuó con carácter de autoridad, aunado a que su cuenta de Twitter no se encuentra verificada y no debe considerarse como un medio de comunicación oficial sobre su gestión como servidor público.
A pesar de esto, la SCJN determinó que sí se vulneró el derecho a la información del periodista porque el fiscal abrió de manera voluntaria su cuenta de Twitter y comenzó a publicar en ella asuntos relacionados con el servicio público y su cargo está expuesto al escrutinio de la sociedad.