El Ayuntamiento de San Pedro contempla denunciar al juez de Distrito Iván Millán ante el Consejo de la Judicatura Federal.
La querella que se analiza es por haber otorgado una suspensión definitiva contra el proceso de aprobación del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio sampetrino.
El alcalde Ugo Ruiz confirma que como parte de la estrategia jurídica que seguirá la autoridad, está señalar ante esa instancia el comportamiento del titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.
“Eso lo estaríamos viendo en la próxima semana, ya analizando el fundamento y los criterios (de su resolución) y, si hay alguna cosa que veamos que está fuera de orden, entonces habremos de proceder”, asegura el munícipe.
Ruiz no sólo cuestiona el fallo del juez, sino que también afirma que su decisión privilegió a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que impugnaron el proceso de aprobación.
“El juez tomó esta decisión, no me parece que obedezca a una situación lógica, en donde primero prospere una reversa a la suspensión provisional y después confirmen una definitiva.
“Aquí decidieron a favor de un interés particular, pero el trabajo de nosotros era buscar que sea el interés colectivo el que prevalezca”.
El edil adelanta que también estudia presentar un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado, para combatir la resolución del juez de Distrito, quien el jueves pasado propinó un golpe a la autorización del reglamento.
Con este instrumento, el alcalde busca regular el Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2030, pero Millán concedió una suspensión definitiva al abogado Miguel Zárate, quien interpuso un juicio de amparo contra la aprobación.
El munícipe planeaba autorizar este mes en el Cabildo sampetrino el reglamento, pero ahora con esta resolución judicial el proceso se podría retrasar seis meses más, es decir, hasta casi la mitad del trienio de Ruiz.
El fallo significó un revés jurídico al Municipio de San Pedro, que el miércoles pasado había conseguido que un Tribunal Colegiado declarara fundada una queja en contra de la suspensión provisional que el mismo juez había concedido.
El litigante que consiguió esta medida cautelar es jefe del despacho Zárate Abogados y representa a las empresas desarrolladoras que están en litigio con el Ayuntamiento por permisos de construcción.
Zárate se inconformó en su demanda contra la orden de iniciar un procedimiento de consulta pública del reglamento, que comenzó la autoridad municipal el pasado 18 de noviembre.
El particular argumentaba que la normatividad que se busca aprobar regula un Plan de Desarrollo Urbano que no está autorizado y, por lo tanto, inexistente.