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PUEBLOSINDíGENAS

Ignoran recomendación sobre patrimonio

Luz Rangel

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió a los estados de la República proteger el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas con un sistema institucional, pero sólo 16 entidades y ocho congresos han respondido


Nov 22, 2019
Lectura 6 min
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La mitad de las entidades federativas ignora la Recomendación General No. 35 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas.

Ésta fue emitida el 28 de enero de 2019 y sólo seis estados de la República Mexicana respondieron en tiempo y forma, es decir, en los 30 días hábiles siguientes.

La última actualización revela que son apenas 16 entidades las que han decidido proteger las manifestaciones culturales de la apropiación indebida, como la que realizó la diseñadora Carolina Herrera cuando utilizó bordados tipo tenangos, así como diseños tipos sarape de Saltillo, Coahuila.

Esta información fue obtenida el miércoles 20 de noviembre por Artículo 27 SC, sociedad civil integrada por José Manuel Hermosillo, Carlos Lara y Juan Pablo Rojas, quienes realizan litigio estratégico por los derechos culturales.

El tema es un desinterés político y a menos que suba de tono un caso o que tenga relevancia mediática como sucedió con Carolina Herrera, las autoridades se empiezan a rasgar las vestiduras

- Carlos Lara

Activista

La sugerencia también está dirigida al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a los Congresos estatales.

“La presente Recomendación General tiene como objetivo advertir sobre las omisiones existentes en marcos normativos, así como en los alcances de diversas instancias del Estado, con relación a la problemática de la sustracción y la apropiación cultural indebida que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas”, dice el documento.

La CNDH hizo una revisión a nivel nacional e internacional. En México, la Constitución y las leyes General de Cultura y Derechos Culturales, federal del Derecho de Autor, de Propiedad Industrial, de los Pueblos Indígenas y de Desarrollo Rural Sustentable contemplan este derecho.

“Las entidades federativas cuentan con regulaciones relativas a la protección al patrimonio cultural; sin embargo, este organismo nacional advierte que las autoridades, en ejercicio de sus facultades soberanas, han legislado en la materia de forma enunciativa, por lo que el reconocimiento y defensa del patrimonio cultural en este país, no se encuentra homologado, debido principalmente a que el objeto de protección varía”, menciona el documento.

Sólo ocho Poderes Legislativos han acatado la sugerencia, lo que significa que 24 tienen este pendiente. En algunas entidades federativas, el ente encargado de la protección al patrimonio cultural es el Ejecutivo, en otras son los municipios o los propios pueblos indígenas, sin que se establezcan las atribuciones específicas.

“La homologación sería deseable, pero sí me parece que es una tarea muy complicada. Ojalá se llegue a hacer un marco general, no tan específico, donde se establezcan sobre todo los compromisos que tiene el Estado a través de sus instituciones de gobierno para garantizar de mejor manera este derecho”, expresa Lara.

Además, la CNDH menciona que ninguno de los 32 ordenamientos estatales cuenta con antecedentes legislativos que precisen que fueron consultados los pueblos y comunidades indígenas.

“Ya no podemos seguir con el discursito de todo por los pueblos y las comunidades originarias, pero sin los pueblos y las comunidades originarias. Se tienen que comenzar ya a tomar en serio”, critica Lara.

Sistema de protección al patrimonio, un parteaguas

Para Artículo 27 SC es importante que las 16 entidades que faltan cumplan con la recomendación, porque la CNDH busca crear un sistema con un presupuesto propio que garantice la protección de patrimonio inmaterial indígena.

“El sistema será el mecanismo institucional de política pública a través del cual se coordinarán esfuerzos, instrumentos, programas, servicios y acciones para la protección, salvaguarda, preservación integral, promoción y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas”, menciona el documento.

Éste estará integrado por el Poder Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Turismo, Economía, Educación Pública y Cultura e institutos nacionales como el de los Pueblos Indígenas, de Antropología e Historia y de Estadística y Geografía.

La sugerencia también está dirigida al Poder Ejecutivo Federal

“La CNDH ya está pensando en un sistema que me pareció muy acertado. Es un parteaguas en la protección de los derechos culturales en México. Precisamente se está sistematizando lo que nosotros hemos insistido siempre”, menciona Carlos Lara.

El doctor en Derecho de la cultura lamenta que la mitad de los estados no hayan respondido a la recomendación cuando en menos de un año ya hay un proyecto por implementar.

“Creo que va a ser una muy buena noticia, un muy buen mecanismo y espero no echen marcha atrás porque además esto lo trabajó la pasada administración”, señala.

El martes 12 de noviembre Rosario Piedra rindió protesta como nueva titular de la CNDH. Hacer que los estados acepten esta sugerencia es uno de sus primeros retos.

“Tiene en su escritorio un tema muy importante, uno de los más relevantes sin dejar de lado o hacer menos otros. Me parece que es uno de los principales pendientes que representará para ella una presión, porque se ha dicho que es un gobierno comprometido con las comunidades originarias aunque en los hechos son muy renuentes a hacer consultas”, argumenta Lara.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció que los 10 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) no contestarán ninguna recomendación de este organismo dado que el nombramiento de Piedra en el Senado de la República fue ilegal. Sin embargo, cinco estados de administración panista (Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán) ya la acataron.

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