Hace algunos años, conversando con un amigo, él sostenía fervientemente que los mexicanos tenemos una historia violenta.
Desde que nos conocemos como indígenas, o como nación independiente, estamos marcados por la tragedia de ser violentado y responder de la misma forma. Como un “ojo por ojo” y “diente por diente” del cual es casi imposible no ser parte.
Al final de cuentas, como dicen también por ahí, es más fácil hacer la paz que hacer la guerra.
Lamentablemente esta discusión llega en un momento tenso para México y que replantea en sus ciudades la seguridad pública vista desde el ciudadano.
A pesar de que hemos creado instituciones para la procuración de justicia, organizaciones policiales o incluso organizaciones de la sociedad civil abocadas a disminuir los riesgos de las violencias, o las delincuencias, la evidencia está dejando más preguntas que respuestas.
Primeramente, porque haciendo un ejercicio de honestidad pocos confían en esas instituciones.
Estudios van y vienen, pero la percepción generalizada, con las valiosas excepciones, es que en el fondo no resuelven los problemas públicos relacionados a esas cifras que son cada día más escandalosas, y menos visibles, y que impactan de manera a veces hasta estremecedora a esta sociedad.
No es por eso fortuito que ante la detención del doctor Mireles, ex vocero de autodefensas michoacanas, independientemente de los rumores gestados alrededor de su detención, o de sus actividades previas en relación, o no, con los gobiernos, que algunos defensores de derechos humanos como el Alejandro Solalinde y otros activistas estén proclamando por su libertad.
Este país que se la está jugando entre la paz y la guerra nos pone en jaque en los dilemas éticos más profundos.
Porque si bien en el marco de una cultura de la legalidad no se debería de apoyar a las autodefensas, también hay que ponernos en sus zapatos para comprender lo que sucede cuando definitivamente no hay salida alguna, más que la de la supervivencia: “matar en defensa propia”, lo expresa la Ley.
Leía algunas de las declaraciones que le dio en entrevista a la reconocida periodista Sanjuana Martínez.
En ella, el doctor menciona la fragilidad o vulnerabilidad en la que llegan a estar las comunidades cuando se deja de creer que las instituciones realmente velarán por la seguridad
Si estamos en esa comprensión, entonces podemos entender cómo es que “Don Alejo”, el nombre que se hizo famoso en 2010, uno de los años más crudos de inseguridad en Monterrey, fue hasta sinónimo de esperanza: “al defender su rancho hasta la muerte”, como mencionaban algunos titulares de los periódicos.
Estas personas que no son únicas, que han reaccionado para defenderse, seguirán siendo violentadas mientras no haya otros que estén haciendo los cambios estructurales, administrativos e institucionales, que se necesitan para que dejemos de estar en la zozobra de lo que significa tener personas dispuestas a morir o matar, por problemas que ni siquiera deberían presentar la ocasión para ello.
Versiones hay, actualmente, muchas sobre la detención del doctor.
Más que caer en la ambigüedad de defenderlo sin razón, hay que ponerse en su lugar.
Esto quizá es la aproximación más exacta a la radiografía que podríamos hacer sobre lo que está sucediendo en su caso.
Que es grave lo que está pasando en Michoacán, que ha sucedido a lo largo de estos últimos años en el supuesto combate al narcotráfico y que pareciera nos orilla a justificar las acciones para la guerra, y dejarnos de nuevo en la biporalidad de: “liberen a Mireles”, o “no liberen a Mireles”.
Hacer paz, entonces, significaría la vigilancia de su caso para no permitir más violentados, más violencias, más de eso de lo que estamos cansados.
