La situación en nuestro país es cada día más adversa. No sólo la crisis sanitaria, de seguridad y económica ha puesto a prueba a los distintos órdenes de gobierno. Hoy, vemos que en las entidades federativas, se están cometiendo abusos que laceran el Estado de Derecho.

El pasado 17 de marzo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California Sur ordenó la suspensión de las actividades legislativas por la contingencia sanitaria, sin embargo, los diputados de Morena desconocieron esto y crearon una Mesa Directiva espuria.

Con dicha Mesa Directiva ilegal, aprobaron la destitución de ocho diputados de oposición: 3 del PES, 2 del PAN, 1 del PRD, 1 del PRI y 1 del Partido Humanista. También aprobaron una nueva Ley Orgánica de este Congreso y convocaron a diversas sesiones virtuales.

Ante esta situación, el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, promovió una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Alberto Pérez Dayán, otorgó la suspensión para que las cosas quedaran en el estado en el que se encontraban, por lo que en consecuencia, todos los actos posteriores al cierre de la sesión del 17 de marzo de este año, son inválidos. En ese sentido, también se señaló que debían reintegrarse los diputados locales propietarios que habían sido destituidos y quedaba sin efecto, cualquier norma que hubiera sido aprobada.

En esta serie de irregularidades, han existido dos presidencias de una Mesa Directiva espuria e ilegal. Tanto María Mercedes Maciel Ortiz como Ramiro Ruiz Flores, han dirigido un Congreso en la ilegalidad, hecho sin precedentes que demuestra la falta de sensatez en la toma de decisiones cuando se privilegia el abuso del poder y se pisa la ley, siendo una incongruencia, ya que ambos son legisladores y deberían ser los primeros en respetarla.

El pasado 22 de agosto, convocaron nuevamente a una reunión virtual y con base en la nueva e ilegal Ley Orgánica del Congreso desahogaron un juicio político contra los mismos ocho diputados de oposición. Como resultado de este juicio, destituyeron a cinco y amonestaron a los tres restantes.

Sin duda, es una violación flagrante a nuestras leyes, pero más aún, violenta el principio de representatividad consagrado en nuestra Constitución Política, negando a los ciudadanos, el derecho de tener a los representantes que eligieron en las urnas.

Esta irresponsabilidad plagada de irregularidades, es una muestra clara de que el poder absoluto corrompe absolutamente y hoy los diputados de Morena en el Congreso de Baja California Sur, son una muestra de ello. Los sudcalifornianos le dieron el respaldo a este partido y hoy estos diputados le dan la espalda a la ley. Muy lamentable para el Estado de Derecho de nuestro país, ojalá haya responsables y sean sancionados por esta violación flagrante a la democracia representativa.