Hoy 1 de julio, con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se abre un nuevo capítulo en la economía mexicana.

Tras 26 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nuestro país se convirtió en el séptimo productor y segundo exportador de autos en el mundo. También somos el principal socio comercial de Estados Unidos y el tercero de Canadá, fortaleciendo así a la región del norte.

Sin duda, el trabajo legislativo realizado estos últimos meses en el Congreso de la Unión, para que nuestro marco normativo se actualizara y adecuara al nuevo tratado comercial, ha dejado de manifiesto que es posible incluir la visión de los distintos grupos parlamentarios, las distintas ideologías y perspectivas de Estado, en beneficio de los mexicanos.

Por ello, celebramos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, un periodo extraordinario para aprobar las modificaciones que le darán a México instrumentos normativos que fortalezcan la propiedad industrial, las patentes, la innovación, el comercio digital, el medio ambiente y potencializará a los sectores públicos y privados.

Destacan entre estas reformas, la expedición de tres leyes: la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y modificaciones sustanciales a la Ley Federal de Derecho de Autor, el Código Penal Federal y la Ley Aduanera, con lo cual, se deberá impulsar la recuperación económica de nuestro país.

El Congreso de la Unión ha demostrado que tiene altura de miras, hoy le toca al presidente de la República no contradecir con sus malas decisiones, el espíritu de este tratado y del trabajo legislativo que contribuirá a mejorar las condiciones económicas y laborales de los países firmantes.

De nada sirve tener un marco jurídico competitivo, actualizado y eficiente, si el Gobierno federal no brinda certidumbre a las inversiones extranjeras y nacionales. Ya que hemos sido testigos de que con bandazos, se han cancelado proyectos millonarios, que se cambian las reglas del juego sin apegarse al Estado de Derecho, obligando a los inversionistas, a recurrir a la judicialización para proteger su patrimonio. Desafortunadamente, por estas arbitrariedades, hemos salido de la lista de los 25 países más atractivos para invertir, según el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa.

Ojalá que el trabajo legislativo y técnico de tantas personas, no sirva únicamente como ofrenda al presidente Donald Trump, quien en incontables veces, ha utilizado a nuestro país como estandarte de campaña política. Ojalá que el presidente de México tenga la estatura para apostar por el futuro.