Los saqueos y el ataque al Palacio de Gobierno del viernes pasado exhibieron la debilidad de los operadores de ‘El Bronco’

El gobernador Jaime Rodríguez está contra la pared. Su espacio de movilidad cada vez se reduce más al igual que sus aspiraciones por competir por la presidencia en el 2018.

La cancelación del impuesto de la tenencia que analiza llevar a cabo esta semana como una medida extraordinaria para contener la crisis política y social que enfrenta su gobierno no será suficiente para apagar la indignación social que existe en contra de su mandato.

“El Bronco” está pagando las consecuencias de haberse alejado de las causas ciudadanas que hace un año y medio lo llevaron a ganar la gubernatura de Nuevo León.

A la inconformidad contra el mandatario estatal se le sumó el enojo que provocó la decisión del Gobierno federal de aumentar la gasolina este año y que ha desatado movilizaciones a lo largo del país.

La medida de cancelar el pago de la tenencia vehicular –cuya decisión de mantenerla fue lo que generó las protestas de diciembre en su contra- no le permitirá salir de la crisis si no existe realmente un cambio de timón de su gobierno y un reajuste en su gabinete.

En Nuevo León existe cada vez más fuerte una decepción generalizada sobre el gobierno de “El Bronco”, un enojo social por parte de los regiomontanos que votaron por él en las elecciones del 2015.

En un año apenas, la popularidad de “El Bronco” se ha desplomado de una forma pocas veces vista en un gobernante que alcanzó un respaldo ciudadano sin precedentes en la historia de Nuevo León.

La debacle de “El Bronco” ha sido propiciada por una combinación de varios factores, entre los que sobresalen la ineptitud e inexperiencia de su equipo de gobierno.

Rodríguez hoy navega solo hacia el naufragio.

Fracasa operativo de seguridad

La protesta y los saqueos del viernes pasado en la ciudad regiomontana exhibieron la debilidad de su liderazgo político, la ausencia de una autoridad y la incompetencia de los operadores principales de “El Bronco”.

El gobernador y su equipo no intervinieron para detener las protestas violentas y los saqueos, buscando no aumentar el desprestigio del mandatario en caso de que se presentara un enfrentamiento con los policías.

Rodríguez puso sus aspiraciones presidenciales por encima de su obligación de hacer cumplir la ley en contra de los manifestantes rijosos y saqueadores.

La premisa fue simple: las protestas contra el gasolinazo son un reclamo que debe de atender el Gobierno federal, y no su administración.

Sin embargo, una parte de los manifestantes que se concentraron en la Macroplaza el viernes pasado fueron convocados para protestar contra su decisión de aumentar impuestos este año y no haber eliminado la tenencia vehicular, como había prometido.

La manifestación del viernes fue convocada por activistas como Gilberto Lozano y Pedro Rodríguez, “Fufito”, que han encabezado varias protestas en contra del gobernador.

El operativo de seguridad que se montó para resguardar a las manifestantes pacíficos fracasó una vez más.

No solo Fuerza Civil dejó que los violentos llegaran hasta las puertas de Palacio de Gobierno, sino que no intervino para detener a la turba que comenzó a realizar desmanes en la zona de la Macroplaza.

En la impunidad total, los grupos violentos –algunos de ellos encapuchados- se enfrentaron con los policías, causaron destrozos en el Palacio de Gobierno y destruyeron vehículos de los medios de comunicación.

No advierten señales

El gobierno de “El Bronco” no hizo caso a las advertencias.

En el mes de diciembre hubo una primera situación donde cientos de manifestantes que protestaban en el Congreso del Estado se desplazaron a Palacio de Gobierno e irrumpieron hasta el despacho del gobernador, que en ese momento estaba ausente del inmueble.

La omisión de Fuerza Civil fue mayor esta vez.

La corporación estatal tampoco intervino para evitar los saqueos de tiendas que se registraron en la zona norte de Monterrey y en municipios como Apodaca.

Policías estatales aseguraron a este medio que recibieron órdenes de sus mandos superiores para no confrontar al grupo rijos que irrumpió en la manifestación en la Macroplaza.

El viernes pasado en conferencia de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez anunció su respaldo a la manifestación pacífica, aunque la noche del jueves había responsabilizado a los organizadores de los desmanes.

Las autoridades reportaron la detención de 48 personas ligadas con los actos vandálicos en la Macroplaza y saqueos que hubo a tiendas de la Ciudad.

En la misma conferencia de prensa, Rodríguez adelantó que esta semana anunciaría un ajuste al presupuesto del 2017, que se aprobó en diciembre pasado con nuevos impuestos y aumentos.