Salvaguardar el orden constitucional es una tarea permanente, que no solo atañe a los legisladores, sino a sus representados, en la medida en que los ciudadanos van ampliando su conciencia como actores políticos y pugnando por más espacios y mejores mecanismos para incidir en las decisiones más importantes para la nación.

Por eso, el Plan de Guadalupe, firmado el 26 de marzo de 1913, nunca pierde su vigencia. Por el contrario, la extiende en el tiempo y el ámbito en que el orden constitucional debe ser defendido.

El Plan de Guadalupe fue el punto de partida para que Venustiano Carranza y otros 69 jefes y oficiales constitucionalistas extendieran la Revolución hasta que en México pudieran concretarse los cambios políticos, económicos y sociales del movimiento, en un entorno de estabilidad política y paz social propicios para ello.

Este plan desconocía al usurpador Victoriano Huerta y a los Poderes Legislativo y Judicial que habían avalado el golpe, así como a los gobiernos de los estados que apoyaron ese acto; erigía al ejército constitucionalista, con Venustiano Carranza al mando, a quien nombraba Presidente interino una vez que hubiera derrotado a Huerta, para que convocara a elecciones generales en cuanto se reestableciera la paz.

Pero Carranza no solo era un revolucionario, era ante todo un constitucionalista, de manera que fue más allá. Una vez fuera del poder Victoriano Huera, como Presidente interino e interpretando el Plan de Guadalupe en su más amplio sentido patriótico y restaurativo, emitió un decreto, el 15 de septiembre de 1916, para convocar a un Congreso Constituyente, al que presentó el nuevo proyecto de Constitución, que respetó el espíritu liberal de la anterior, pero que procuró purgar todos los defectos que tenía, “ya por la contradicción y oscuridad de algunos de sus preceptos, ya por los huecos que hay en ella o por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas”.

Así, Venustiano Carranza nos dejó otro de sus imponderables legados: un tamiz para evitar que la Constitución sea interpretada, por oscuridad o contradicción, o trastocada desde el propio Poder (Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial), en favor de intereses contrarios a su espíritu federal y democrático.

Un legado que hoy la oposición y los ciudadanos que la apoyan, así como la mayoría en el país, debemos reactivar. De nuevo se impone extender la Revolución, solo que ahora desde una cada vez mayor concientización y educación política de los ciudadanos, para defender nuestra democracia sin caer en juegos que la desvirtúan e incluso la pervierten, a través de ese tipo de distorsiones legales contra las que nos previno Venustiano Carranza.

La defensa del orden constitucional hoy es tarea de todos los mexicanos. Todos somos Carranza.