Anticorrupción: nuevas figuras
El nuevo panorama en la lucha anticorrupción se centra en dos movimientos: un fiscal anticorrupción en la PGR y la renovación de la Función Pública tras la salida de su titular, Virgilio Andrade.
Ambos cargos deberán ser avalados por el Senado a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.
El fiscal anticorrupción tendrá a su cargo en PGR personal para el desempeño de sus funciones de investigación, rendirá un informe de cuentas anual y no podrá tomar decisiones por encima del Procurador General de la República.
“Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que mirarnos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República”
El nuevo panorama en la lucha anticorrupción se centra en dos movimientos: un fiscal anticorrupción en la PGR y la renovación de la Función Pública tras la salida de su titular, Virgilio Andrade.
Ambos cargos deberán ser avalados por el Senado a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.
El fiscal anticorrupción tendrá a su cargo en PGR personal para el desempeño de sus funciones de investigación, rendirá un informe de cuentas anual y no podrá tomar decisiones por encima del Procurador General de la República.
El funcionario encargado de perseguir la corrupción en el orden federal, y que en algunos casos podrá ejercer la facultad de atracción, podrá investigar en las dependencias a través de requerimientos de cualquier índole, inclusive por encima del secreto bancario.
Podrá requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza, según refiere el proyecto de decreto para reforma la Ley Orgánica de la PGR.
El fiscal anticorrupción y la fiscalía que representa deberán de actuar de manera autónoma -técnica y operativamente hablando- para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos de corrupción.
Asimismo, deberá contar con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar, así como las unidades administrativas necesarias para el seguimiento de las investigaciones.
También presentará anualmente al Procurador General de la República un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados, el cual será público, en términos de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
“Dicho informe será remitido a su vez al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la República”, detalla el proyecto.
Todo el personal que sea designado para la nueva fiscalía anticorrupción, así como el personal de confianza, agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos miembros del Servicio Profesional de Carrera o de designación especial, estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La nueva ley indica que el fiscal, al estar al mando del procurador, no podrá publicar acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas administrativas sin el consentimiento del titular de la PGR.
‘Un antes y un después’
En México se promulgó ayer por parte del Ejecutivo federal el paquete legislativo que da operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Se incluyen los medios necesarios para prevenir prácticas y conductas ilícitas por parte de servidores públicos.
El paquete fue promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien consideró que en el país habrá “un antes y un después” de este sistema. El funcionario federal llamó a que exista autocrítica para recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, tenemos que mirarnos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República”, manifestó Peña Nieto.
El paquete promulgado consta de siete leyes aprobadas previamente por el Congreso de la Unión, contempla la creación de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé centralizar las políticas al respecto, establecer penas más severas para los funcionarios corruptos y, sobre todo, impulsar un inédito control por parte de los ciudadanos con el objetivo central de mejorar la imagen del gobierno y de las políticas públicas. El presidente agradeció a los legisladores federales por la aprobación de estas leyes, además de la contribución que hizo la sociedad civil.
“Con él se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las contrataciones se realicen con total transparencia”, además de que “el servicio público será mas íntegro y habrá una real y efectiva rendición de cuentas”, añadió el presidente.
Por la confianza
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien tutela el Sistema Nacional de Transparencia, dio la bienvenida la Sistema Nacional Anticorrupción, y dijo que será un binomio para la lucha en contra de la corrupción y servirá para restablecer la confianza de la ciudadanía.
Se va Andrade
Virgilio Andrade anunció su renuncia como titular de la Secretaría de la Función Pública, ayer.
Andrade fue nombrado por Enrique Peña Nieto al frente de la SFP para que investigara la compra de una propiedad por parte del presidente. El titular de la Función Pública concluyó que no había conflicto de interés en la adquisición del inmueble.
Andrade también fue el encargado de determinar responsabilidades en contra de funcionarios menores en el caso de la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La principal crítica en ese tema es que no hay funcionarios de primera plana cuestionados por las investigaciones oficiales.
En los 17 meses que actuó como titular de la Función Pública no hubo sanciones de “peces gordos” en ninguno de los casos que atendió.
Javier Vargas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, será encargado de despacho mientras se nombra un titular.
