Han pasado más de cuatro años del asesinato del periodista Moisés Sánchez, en Medellín, Veracruz, y su familia sigue en busca de justicia, pues el expresidente municipal Omar Cruz Bravo, señalado de ser el autor intelectual del crimen, está prófugo.

“Teniendo el nombre de la persona autora intelectual no se ha detenido, teniendo datos de más implicados no se ha dado con ellos. Hasta el momento hay un detenido que es uno de los autores materiales, todos los demás siguen en libertad, hay detenidos dos policías más y el alcalde está prófugo de la justicia”, acusa Jorge Sánchez, su hijo.

El homicidio de Moisés ocurrió el 2 de enero del 2015 cuando un comando de más de 6 personas llegó a su domicilio para sustraerlo y posteriormente asesinarlo.

Su caso se documenta en el informe “Protocolo de Impunidad en Delitos contra Periodistas. Análisis de Investigaciones sobre Delitos contra la Libre Expresión”, de la organización Artículo 19, que da a conocer la impunidad de los crímenes contra las y los periodistas en el país.


Desde su creación hace 8 años, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE o Fiscalía especial) solo ha logrado 10 sentencias condenatorias de mil 140 investigaciones que se han iniciado, revela el informe

Es decir, el 99.13 por ciento de los delitos contra periodistas desde el 2010 hasta diciembre de 2018 están en impunidad, indica el documento presentado ayer

El escrito revela que, de las 10 sentencias, al menos 6 han sido por delitos en los que está relacionado algún servidor público en la comisión de mismo, lo que representa el 60 por ciento; sin embargo, eso no quiere decir que en las otras 4 investigaciones restantes no haya participado algún funcionario.

“De la misma forma, no representa que las sentencias obtenidas hayan alcanzado a todos los autores materiales e intelectuales de los delitos, ni que la reparación del daño a las víctimas indirectas y directas de éstos haya sido plena y efectivamente cubierta”, se lee.

Del total de delitos iniciados por la FEADLE, 459 han sido por el delito de amenazas; 182 por abuso de autoridad, 94 por homicidio y 90 más por robo.

De acuerdo con Artículo 19, desde la investigación aún no se generan condiciones para que un caso pueda ser presentado de forma exitosa a los jueces por condiciones como la deficiencia probatoria y la incapacidad de acusar solo a los autores materiales

“De la misma forma, luego de tres fiscales especiales en ocho años, no se ha resuelto la problemática de deficientes, incompletas y lentas investigaciones, lo que repercute negativamente en el ejercicio de los derechos humanos de las y los periodistas”, dice el informe.

Para la organización, es preocupante que los índices de violencia contra la prensa sigan creciendo sin que exista una respuesta efectiva de los tres niveles de gobierno y de los poderes del Estado.


“La FEADLE tiene como obligación y tarea urgente reducir el índice de impunidad, situación que impactaría positivamente en la disminución de delitos cometidos contra las y los periodistas”, agrega