El hecho de que la SHCP pueda aprobar proyectos en el año fiscal en curso, permite al Congreso, en cierta manera, dar recursos a obras que ni siquiera conoce

Con la crítica de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá amplias facultades para decidir en qué proyectos participaría el Gobierno federal en conjunto con la iniciativa privada, el Senado se apresta para aprobar hoy las reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

A través de las APP, el Estado pretende atraer inversión privada para colaborar con el Gobierno en la construcción de proyectos de infraestructura pública.

Sin embargo, la propuesta –originalmente presentada por el Ejecutivo- ha sido cuestionado por tener ventanas de oportunidad para la corrupción y el manejo discrecional de recursos.

Las modificaciones a la Ley fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en octubre del 2015, apenas un mes y medio después de que el Ejecutivo enviara la iniciativa.

En el Senado, el estudio en comisiones tomó casi cinco meses y, aunque se le realizaron modificaciones, algunos contenidos no convencen del todo a la oposición.

Senadores del PRD han anunciado que votarán en contra de la Ley por considerar que se trata de un instrumento legal que abre camino a la corrupción y daría más problemas al país, como la adquisición de más deuda.

El esquema de las APP

Ante la imposibilidad de que el Gobierno tenga capacidad para realizar proyectos de infraestructura y obra, hace unos años fue aprobado un esquema en que se podría asociar con particulares para sacarlos adelante.

Sin embargo, algunas reglas sobre el proceso para estas obras eran consideradas obstáculos para una implementación oportuna del esquema de APP.

Por ejemplo, de acuerdo a la Ley vigente, los proyectos de APP deben ser evaluados en el mes de agosto de cada año; de no hacerse, no son considerados para aparecer en el presupuesto de egresos del siguiente año.

Es decir, si un proyecto no es aprobado, sufre un retraso de al menos 18 meses.

Ahora, con las modificaciones a la Ley, se otorgará a la Secretaría de Hacienda un monto máximo por año y la dependencia puede decidir en qué proyectos los utiliza, aun en el año fiscal corriente.

Una vez tomada la decisión, la SHCP tendrá la obligación de mandar la información de los proyectos aprobados a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que, en 30 días, emita un dictamen de aprobación o negativa.

Si pasados los 30 días no se ha emitido decisión alguna, “se entenderá por aprobado el proyecto de que se trate”.

Este punto ha provocado críticas de organismos civiles, que ven en esta discrecionalidad una puerta a la corrupción.

Además, en sus reportes trimestrales, Hacienda debe reportar los avances de dichos proyectos, los montos y qué dependencias o entes públicos son los contratantes.

La SHCP tendrá la obligación de publicar en su portal de transparencia presupuestaria los proyectos que lance.

Para que el gobierno pueda utilizar el esquema de las APP, necesita justificar que esta medida es más beneficiosa que alguno de los otros sistemas disponibles.

Opacidad y dinero a ciegas

La organización México Evalúa ha cuestionado las modificaciones que se pretende realizar a la minuta de la Ley de Asociaciones Público Privadas porque, afirma, se trata de medidas que pueden ser perjudiciales en lugar de mejorar la transparencia y la eficiencia en las decisiones.

Una de las primeras medidas que ha cuestionado la organización es que se eliminará un párrafo del artículo 14 de la Ley, en el que se tenía una obligación para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir (…) una evaluación del impacto de los proyectos de asociación público-privada en las finanzas públicas durante su ciclo de vida”, dice el párrafo que se derogará.

Con la eliminación de esta disposición, el documento de impacto quedaría solo en manos de Hacienda.

El hecho, además, de que la SHCP pueda aprobar proyectos en el año fiscal en curso, permite al Congreso, en cierta manera, dar recursos a obras que ni siquiera conoce. 

Presupuesto ‘a ciegas’

El hecho de obligar a que Hacienda envíe el proyecto a la Comisión de Presupuesto antes de echarlo a andar, cierra un poco la puerta al uso discrecional de recursos, pero no totalmente.

Al aprobar el Presupuesto a ciegas, el Gobierno federal podría complicar no solo el uso de los recursos, sino la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, para sus detractores, el esquema de APP significa también más deuda para el Estado.

Propone comité mixto

Dolores Padierna, senadora por el PRD, acusó que un esquema como el de las APP solo es efectivo cuando se eliminan los conflictos de interés y la corrupción, fenómenos que imperan en México.

La legisladora propone que los proyectos de APP sean aprobados no solo por la dependencia que los vaya a contratar, sino por un comité mixto externo que garantice la idoneidad del esquema y de las condiciones.

Además, restituir la obligación de la SHCP de dar el informe de impacto que se pretende derogar.

“Con la reforma que pretenden imponer, de nuevo se está legislando para eliminar controles del Congreso y facilitar que el Ejecutivo imponga proyectos de infraestructura, que afectan las finanzas públicas de varios años, sin rendir cuentas ni explicar los criterios técnicos, económicos y sociales.

“En democracia no se debería legislar para proteger los intereses privados, sino para proteger el interés público y sentar las bases para promover mayor bienestar sostenible para todos”, sentenció Padierna.

La legisladora criticó también el esquema de las APP en sí mismo, pues consideró que coadyuvan a que el gobierno se endeude a largo plazo y en un escenario riesgoso.

Las reformas a la Ley de APP se votarán este jueves en el Senado de la República y se prevé que los votos de la izquierda sean en contra.