Nuestro país está viviendo momentos de transformación. En el nuevo gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la ruta económica de México está encaminada a reestructurar el gasto público con un programa de austeridad republicana, que trata de abolir dispendios, es decir, gastos innecesarios, para de ahí obtener recursos de arranque con los cuales cubrir objetivos sociales y revivir la inversión pública, pero sin tocar los otros componentes de la política fiscal, como la cuestión tributaria y la deuda pública.

Por tanto, en el ámbito de la hacienda pública, el Gobierno de la Cuarta Transformación está incentivando tener un presupuesto que busque establecer un balance estructural más acorde a las necesidades propias de la economía mexicana.

Podemos distinguir como el inicio de los resultados positivos de carácter macroeconómico proactivo e integral, el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la condonación de impuestos a las grandes empresas, aunado al combate a la evasión fiscal y a las llamadas “empresas fantasma”, que hemos impulsado desde el Senado de la República, para evitar que se sigan cometiendo ilícitos y fraudes, por medio de la falsa facturación, que le han venido quitando cientos de millones de pesos al Gobierno para el gasto público, avanzando de esta manera en el proceso de transformación de la 4T para acabar con la corrupción y malas prácticas hacia la hacienda pública mexicana.

Estamos trabajando para tener un gobierno sensible que haga frente a la crisis del modelo económico actual, promoviendo una nueva economía basada en el desarrollo sostenido, sustentable e incluyente, en el marco de un proceso gradual de redistribución del ingreso.

Esto significa transitar de una economía dominada por los poderosos intereses financieros hacia una economía productiva; establecer un nuevo equilibrio entre el sector de exportación y el mercado doméstico; propiciar nuevas relaciones con el exterior y redefinir el papel del Estado.

Instrumentar una estrategia así requiere que el poder público asuma un papel de regulación y promoción del desarrollo, en donde el Estado rinda cuentas y tenga una fiscalización oportuna y transparente del ingreso, gasto y deuda pública.

Por eso, considero muy oportuna la consideración que ha tenido el senador Ricardo Monreal, Coordinador del Grupo Parlamentario Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, de explorar la posibilidad de dar un mandato dual al Banco Central, que no sólo busque controlar la inflación, sino además, impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.

Debemos ser conscientes que en un futuro no tan distante y desde el Gobierno de la 4T, tanto la política monetaria, como la política financiera y la política de ingreso y gasto público deben ser proactivas, porque en México, ante la profunda integración económica que implica el T-MEC, se debe apostar a la inversión en educación, ciencia y tecnología, así como en infraestructura de puertos, aeropuertos, refinerías, caminos, carreras, ferrocarriles, etc. como medios para alcanzar mejores condiciones en los procesos de la globalización actual y lograr la prosperidad económica que nuestro país merece.