Meade y la tortura

Si bien es cierto la tortura tiene definición en tratados y convenios internacionales, es un tema más de los que desconoce nuestro Canciller, que ha oído de tales instrumentos normativos por la pláticas y tarjetas que le elabora un séquito de asesores que saben que Meade es un costoso improvisado de las relaciones internacionales. Ya no sabe que evento y visita organizar, pero lo cierto es que su festivales no dejan más que gastos y compromisos difíciles de cumplir.

Claro, la tortura en nuestros tiempos no alude al potro, ni al resto de instrumentos medievales usados por la inquisición y los tiranos que sojuzgaban a la población para mantenerse en el poder. Habría que decirle a ese título sin abogado, economista de formación y gatopardista de profesión, que el ambiente de presión sicológica, las declaraciones ministeriales forzadas y el uso de las fuerzas del orden para anular opositores, periodistas o personas incomodas, es hoy la tortura de la que se acusa a nuestro país. 

El estado de Coahuila es rico en muchas cosas y en señalamientos en la materia también, sin duda el más relevante. Un estado empobrecido, con obras que se desmoronan y personas que tienen que abandonar el estado ante las averiguaciones a modo que apertura su aparato represor, las cuales son y serán analizadas internacionalmente, después de que nuestro más alto tribunal conozca los pormenores de la forma en que se actúa en aquella entidad, darán cuenta al tiempo de lo que allá pasa.

Lamentablemente, aún hay juristas que piensan que basta con condenar la tortura y definirla, y no encuentran sentido práctico en analizar las resoluciones judiciales que consideran que el amparo es una figura ajena a la proscripción de la tortura, pensando que es un tema que involucra solo a la víctima y no al Poder Judicial Federal, que es garante de los derechos fundamentales.

Así es, las acusaciones de extorsión desde hace un par de años son usadas para eliminar a personajes o acusaciones incomodas, siendo una moda entre litigantes que sirven a cuestionados políticos, gangrena que se ha venido extendiendo, permitiendo a sujetos enriquecidos a la mala, revertir las acusaciones para “nivelar” los cartones.

La receta es simple, ante la inminencia o inicio de una averiguación, sólo se necesita un agente ministerial a modo, para que el victimario se llame a extorsión y  acuse a la víctima de presiones, las que en un estado de derecho serían conocidas como el simple y llano ejercicio de derechos procesales.

Nuestro Canciller mil usos, desconoce lo que pasa en diversas latitudes de nuestro país, donde las procuradurías son brazo conservador de los políticos que no saben hacer política, y que mantienen su administración a sangre y cárcel. No son 14 casos.

El silencio que dejara a las instancias competentes hablar del tema, sería la prudente reacción que se esperaría de Meade, más, sabedores de que la ONU en su contradictorio discurso un día acusa y al otro premia. Tapar el sol con un discurso a nada lleva.