El federalismo mexicano languidece, pero la centralización sigue sin dar buenos resultados. Foto: Especial

Lánguida Federación

Una federación es tan fuerte como lo son sus partes. Debilitarlas no tiene otro propósito ni consecuencia que la concentración de poder. Antes de ver la luz en la Constitución de 1824, la idea federalista fue tomando forma y fuerza en paralelo al movimiento independentista, a partir de la lucha de Miguel Ramos Arizpe para […]

Una federación es tan fuerte como lo son sus partes. Debilitarlas no tiene otro propósito ni consecuencia que la concentración de poder.

Antes de ver la luz en la Constitución de 1824, la idea federalista fue tomando forma y fuerza en paralelo al movimiento independentista, a partir de la lucha de Miguel Ramos Arizpe para reivindicar en España a las provincias de América, que se encontraban en el abandono económico y educativo. El centralismo ya demostraba entonces ser solo útil para quien gobierna.

En México el fiel de la balanza se está inclinando peligrosamente hacia la concentración del poder. Hay dos situaciones que han venido vulnerando el federalismo hace décadas: la cada vez más amplia facultad constitucional del Congreso de la Unión para emitir leyes generales y códigos nacionales, que restan autonomía a los estados, e incluso pueden ser contraproducentes, y la inclusión en el Senado de la representación proporcional, que ha quitado peso a la voz de los estados para dárselo a la negociación partidista.

La dinámica centralista no es nueva, ni propia de un solo partido. Desde hace varias décadas los políticos, alejados de las necesidades e intereses locales, han ido mermando las facultades de los estados. Hay aberraciones terribles; pongo una sobre la mesa: el Senado decide sobre tribunales locales. Terrible violación al pacto federal.

En el tema de recursos las cosas son parecidas: dos años han sido los peores en este ámbito: 2020, cuando las participaciones para los estados -que representan el 82 por ciento de sus ingresos totales-, solo crecieron en 3.44 por ciento respecto de 2019 y 2021, cuando todos registraron recortes por un total de 3.16 por ciento.

Hay que tomar en cuenta que a cualquier asignación de recursos la afecta la inflación, que en 2020 fue de 3.33 por ciento y en 2021 de ocho por ciento. Esto prácticamente nulificó el citado aumento de 3.44 por ciento y ahondó el efecto adverso del decremento por 3.16.

De 2108 a 2023 también disminuyeron por ramo los recursos para los estados: Agricultura y desarrollo rural: 2.21 por ciento; Infraestructura y comunicaciones, 8.44; Economía, 60.56. Aquellos que registraron aumento lo hicieron de manera inequitativa: Educación 43.17 por ciento, con incremento para la Ciudad de México de 46.92 por ciento y para el recurso no distribuible geográficamente, que usa el gobierno federal a discreción, de 116.68 por ciento, para alcanzar 43,753.80 millones de pesos.

En Salud, 24 entidades tuvieron disminución presupuestal, y solo ocho registraron aumento. Pero el presupuesto nominal aumentó 71.04 por ciento. Esto se explica en gran parte porque el recurso no distribuible geográficamente creció de 45 mil 45.11 a 101 mil 221.6 millones de pesos, un 124.71 por ciento.

Sobre el presupuesto de turismo, ya es conocido que la mayor parte se está yendo hacia el Tren Maya, y en lo que se refiere al de Bienestar, de 2018 a 2023 todas las entidades sufrieron recortes, no obstante que el incremento general fue de 282.85 por ciento. Solo registraron aumento en este rubro, la Ciudad de México, con 308.48 por ciento, y la categoría de no distribuible geográficamente, con 389.56 por ciento, para llegar a 22 mil 149.46 millones de pesos.

Un presupuesto que crece no siempre se distribuye con justicia. Los estados son exprimidos por el poder central.

El federalismo mexicano languidece, pero la centralización sigue sin dar buenos resultados. De hecho, e históricamente, en ninguna parte del mundo. Es tiempo de reconsiderar.

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