Hay una fórmula infalible para someter a los pueblos: se les empobrece castigando el salario y restándoles poder adquisitivo para instaurar un régimen fundamentalmente asistencialista, que les reparta su propio dinero sin que lo adviertan.

Los 127.8 millones de mexicanos dependen económicamente de 56.2 millones de habitantes, tomando en cuenta los poco más de tres millones de desempleados que había al segundo trimestre de este año.

Esa fuerza de trabajo, equivalente a 44 por ciento de la población, sostiene también, vía impuestos, a los tres órdenes de gobierno, aunque muy precariamente, pues está compuesta en su mayoría por personas en pobreza salarial y sus filas se engrosan día a día.

Para 33 por ciento de ellas y ellos, unos 19 millones, es un lujo pagar una canasta básica que alimente a cuatro personas, cuyo costo mensual es de cuatro mil 860 pesos, equivalentes a 93 por ciento de un salario mínimo.

Otros cerca de 20 millones, es decir, 35 por ciento, pueden pagarla, pero como ganan cuando mucho dos salarios mínimos se las verán duras para cubrir renta, bienes y servicios necesarios.

Estamos hablando de que 65 por ciento de los mexicanos que constituyen la fuerza de trabajo perciben menos de 11 mil 290 pesos mensuales, que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha fijado para dejar de estar en pobreza salarial.

Ante la mayor inflación que ha registrado México en 21 años, de 8.7 por ciento en general y 14 por ciento en alimentos, el segmento de pobreza salarial será más pobre todavía, y quienes están por arriba de ese rango no verán progresos, incluso, estarán en riesgo de convertirse en pobres.

El número de personas que gana hasta un salario mínimo se ha incrementado 76 por ciento desde el segundo trimestre de 2019 al mismo periodo de 2022, mientras la fuerza de trabajo aumentó solo seis por ciento.

Todos estos son datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

Ni el alarmante rezago salarial ni el empobrecimiento gradual de los mexicanos van a subsanarse con pensiones ni con decretos que aumenten el salario mínimo, sin que habilitemos a los empleadores para pagarlos.

Tampoco lo harán las magnas obras insignia, pues la inversión en infraestructura estratégica debe hacerse en todos los estados, para eso somos una Federación, y debe ir acompañada de estímulos a la producción y el emprendimiento, apoyo para tecnología, asesoría y capacitación, justo todo lo que está ausente en el Presupuesto de Egresos 2023.

Se invierte más en un tren que en apoyar a quienes generan empleo en pequeñas y medianas empresas.

Por eso el PRI presentará en la discusión del Presupuesto de Egresos 2023 alternativas que le retornen a los mexicanos las partidas presupuestales que tenían para mejorar sus perspectivas de vida, que han sido canceladas o drásticamente reducidas, para llevar recursos hacia la fórmula empobrecedora del asistencialismo.