Las estaciones de servicio son el reflejo de una gran cantidad de actividades aguas arriba en la cadena de valor. Foto: AMPES

¿Rectoría estatal o asesoría de un experto?

Una de las grandes quejas en el sector gasolinero es la falta de información, lo que inhibe la inversión

Por Alejandro Montufar
CEO en PETROIntelligence
@HeluJimenez

La columna pasada se indicó que, a finales de 2022, las solicitudes de autorización para estaciones de servicio se comportaron peor que en pandemia, ya que, en enero de 2023, por primera vez en la historia reciente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no se realizó ninguna solicitud, y en febrero, sólo se llevó a cabo una.

Se mencionó que dichos números estaban reflejando posiblemente un menor apetito en el inversionista, aunque se esperaba que crecieran debido a que la CRE había eliminado recientemente el sistema de folios y restricción de trámites e incrementado significativamente a lo largo de un par de años el número de permisos aprobados.

De manera adicional, el 10 de noviembre de 2023, la CRE, por medio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), sometió a consulta pública un proyecto de un sistema web público que permitirá consultar al inversionista y al público en general sobre las bondades de las ubicaciones para los proyectos del sector gasolinero y de estaciones de carburación de Gas LP.

El proyecto es una gran noticia para la iniciativa privada, aunque sigue estando en consulta pública, lo que implica que su contenido puede cambiar en función de los comentarios que se reciban por la industria y el público en general. Es de mencionar que una de las grandes quejas en el sector es la falta de información, lo que inhibe la inversión al no existir los datos necesarios para una evaluación y planeación ágil y eficaz.

No obstante, parecen haber ciertas áreas de oportunidad, como, por ejemplo, el sistema no indica a detalle el método ni los factores particulares que serán utilizados para determinar la idoneidad de una ubicación. El sistema indica que utilizará dimensiones generales que consisten en infraestructura, política pública, política social, política económica y política comercial, y los criterios de demanda, accesibilidad, vulnerabilidad social, fomento a la inversión, mercados eficientes y valor añadido; sin embargo, no indica qué variables o datos serán utilizados para tales dimensiones y criterios.

Aunque el anteproyecto indica que las metodologías serán publicadas en la página de la CRE, el deber ser consiste en integrarlas en el proyecto, a fin de que la iniciativa privada y el público general puedan participar y emitir comentarios que permitan robustecer el método; de lo contrario, se corre el riesgo que el sistema no sea utilizado.

Por otro lado, el sistema tampoco considera la evaluación de ubicaciones distintas a expendio de gasolinas, diésel y Gas LP, dejando a un lado una gran cantidad de actividades, tales como el transporte, almacenamiento, distribución, entre otros. Al considerarse la infraestructura y las cadenas de valor, no es necesario considerar proyectos aguas arriba, ya que el sistema estará restringido a ubicaciones donde es posible el suministro de combustibles y Gas LP a estaciones de servicio.

Es muy cierto que las estaciones de servicio son el reflejo de una gran cantidad de actividades aguas arriba en la cadena de valor; sin embargo, desde el punto de vista del autor, sería ideal que el sistema permita conocer ubicaciones idóneas para otro tipo de proyectos, a fin de permitir la viabilidad para las estaciones en otras regiones. Es decir, el sistema sirva no sólo como un mapa para las estaciones dada la infraestructura existente y otras condiciones relacionadas, sino también sirva como una herramienta que permita crecer el Sistema Energético Mexicano y posteriormente, posibilite nuevas ubicaciones para el expendio.

El sistema es una gran noticia para el sector y una gran oportunidad por parte de la CRE para fomentar el desarrollo del sector energético, aunque, dependiendo del método y el alcance a otras actividades distintas del expendio será la magnitud del impacto. Muy importante también será conocer si estos criterios formarán parte de los criterios de resolución de los trámites de expendio, ya que, en caso afirmativo, el proyecto deberá considerar un análisis de impacto regulatorio, y no una exención de dicho análisis como está actualmente en la CONAMER, además de entrar en una gran discusión de libertades: ¿acaso estamos observando el inicio de una rectoría estatal o el nacimiento de un gran experto en el libre tránsito de las inversiones?