A pesar de las crisis de desaparecidos y en materia forense por las que atraviesa México, la Base Nacional de Información Genética que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR) estará concluida hasta el año 2023, de acuerdo con reportes del organismo.

Dicha Base Nacional de Información Genética es uno de los componentes que tendrá el Banco Nacional de Datos Forenses, que sigue sin existir aunque debió entrar en operaciones desde el año 2019, según está previsto en la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.


La Base Nacional de Información Genética debió entrar en operaciones desde el año 2019 pero hoy todavía no tiene actividad

La Fiscalía señala que la creación de esta Base Nacional de Información Genética (BaNIG) está en manos de la Coordinación General de Servicios Periciales y del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia:

”Siendo posible identificar que dicha Base se encuentra en primera fase de implementación, ya que esta se tiene proyectada a 30 meses, con la finalidad de tener una cobertura nacional para el año 2023, esto de acuerdo con las capacidades de la FGR, Fiscalías estatales y demás instituciones vinculadas a la Procuración de Justicia, entre ellos la Guardia Nacional, INCIFO y el Instituto Jalisciense”, indicó vía transparencia en el recurso RRA 3907/21).

El objetivo es que todas las autoridades estatales y federales puedan compartir su información genética en una sola base de datos nacional, para ampliar las capacidades de identificación de cadáveres y restos humanos, sin embargo, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero reconoce en este reporte emitido el 3 de junio de 2021 que apenas va en la primera fase del proyecto.

“Para el desarrollo de la BaNIG, se contempla un esquema escalonado de implementación en tres fases, de acuerdo con la disponibilidad de los equipos tecnológicos, así como de la acreditación de los laboratorios de las Fiscalías y Procuradurías del fuero común, bajo el estándar ISO/IEC 17025: 2017. La primera fase de implementación está por concluir y se prevé alcanzar la cobertura total nacional en un periodo de dos años”.

89,488

desaparecidos están contabilizados por la Segob en 57 años

En los “Lineamientos Generales para la Instalación y Funcionamiento de la BaNIG”, expedidos por la FGR el 6 de agosto de 2020, se señala en su punto primero que “la información genética resguardada en la Base Nacional de Información Genética, proporcionada por las víctimas o familiares, se usará exclusivamente para la identificación de cuerpos o restos humanos, en el caso de personas desaparecidas; para los demás casos, se utilizará de forma homologada para la investigación del delito”.

Información genética y sistema CODIS

El funcionamiento de la BaNIG dependerá en buena medida del sistema conocido como CODIS (Combined DNA lndex System CoDIS) o Sistema de Índices Combinados de ADN CoDIS, definido así en los lineamientos citados: “Herramienta informática que posibilita a los laboratorios forenses el ingreso, almacenamiento, intercambio, confronta electrónica y cálculos estadísticos de diferentes tipos de datos genéticos”.

Por lo cual, la Fiscalía está impulsando la adopción de dicho sistema entre los estados: “Se generó un Plan para la donación e instalación a nivel nacional del Sistema de Índice Combinado de ADN, CODIS (…) a través del cual la CMI (Coordinación de Métodos de Investigación) de esta Fiscalía definió las acciones estratégicas con miras a la puesta en marcha de la BaNIG, que será alimentado y operado en los laboratorios de Genética de las Fiscalías y Procuradurías estatales del país y otras instituciones públicas vinculadas al tratamiento de datos genéticos”.

La FGR proyecta que “a través de esta red y el software CODIS se lograrán gestionar todos los perfiles genéticos obtenidos en los distintos laboratorios forenses de ADN a nivel nacional y cruzar los datos entre las diferentes instituciones, permitiendo que la información se concentre en el servidor nacional de la FGR quien, en este sentido, fungirá como garante, coordinador y regulador del almacenamiento”.

De esta forma, la consolidación de la BaNIG requiere que los estados adopten con prontitud el sistema CODIS: “En la medida que los estados de la República avancen en la entrega de la información y la implementación del Sistema de Índice Combinado de ADN, CODIS (…), se contará íntegramente toda la base nacional”.

Sitios de exterminio

Mientras el país continúa sin la herramienta de la BaNIG, la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas ya asciende a 89 mil 488, en el lapso del 15 de marzo de 1964 al 30 de junio 2021, según lo informó la Secretaría de Gobernación en su primer Reporte Semestral de “Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas”, de este año.

Además, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha advertido de la existencia de 37 mil cuerpos que están sin identificar en todo México, y por si el reto forense no fuera ya mayúsculo, deben considerarse los “sitios de exterminio” que se han descubierto, como La Bartolina, Tamaulipas, donde desde 2017 se han recuperado cerca de 500 kilogramos de restos óseos calcinados.

La Fiscalía, sin embargo, le ha atribuido diversas “omisiones” a la CNB que estarían retrasando la creación del Banco forense, por ejemplo, dice su respuesta:


“La CNB ha sido omisa en informar a la FGR del inicio de operación del SUITI (Sistema Único de Información Tecnológica e Informática), ya que es necesario para el debido funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses. Lo que debió hacer desde enero de 2019”

Respuesta de la Fiscalía

Asegura, además, que brinda un trato “prioritario” al desarrollo de estas plataformas faltantes: “Esta FGR ha dado prioridad a la conformación de la BaNIG para que contenga los resultados de la información genética proporcionada por víctimas o familiares de personas desaparecidas”; y que al emitir los Lineamientos de la BaNIG, en agosto de 2020, “se sumaron los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en virtud de que el 95 por ciento de los casos de identificación pertenecen a las procuradurías y fiscalías locales”.

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